Por Víctor M. Quintana S.
Quienes pensaron que la restauración del PRI en el Gobierno federal o la continuidad en los estatales, se basaría en un significativo cambio de prácticas en el acceso y el ejercicio al poder, se estará dando de golpes contra la pared. Dos años de peñanietismo y cuatro de duartismo en Chihuahua nos dicen que el tricolor en el gobierno no es más que la misma gata, nada más que revolcada… en billetes.
Peña Nieto termina 25 meses de gobierno con todos los filos desgastados. Yendo de lo más particular a lo más general, el desgaste comienza con su persona y su pareja: las revelaciones de las residencias, sobre todo de la “Casa Blanca” y el no haberlas incluido en su declaración patrimonial permiten atisbar algo del inmenso mar de fondo del tráfico de influencias de esta nueva “pareja presidencial”. Todo se viene a reforzar con la residencia en Malinalco, del gran amigo e intelectual de Peña, Luis Videgaray, Secretario de Hacienda, tan torpe para relanzar el crecimiento económico del país como hábil para acrecentar el suyo. Todos estos hechos con un común denominador: la presencia, las contrataciones de decenas de miles de millones de pesos a favor de la empresa consentida del sexenio: HIGA.
Como si esto no fuera suficiente, las masacres de Iguala, de Tatlaya y ahora hasta la de los migrantes en San Fernando en 2011, involucran no sólo la omisión culpable del gobierno federal, sino la participación activa de elementos de la Policía Federal y del Ejército en las matanzas. Este es el gran dato que la prensa internacional destaca, que revela la enorme interpenetración del crimen y el Estado. Ante esta tozuda y muy pesada realidad, Peña Nieto no ha podido sino balbucear un sobado y poco eficaz “decálogo” para combatir la delincuencia y la inseguridad. Por otro lado, se ha agarrado como clavo ardiendo de la estrategia panista por un “sistema anticorrupción” cuando lo que éste país requiere con urgencia es una estrategia inmediata y eficaz para tomar acciones ejemplares contra la corrupción hecha sistema.
Lo que parecía ser la estrella del gobierno peñanietista, su política económica basada en la premisa de privatizar los hidrocarburos y las telecomunicaciones para dinamizar la economía, está dañada en la línea de flotación por tres factores: la estrepitosa baja del precio internacional del crudo; la brusca devaluación del peso frente al dólar y la pérdida de credibilidad del gobierno mexicano ante los inversionistas extranjeros, dado el favoritismo por unas cuantas. Por eso terminamos el año con un crecimiento casi 50% menos del prometido y seguimos siendo el penúltimo lugar de América Latina y el Caribe en cuanto a dinamismo económico. Se contrae en términos reales la economía, así como se contraen el poder adquisitivo del salario y el mercado interno, dejando a los milagros o “buena voluntad” de los mercados internacionales la posibilidad de aumentar y redistribuir la riqueza.
Aunque Chihuahua parece diferenciarse del resto del país por un supuesto mayor dinamismo de la economía y de la creación de empleos –a reserva de revisarlos concienzudamente- el 2014 fue el año en que el mal gobierno se hizo sentir fuerte en aspectos muy importantes de la vida política y de la vida cotidiana de la gente.
Fue el año del Vivebús convertido en montaña rusa. Altas y bajas en la apreciación gubernamental del mismo, ires y venires sin fin. Cambios en el control del sistema, dimes y diretes entre empresa, concesionarios y gobierno, pero nada que disminuyera la molestia y el mal servicio a los cientos de miles de usuarios. Un sistema de transporte, sobre todo en la ciudad de Chihuahua, implementado sin la debida planeación, con remiendos improvisados, con poca visión. Un muy raro juego en el que todos salimos perdiendo: los usuarios, en primer lugar, por lo malo y caro del servicio, los contribuyentes, los concesionarios y el propio gobierno.
También fue el año clave del sometimiento de los poderes y organismos autónomos al Gobernador del Estado: los nuevos consejeros del ICHITAIP, con todo e impugnación. La reelección del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pasando sobre las propuestas de la ciudadanía. Todo el revoltijo en el Poder Judicial, desde la elección del nuevo presidente, hasta la jubilación forzada de 13 magistrados y la elección negociada con el PAN de los nuevos. Todo esto operado por un Congreso –tengo que usar las minúsculas- servil, convenenciero, politiquero. Con acciones como éstas nos hemos ganado a pulso el derecho de figurar ya no en el antepenúltimo sino en el último lugar del índice de desarrollo democrático entre todas las entidades federativas.
Fue también el año de “a lo macho”. El de la no transparencia y no respuesta del gobernador a las muy serias denuncias y cuestionamientos sobre el manejo de los fondos públicos que se le plantearon. Evasivas y contestaciones endebles, si no es que ridículas, como las que hizo en el programa conducido por Denisse Maerker sobre el fideicomiso que formó para invertir en el Banco Progreso. Frases que ofenden la inteligencia de las mayorías, como donde explica por qué no hace pública su declaración patrimonial. Con arrogancia de pies de barro ante las denuncias, como la de Jaime García Chávez; con deslegitimidad cada vez más extendida entre las y los chihuahuenses, así termina el año el gobernador.
Lo que salva el año y ojalá también a este país fue la formidable respuesta ciudadana, el gran movimiento social que se ha generado en torno a los 43 de Ayotzinapa. Lleva ya tres meses de existencia y aun encierra muchas posibilidades inéditas de movilización, de convocatoria, de incorporación de muy diversos sectores sociales. Lo encabezan las familias de los normalistas desaparecidos y nuevos y muy diferentes liderazgos juveniles. Nunca antes había emergido un movimiento que a partir de un hecho, aparentemente local, pusiera en cuestión al Estado mexicano en su totalidad.
En Chihuahua también se cierra el año con un movimiento en ciernes: el de la Unión Ciudadana. Es hasta ahora la denuncia más sólida, estructurada y colectiva contra la corrupción en el gobierno del estado. Confluyen en él bases y liderazgos de diversas extracciones políticas. Los desafíos que enfrenta son extenderse por todo el estado; destacar nuevos liderazgos, consolidar su postura ciudadana y pluripartidista, dar seguimiento jurídico eficaz a sus denuncias y construir un contingente masivo movilizado que logre se termine con la impunidad y la corrupción en nuestro estado.
Es gracias a esta emergencia ciudadana que nos atrevemos a decir que pese a las oscuridades del 2014, podremos tener un mejor 2015.
