La bonanza que vivió la producción de hierro en Michoacán en los últimos años fue tal que ni el descenso de precios de 187 dólares por tonelada en 2010 a casi 151 a finales de 2013 detuvo el apetito de grupos delictivos que se asentaron en la entidad, ávidos de obtener ganancias ilícitas mediante la explotación y exportación ilegal del mineral hacia China.
“Lejos de acabarse, lo que volvió a detonar el conflicto fue la caída en los precios, porque cuando (mineras y siderúrgicas) intentaron explicar a los ejidatarios la baja en precios por la caída de la demanda mundial y quisieron renegociar los acuerdos económicos (de compensación con los comuneros) se encontraron con el problema de que Los Templarios no funcionan bajo esa lógica de mercado y no iban a aceptar una rebaja en lo firmado”, señaló una fuente con conocimiento del asunto que solicitó el anonimato por cuestiones de seguridad.
El descenso en el precio del hierro estaba relacionado con la desaceleración de la economía china, que provocó que el boom del mineral cayera, explicó por su parte el analista de Monex Fernando Bolaños.
“La desaceleración en China implica menor demanda y menor precio, y deberíamos estar pendientes de esto para 2014, si es que se mantiene esta tendencia”.
El país asiático produce cerca del 45% del acero en el mundo, y consume poco más del 46%, según los datos más recientes de la Asociación Internacional del Acero.
A pesar de la desaceleración de la demanda de acero -que se produce mediante una ferroaleación entre el hierro y el carbono- los precios del metal todavía seguían siendo atractivos, tanto que “empresarios chinos” también quisieron aprovechar el auge que vivía Michoacán.
Además de las organizaciones delictivas como Los Caballeros Templarios y los grupos de autodefensas, al estado llegaron empresas de origen asiático, que de forma legal e ilegal empezaron a exportar el metal a través de la principal terminal portuaria del país, Lázaro Cárdenas.
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Algunos “empresarios” de esa región comenzaron a operar como fondos de inversión al capitalizar a pequeños ejidatarios en Michoacán para que pudieran explotar el hierro a cambio de comprarles el mineral, que ellos mismos transportaban y exportaban, explicó una fuente involucrada en las negociaciones entre ejidatarios y empresas mineras, quien pidió resguardar su identidad.
“La mayor parte del hierro que se exporta parece que se hace de manera legal, aunque no sabemos qué hay detrás de eso. Otra parte se roba de las minas y se transporta a través de intermediarios a China”, explicó por su parte el director de seguridad del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Alejandro Hope.
Un funcionario de la Embajada de la República China en México dijo que oficialmente no han sido informados sobre la operación de posibles empresas de su país que participen en dichas actividades ilícitas.
“La embajada de China en México no está informada oficialmente de este asunto. No sabemos si hay empresas chinas que tienen relaciones con este negocio. El Gobierno siempre exige a las empresas que realicen negocios en conformidad con las leyes de los países donde operan y China está dispuesta a trabajar junto con las autoridades mexicanas para crear un ambiente positivo para la operación de las empresas chinas en México y promover así la cooperación bilateral mutuamente beneficiosa entre ambos países”, aseguró la Embajada.
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La agencia Reuters documentó recientemente la participación de “empresarios chinos” en las exportaciones ilegales de productos mineros desde el puerto michoacano de Lázaro Cárdenas.
Los grupos pagan a los ejidatarios entre 50 y 65 dólares por tonelada de fierro extraída de forma ilegal, una cifra mucho más alta a los 3.3 dólares que ofrecían los corporativos establecidos dentro del marco jurídico.
“La extracción ilegal del hierro no es nueva, de hecho se da desde la administración pasada”, afirmó el presidente del fondo de inversión de proyectos mineros Vander Capital, Roberto Charvel.
Explicó que este mineral resulta mucho más fácil de extraer a diferencia de otros como el carbón, que conlleva más riesgos y complicaciones técnicas.
Esta problemática provocó que a principios de noviembre de 2013 el presidente Enrique Peña Nieto pusiera en marcha un programa de intervención para tomar el control del puerto Lázaro Cárdenas, para estrangular la vía comercial que explotaban los Caballeros Templarios.
Al respecto, un funcionario de la Secretaría de Gobernación dijo que la toma del control del puerto fue el primer paso para tratar de restablecer el estado de derecho en Michoacán.
“El puerto ahora está en poder de autoridades federales. Ya tenemos nosotros el control, el tema es que el puerto es la salida de los productos con los que se financiaban los delincuentes, es la gasolina con la que se alimentan, porque por ahí sacaban el hierro y todo lo que se produce. La delincuencia se ha ido adueñando de los centros de producción”, detalló la fuente gubernamental.
Este año entraron en vigor las modificaciones a la Ley Aduanera, que planean poner fin al monopolio de los agentes aduanales al crear la figura de “representantes legales”, que permitirán a las compañías nombrar a una persona que podrá realizar trámites comerciales, siempre y cuando se ajusten a evaluaciones anuales de criterios que establecerá el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
“En Michoacán lo que ocurre es que te levantan un rato y te sacan una lana para regresarte. Esa parte dime cómo la controla el Ejército o la Marina, no pueden ir de casa en casa a preguntar: ¿oiga, usted está pagando derecho de piso?, ya no lo pague, ya llegamos nosotros”, dijo la fuente cercana al sector minero.
En este sentido, Gabriel Rodríguez, analista del sector transporte, aseveró que las modificaciones a la Ley Aduanera deberían permitir un mayor control de lo que se comercia con el exterior a través de contenedores marítimos, un negocio que al año debe generar 60,000 millones de pesos.
“Lo que buscan estos cambios es tener un mayor control de la carga. Ahora debe ser más difícil que los delincuentes presionen a las autoridades para pasar un contenedor, porque la Marina está más atenta. Pero es un proceso complejo”.
Retomar el puerto, así como de las zonas de Michoacán en conflicto, parece aún lejano a pesar de los dispositivos de seguridad que ha desplegado el Gobierno, apuntó Alejandro Hope.
“La presión que están generando Los Templarios está conectando a parte de la sociedad con el cártel de Jalisco Nueva Generación. Así que el Gobierno está armando a las autodefensas sin saber bien quién está detrás de ellas”, dijo el analista de Imco.
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El año pasado, el estado registró cifras récord en número de asesinatos y secuestros.
“Lo que decimos es hay buenos y hay malos y nosotros nos vamos a ocupar de la seguridad, si agarramos a uno de ustedes (autodefensas) con armas los vamos a desarmar, y si nos dicen oye, es que yo quiero proteger a mi comunidad, pues entonces les hacemos exámenes de confianza y se pueden enlistar en la policía”, expresó la fuente de Gobernación.
En los últimos días las llamadas autodefensas han intensificado el diálogo público con el Gobierno, pidiendo la detención de los líderes de los Caballeros Templarios como condición para deponer las armas, pero los sucesos de violencia dentro de la entidad continúan.
“Las generalizaciones son malas, pero una parte muy importante de la población (de Michoacán) está metida en esto. ¿Cuánto nos vamos a tardar (en recuperar el control)?. Un chorro, porque tenemos que reconstruir 10 años de destrucción”, señaló la fuente del Gobierno.
Fuente: CNN
