Mandos de la vieja PGR cercan a Gertz y la Sedena no se abre

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Por Álvaro Delgado Gómez

Tixtla, Guerrero, 24 de septiembre (SinEmbargo).- Ante los “mínimos” avances para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, hace siete años, las familias levantan la voz mediante su defensa para reclamarle al presidente Andrés Manuel López Obrador que el Ejército desobedece su orden de aclarar la participación de sus elementos en los hechos y que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene “enquistados” a altos funcionarios del régimen de Enrique Peña Nieto que obstaculizan la verdad.

Pese al compromiso de López Obrador de no dejar impunes los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se niega a cooperar —“aquí está el talón de Aquiles de la investigación”— y el Fiscal Alejandro Gertz Manero tampoco avanza, porque está rodeado de personajes de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), acusa Vidulfo Rosales, abogado de las víctimas.

“(La Sedena) es una institución que está representando un obstáculo y la otra institución que representa un obstáculo es la Fiscalía General de la República. Y dentro esta Fiscalía hay elementos enquistados de la anterior PGR que participaron en la construcción de la ‘verdad histórica’”, subraya Rosales a nombre de las familias de los 43 normalistas desaparecidos.

En entrevista con Los Periodistas, Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, el abogado adelanta que en la reunión con López Obrador, el Fiscal Gertz, el Subsecretario Alejandro Encinas y el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Saldívar, prevista para este viernes en el Palacio Nacional, harán un enérgico reclamo sobre los obstáculos institucionales a la investigación.

Rosales asegura que los altos funcionarios de la anterior PGR filtran información procesal y hasta facilitaron la fuga de Tomás Zerón de Lucio, el director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR que construyó la hipótesis de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero del municipio de Cocula por el cártel de Guerreros Unidos. 

Vidulfo Rosales estuvo en entrevista con los periodistas, Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela. Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo.

—¿Tienen identificados a los personajes que están enquistados en la Fiscalía?

—Sí, totalmente.

—¿Cuántos son y quiénes son?

—Estamos hablando por lo menos de cuatro personas. No voy a dar los nombres ahora, porque es un tema relacionado con la investigación, pero estamos hablando de una Subprocuraduría y de una persona muy cercana al Fiscal general, de un coordinador de asesores del fiscal, y alguien de SEIDO, del máximo nivel de SEIDO.

—Entonces está rodeado el Fiscal.

—Así es.

—¿Y por eso no va a avanzar la verdad verdadera?

—Sí, claro, hay obstáculos. Por ejemplo, cuando se han querido ejecutar órdenes de aprehensión claves dentro de estos elementos que están enquistados ahí hay comunicación con quienes se van a ejecutar las órdenes de aprehensión y ya no avanzan las cosas.

Añade: “Desde ahí han salido filtraciones de datos procesales, no filtraciones de otra índole que a veces son necesarias que el pueblo, el público, las conozca. Han salido filtraciones de ahí en términos procesales, cuyo objetivo fundamental es obstaculizar la investigación. Han salido de ahí, de esos elementos”.

—¿Y la fuga de Tomás Zerón a qué la atribuyen?

—Pues estos elementos fueron artífices de la fuga de Tomás Zerón y de otras personas que están evadiendo la acción de la justicia.

PEÑISTAS CON GERTZ

Aunque Rosales no los identifica por su nombre, los funcionarios que proceden de la PGR de Peña Nieto y que ahora son cercanos a Gertz Manero son, en primer lugar, Sara Irene Herrerías, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, quien ocupó la subprocuraduría desde 2016, con Raúl Cervantes, quien sustituyó como Procurador a Jesús Murillo Karam.

Luego el coordinador de asesores del Fiscal Gertz Manero, Óscar Langlet González, fue director jurídico de la PGR en el Gobierno de Peña y coordinador de asesores de Alberto Elías Beltrán, el encargado de despacho a la renuncia de Cervantes.

Y también el titular de la SEIDO, Alfredo Higuera Bernal, a quien Gertz nombró en ese cargo en julio de 2019 y quien fue titular de la Unidad Especial para la Investigación del Caso Iguala en el gobierno de Peña Nieto.

En el caso de la Sedena, el representante jurídico de las familias de los desaparecidos critica que, pese a la orden directa del Presidente López Obrador al General Secretario, Luis Crescencio Sandoval, para que coopere, este funcionario y la institución no obedecen a su comandante supremo.

