Un magistrado federal propuso concederle a Javier Duarte el amparo que finalmente le permitiría abrir la brecha legal que hasta ahora le ha impedido apelar la condena de 9 años de cárcel que le fue impuesta por lavado de dinero y asociación delictuosa.
Horacio Hernández Orozco, magistrado del Primer Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México, presentó en la sesión del pleno del pasado jueves un proyecto de sentencia que plantea concederle la protección de la justicia al exgobernador veracruzano para que sea repuesto el procedimiento con el que busca impugnar su sentencia.
Aunque lo hizo público, el proyecto fue retirado a sugerencia del magistrado Francisco Javier Sarabia Ascencio, con el propósito de que sea motivado con mayor detalle un argumento procesal, consistente en explicar por qué Duarte ya sólo tenía como opción recurrir al recurso de amparo.
El proyecto de sentencia de Hernández considera que debe concederse el amparo a Duarte porque cuando supuestamente se desistió de la apelación contra la condena, el juez de control tenía la obligación de requerir al exmandatario para ratificar ese escrito y no lo hizo.
Argumentó que si bien el Código Nacional de Procedimientos Penales no prevé un mecanismo de ratificación, los impartidores de justicia tienen la obligación de realizarla cuando existe la duda sobre la veracidad de un escrito.
Es por ello que el magistrado ponente propuso ordenarle a un juez de control del Centro de Justicia Penal del Reclusorio Norte reponer el procedimiento y admitir la apelación de Duarte.
Luego, el juzgador deberá remitir este recurso legal a un tribunal unitario penal para que, con libertad de criterio, resuelva en primer término si debe darse trámite a la apelación o debe prevalecer el supuesto desistimiento de la misma atribuido a Duarte, mismo que él rechaza haber promovido.
En caso de tramitar esta impugnación, el tribunal unitario resolverá si confirma, modifica o revoca la condena de 9 años de prisión y la multa de 58 mil 890 pesos impuesta el 26 de septiembre de 2018 por el juez Marco Antonio Fuerte Tapia, luego de que Duarte negociara esta condena con la Fiscalía General de la República (FGR) mediante un procedimiento abreviado.
En el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, el procedimiento abreviado está previsto como uno de los mecanismos de terminación anticipada del proceso, en el cual el imputado admite la responsabilidad de los delitos, a cambio de que el Ministerio Público solicite al juez imponerle penas menores.
De acuerdo con los antecedentes del caso, hace 14 meses, cuando fue sentenciado, Duarte apeló su condena y luego se presentó un escrito a su nombre en el que informaba su desistimiento de dicho recurso.
El 11 de octubre, el juez administrador Fernando Payá Ayala tuvo por no interpuesta la impugnación.
Fuente: Reforma
