Por Rodrigo Vera/Proceso
Con el respaldo del Gobierno, la Iniciativa Privada ya incursiona en la construcción y administración de cárceles en México, pues descubrió que el sistema penitenciario nacional, con una población de más de 238 mil reclusos, es un importantísimo “nicho de negocios” del que puede sacar jugosas ganancias.
Pese a carecer de experiencia en un ramo tan delicado para la seguridad, ya empiezan a invertir sumas multimillonarias en el rubro algunos empresarios como Carlos Slim y Olegario Vázquez Raña y las familias Hank Rhon y Quintana.
El actual promotor de las cárceles privadas es el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb, quien alaba así las bondades de este tipo de prisiones: “En ningún caso hay autogobierno ni manejo interno de estupefacientes ni violaciones a los derechos humanos”.
Pero algunos analistas rechazan tajantemente este discurso idílico del Gobierno y advierten que ahora hasta el crimen organizado podrá manejar formalmente las prisiones mediante este lucrativo esquema privatizador que facilita el ‘lavado’ de dinero.
El ex diputado perredista Alfonso Suárez del Real, quien desde hace años ha alertado sobre los peligros de la privatización de las cárceles, comenta: “Es muy riesgoso para la seguridad del país dejar en manos privadas la construcción y administración de nuestras prisiones, pues se facilita el ‘lavado’ de dinero. A este circuito de inversiones podrá entrar fácilmente dinero del crimen organizado en cualquiera de sus modalidades: Los cárteles de la droga, del tráfico de armas o incluso de la trata de personas”.
—¿Se presta entonces a la triangulación de recursos y a valerse de prestanombres?
—Por supuesto. Pueden darse alianzas ocultas empresariales entre distintos grupos. Lo peor es que el Gobierno se está reservando toda esa información con el argumento de que las prisiones son instalaciones de seguridad. De ahí que incluso las concesiones a los empresarios las otorgue por adjudicación directa y no mediante concurso.
“Hasta el momento no sabemos qué empresas y empresarios están participando, qué alianzas están tejiendo entre ellos, cuánto están invirtiendo y cuántas cárceles ya están manejando en todo el país. Sólo tenemos información aislada de algunas cárceles federales y estatales manejadas por la iniciativa privada.”
—¿Realmente es un buen negocio el manejo de las prisiones?
—¡Claro! Es un nicho de negocios muy redituable. Y el negocio empieza desde la misma construcción, que resulta costosa por la calidad de los materiales. Los muros deben levantarse con materiales muy particulares que eviten cualquier intento de fuga o ataque armado. El sofisticado equipo tecnológico de seguridad también es caro. “Ya construida la prisión, la empresa privada se encarga del mantenimiento y la administración integral por un lapso de unos 20 años. Provee al recluso de alimentación, lavado de ropa, servicio médico… ¡Todo! A excepción de la seguridad, que le corresponde al Estado.
“En las cárceles privadas estadounidenses los reclusos pagan una determinada cuota por estos servicios. Ignoro si aquí se vaya a aplicar el mismo esquema o si el Estado vaya a pagar a plazos este financiamiento privado. Lo cierto es que al concluir el lapso de esos 20 años la empresa ya recuperó lo invertido y además obtuvo grandes ganancias. Y es entonces cuando le entrega al Estado las instalaciones.”
—¿Se aplicará el modelo de la prisión–fábrica para hacer las cárceles todavía más rentables?
—Ese modelo ya se viene aplicando en algunas prisiones. Ahí está el caso del empresario Kamel Nacif, cuyos talleres de maquila de ropa estaban en algunas prisiones del estado de Puebla. La elaboración de artesanías también se da en algunas cárceles. Pero ahora podría generalizarse una industria carcelaria aprovechando que se tiene mano de obra cautiva y barata, que puede explotarse fácilmente sin darle prestaciones sociales.
“Gente que sabe de negocios asegura que actualmente es más rentable invertir en prisiones que en otras obras públicas, como la construcción de las líneas del Metro o los segundos pisos de la Ciudad de México. Por eso los empresarios empiezan a participar en el jugoso negocio carcelario.”
‘Servicio de hotelería’
El grupo empresarial que comenzó a presionar para invertir en ese rubro fue el de la familia Hank, sobre todo Carlos Hank González, presidente del Grupo Financiero Interacciones, quien declaró en 2006: “Nosotros construiríamos los ceresos y les prestaríamos el servicio de hotelería… La seguridad de los reclusos estaría en manos del Gobierno”.