“Es algo que nosotros no atinamos todavía a entender. Ya nos hemos reunido varias veces, ya se le ha planteado al Presidente de la República: ‘aquí está el talón de Aquiles de la investigación con el Ejército Mexicano’. Y él ha dicho: ‘Yo voy a hablar con el Secretario de la Defensa Nacional, yo voy a platicar, le voy a pedir que se profundice’. Y nos ha respondido: ‘Ya hablé con el Secretario, se va a hacer todo, se va a avanzar’. Pero a la hora de la hora de hacer las cosas, de concretar los actos de investigación, vemos obstáculos, vemos reticencias, vemos que las cosas no avanzan”.

Rosales aclara que no desdeña lo que se ha hecho en el Gobierno de López Obrador sobre el caso Iguala, pero es todavía insuficiente: “No estamos como al principio, no, tenemos avances, pero esos avances son mínimos”.

El abogado contrasta la labor del Fiscal especial, Omar Gómez, con lo que realiza el resto de los funcionarios de la FGR y que tiene que ver con los obstáculos que imponen los funcionarios que vienen de la PGR de Peña Nieto.

“Nosotros tenemos una Fiscalía especial muy echada para adelante, muy dispuesta, haciendo muchos actos de investigación, librando órdenes de aprensión, pero tenemos el caso concreto hoy en día que nos preocupa: Hay 40 órdenes de aprehensión que no se han ejecutado desde el mes de enero de este año y nosotros le decimos a Omar: ‘¿qué está pasando con esas órdenes?’ y dice: ‘eso a mí no me corresponde, eso le corresponde a otra área, a la agencia la Agencia de Investigación Criminal’”.

Rosales pone otro ejemplo: “Para las búsquedas se necesitan peritos calificados, peritos que ya se conoce su trabajo, su entrega en las acciones de búsqueda. Entonces la Fiscalía Especial de Omar Gómez ha hecho un listado y dice: ‘necesitamos tales peritos con nombres y apellidos para las búsquedas, mándenlos, por favor’. ¿Y qué creen que sucede? Pues no los mandan”.

Luego de que en el Gobierno de Peña estuvo parada la investigación tras la “verdad histórica” de octubre de 2014, se reactivó hasta el nombramiento de Omar Gómez como Fiscal especial. Desde entonces, sólo ha habido avances en materia de búsqueda con el hallazgo de dos normalistas en la barranca La carnicería y en investigación es relevante el testimonio de “Juan”, un testigo protegido que identificó a los militares como partícipes de la desaparición y eventual asesinato.

Enfatiza Rosales: “La columna vertebral es el testimonio de Juan y con eso hay otros más que van consolidando la investigación, pero falta mucho por investigar todavía. Esta tesis lo que nos indica es que los estudiantes fueron divididos en varios grupos, varios fueron ultimados, pero lo que no tenemos detalles es quiénes participaron, cómo participaron, no hay claridad en el móvil”.

El abogado no oculta su desilusión:

“Nosotros teníamos muchas mayores expectativas. Estábamos hablando con el presidente de la República, un gobierno que tiene toda la voluntad política, que a través de un decreto presidencial va a crear una comisión para la verdad, va a reunir a todas las autoridades y en toda reunión vamos ir evaluando cuáles son los avances y los obstáculos. ¿Por qué no habría de haber resultados? Nosotros pensábamos a estas alturas ya tendríamos avances sustanciales, pero lo que tenemos son avances mínimos”.

La comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa visitó en julio de 2019 las instalaciones del 27, Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero. Foto: Cuartoscuro.

LOS MILITARES VIERON TODO

Aunque hay dos normalistas identificados y los jueces han librado 180 órdenes de aprehensión, más de la mitad de éstas no han sido ejecutadas y Tomás Zerón lleva más de dos años prófugo, sin que se instrumenten los mecanismos diplomáticos, legales necesarios para traerlos y que rinda cuentas ante la justicia.

“Y tenemos aún al Ejército mexicano con mucho hermetismo, con muchas reticencias para abrirse, para ponerse a la disposición de la justicia, para decir: ‘Aquí están los elementos del 27 Batallón, esta fue su participación’. Y el Gobierno federal, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tiene sus reservas con el Ejército mexicano. No alcanzamos… bueno, sí alcanzamos a entender”.

—¿Qué reservas tiene?

