Por Sanjuana Martínez
El cinismo forma parte de la vida institucional y política de México. Hay funcionarios, gobernadores, alcaldes, regidores, diputados, senadores que roban, mienten y no pasa nada. La impunidad ha creado una nueva clase de funcionarios y políticos: los cínicos orgullosos.
Estos “cínicos orgullosos” han encontrado la fórmula perfecta para continuar expoliando el país, legalizando sus tropelías. Han creado un lobby para proporcionar un estatus institucional del saqueo y deterioro continuado de la clase política.
La última expresión de los cínicos orgullosos es la pretendida pensión vitalicia a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Estos cínicos orgullosos encabezados por José Alejandro Luna Ramos, María del Carmen Alanís Figueroa, Manuel González Oropeza, Constancio Carrasco Daza, Salvador Olimpo Nava Gomar, Flavio Galván Rivera y Pedro Esteban Penagos López, quieren perpetuar los beneficios de haber avalado unas elecciones marcadas por las denuncias de fraude. Están convencidos que son merecedores de una jugosa pensión vitalista.
Si no fuera tan trágico para el estado democrático de México, la iniciativa de los magistrados electorales, resultaría cínicamente cómica. Lo están intentando en lo oscurito, al más puro estilo mafioso del PRI, así como han hecho otras tropelías, esta vez, la pensión vitalicia la insertaron disimuladamente a última hora en la discusión de la legislación secundaria de la reforma política, concretamente en la fracción 31 del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para que nadie se diera cuenta de su expolio legal.
Como buenos fontaneros de cloacas, el PRI utilizó el artículo de la controversia, el 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para incluir los cambios que beneficiarían a los que finalmente autorizaron a Peña Nieto ocupar la Silla del Águila.
En retribución por su enorme servicio a la nación, los coordinadores del PRI en San Lázaro y en el Senado, Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa Patrón, (conocidos mejor como Don Gamboa y Don Beltrone), se encargaron de hacer la labor para arreglar “los haberes de retiro” de los magistrados.
Para ello contaron con la inestimable ayuda del consejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos. Según denunciaron los diputados perredistas, fue él quien introdujo “mañosamente” el pretendido régimen especial pensionario de privilegio a los magistrados electorales, como retribución, a su importante labor al ignorar las denuncias de fraude.
Seguramente para Castillejos, los magistrados electorales deben gozar de pensiones vitalicias como los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, algunos de los cuales, también han ofrecido importantes aportes a la falta de Estado de Derecho que padece México, una pensión que después de 11 años de servicio será del cien por ciento de sus ingresos totales del sueldo de su retiro y 80 por ciento en los siguientes.
La pensión vitalicia es un cohecho y es un delito, pero como vivimos en el país de los funcionarios y políticos cínicos orgullosos, nada pasará. Al contrario, los involucrados seguirán intentando enriquecerse a costa de dañar irremediablemente al país.
Lo más grave de todo, este robo en descampado o pensión vitalicia, se intenta otorgar cuando los magistrados electorales tienen dos casos importantes por resolver desde hace un año: el rebase de los topes de la campaña de Enrique Peña Nieto y la participación de Monex en el otorgamiento de tarjetas con dinero a cambio de votos.
Obviamente si los magistrados electorales reciben semejante beneficio vitalicio del gobierno de Peña Nieto, podemos imaginar cual será su decisión sobre estos dos asuntos.
Los magistrados electorales ya eran unos privilegiados del sistema. Como sueldo reciben 4 millones 206 mil pesos al año, un salario cuatro mil veces mayor al de un obrero. También 866 mil 353 en prestaciones y 737 mil 718 por un “bono de riesgo”.
El único riesgo al que se enfrentan Luna Ramos y sus compañeros es al merecidísimo escarnio social. Representan, una parte oscura que prevalece en nuestro sistema político: los funcionarios de primera clase, esos que no reciben sueldos, sino cohechos por el Estado para que sigan sus lineamientos al pie de la letra.
Lo más vergonzoso y ofensivo de esta intentona reformista del PRI, es que los señores diputados y senadores tienen congelada la minuta de la pensión universal por 580 pesos mensuales a más de 6 millones de mexicanos.
¿A quién representa la clase política privilegiada de México? A mi no. ¿Y a usted?
Fuente: La Jornada