Nieto del profesor Carlos Hank González por el lado paterno, y del empresario Roberto González Barrera, por el materno, el joven ejecutivo señalaba que Interacciones le cobraría al Gobierno por cada uno de los internos: “El esquema es como el de una carretera: Se cobra cada vez que pasa un auto; aquí se cobraría por cada uno de los reos”.
Y después de unos 15 o 20 años de haberlos explotado –decía–, los penales pasarían a manos del Gobierno. Detallaba que su esquema empresarial era el de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS).
Cuando fue diputado por el PRD (2006–2009), Suárez del Real alertaba sobre los riesgos de dejar las prisiones en manos de empresarios, particularmente en las de los descendientes del profesor Hank González.
“Aunque no me toca acusarla de algún delito, pues parto de la presunción de inocencia, existen señalamientos que achacan a la familia Hank González alianzas no legales y lavado de recursos. Tenemos indicios que ponen en duda su presunción de inocencia. ¿Cómo asegurarnos de que ahora no habrá lavado de dinero en esas prisiones, de que no entrarán recursos del narcotráfico?”, decía Suárez del Real, quien además argumentaba la falta de experiencia de los empresarios mexicanos para administrar penales (Proceso 1704). Al morir (2001), el profesor Hank González dejó a sus hijos pujantes negocios, entre los que aparte de Interacciones figuraban Grupo Hermes, Laredo National Bancshares, Grupo Caliente y plantaciones en Costa Rica.
Su hijo menor, Jorge Hank Rhon, exalcalde de Tijuana, se vio envuelto en negocios poco claros, como el de casas de apuestas en algunas ciudades del país, el del hipódromo y galgódromo de Tijuana, entre otros giros ligados a los juegos de azar. A mediados de 2011 estuvo preso por acopio de armas.
Su otro hijo, Carlos Hank Rhon, fue denunciado formalmente a finales de los noventa por la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) pues trasgredió las leyes bancarias de ese país y se valió indebidamente de prestanombres para hacerse del control del Laredo National Bank. Se le impuso una multa de 40 millones de dólares (Proceso 1294). De nada valieron aquellas advertencias del legislador, pues finalmente Carlos Hank González –hijo de Carlos Hank Rhon y perteneciente al Grupo Atlacomulco, que ya llegó a Los Pinos– se está haciendo del control de algunas cárceles a través de Interacciones.
Los Hank ya tienen bajo su mando el Centro de Reclusión Estatal de Ciudad Valles, San Luis Potosí, al que le invirtieron mil 200 millones de pesos en asociación con la constructora Ingenieros Civiles Asociados (ICA), de la familia Quintana. Los Hank también financiaron dos centros de máxima y mediana seguridad en el Distrito Federal, con 500 millones de pesos para cada uno.
Carlos Slim no quiere quedarse atrás en el negocio carcelario. Acaba de firmar un acuerdo para participar en la construcción de dos centros penitenciarios: uno en Morelos y otro en Chiapas. Esta participación la tenía la desarrolladora de vivienda Homex, que decidió vendérsela a Grupo Financiero Inbursa e Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina (IDEAL), ambas de Carlos Slim.
En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, Homex informó que con esta venta estima recibir recursos por alrededor de 4 mil millones de pesos. Mientras que Gerardo de Nicolás, director general de la desarrolladora, indicó que esos recursos “serán aprovechados para fortalecer nuestra posición financiera y acelerar nuestras operaciones en la división de vivienda”.
El dueño del periódico Excélsior y de los hospitales Ángeles, Olegario Vázquez Raña, también incursionó en el negocio de las prisiones por conducto de su empresa Promotora y Desarrolladora Mexicana (Prodemex), que construye penales en Durango y Michoacán. Prodemex también hizo importantes obras viales en el Estado de México cuando Enrique Peña Nieto gobernaba esa entidad.
Empresas constructoras ligadas al crimen organizado también han participado en obras realizadas en algunos penales, como sucedió con la constructora Safie, ligada a los Beltrán Leyva, que en 2009 remodeló el penal de Cancún gracias al apoyo que le dio el entonces secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Salvador Rocha Vargas, quien luego fue arrestado por sus vínculos con el narcotráfico
Fuente: Proceso 1732, actualmente en circulación