—Por ejemplo, hay una serie de datos de prueba que indican que el Ejército mexicano persiguió a los estudiantes, los monitoreó desde que llegaron a Iguala. Tenemos otro nivel de participación del Ejército mexicano de que dos elementos estuvieron en el C-4 y también, a través del C-4, estuvieron en tiempo real dándole seguimiento a los estudiantes.

“Tenemos otros elementos de prueba de que patrullas del Ejército mexicano estuvieron en distintos escenarios de la agresión: En Palacio de Justicia, en Santa Teresa, en Periférico Norte, donde fueron asesinados dos estudiantes, en la clínica Cristina y se presentaron en barandilla municipal. Ellos anduvieron recorriendo en la noche, tuvieron contacto con los estudiantes, supieron lo que estaba pasando.

“Y el último dato que hay es el de Juan, y dice Juan: Veinticinco  estudiantes fueron ingresados al 27 Batallón y ahí fueron varios interrogados y varios asesinados y fueron entregados a un grupo delictivo. Bueno, es una declaración formal, es un medio de prueba que está en la investigación.

“Pero tal parece que la Fiscalía General, el Gobierno desdeñan eso. ‘Es que no tenemos elementos para fincar responsabilidades, no tenemos elementos para ahondar más’. Casi casi nos dicen: ‘Es que el Ejército mexicano nada tuvo que ver’.

“Y nosotros decimos: ¿Y todo este conjunto de datos de prueba? Este conjunto de datos de prueba periféricos todavía y directos en el caso de Juan son fundamental para hacer una investigación mucho más exhaustiva contra elementos del Ejército mexicano”.

—Al hospital “Cristina”, donde no atendieron a los heridos, llegó el capitán del Ejército José Martínez Crespo, quien ahora está preso, pero no por los hechos de Iguala.

—Efectivamente, tú lo acabas de decir. Ahora, hay datos de prueba periféricos, todos estos elementos que acabo de poner sobre la mesa están en el expediente, forman parte del cúmulo de pruebas que tenemos, pero nos falta cerrar el círculo: ¿Cuál es la participación directa o indirecta del Ejército mexicano en la agresión a los 43? Es decir, ¿concretamente qué hicieron ellos? ¿Dispararon, detuvieron a los estudiantes, efectivamente los introdujeron al 27 batallón y los interrogaron? Hay que consolidar ese testimonio, hay que cerrar la pinza, cerrar ese círculo, porque hay otra tesis que dice que ellos coordinaron a las demás instituciones para permitir la agresión contra los estudiantes.

“Es decir, que ellos estuvieron coordinando la operación el 26 de septiembre: se coordinaron con Policía Ministerial, con el grupo delictivo de Guerreros Unidos, con Policía Municipal, con Policía Estatal. Es decir, el que estuvo a la cabeza fue el Ejército mexicano. Hay algunas tesis, no consolidadas todavía, pero hay esa tesis entonces tenemos dos niveles acá en los cuales debiéramos estar cerrando la pinza en contra del Ejército mexicano”.

Añade el abogado: “Una, su participación directa, si ellos participaron en la privación ilegal de la libertad de nuestros compañeros o si ellos participaron en las desapariciones, y lo otro si ellos prestaron un auxilio a las otras instituciones para que las otras instituciones desaparecieran a los estudiantes. Ahí nos falta cerrar la pinza, pero ahí es donde ya las instituciones no quieren entrar, hay reticencias, hay reservas, como que no se toma o no se le considera un dato de prueba fuerte.

“Por ejemplo, el de Juan dicen: ‘es que es un testimonio aislado, es un testimonio que no está corroborado, que no tiene mucha fuerza’. Bueno, si no tiene mucha fuerza, pues hay que buscar, hay que profundizar y el Ejército mexicano como institución lo que debería estar diciendo es: ‘saben qué, yo me pongo a la disposición, pongo a la disposición el 27 batallón para que sea totalmente investigado, abro archivos, mando a declarar todos es decir toda la disposición para que sea se clarifique, para que esa mancha que tiene el 27 de batallón no siga más”.

Concluye: “Es decir, los padres de familia necesitan saber sí o no. El Ejército Mexicano en qué nivel participó, ya para que nosotros dejemos de estar haciendo este señalamiento. Si es que no participó clarifiquemos eso, pero si participó, que vayan a rendir cuentas ante la justicia.”

Fuente: SinEmbargo

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