La indignación por el “engaño y la traición” de la que fue objeto el magisterio disidente al no ser incluidas sus propuestas en las leyes secundarias de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto se convirtió en venganza que desplazó al Poder Legislativo, sujetó al Judicial y atenazó el aeropuerto más importante del país. La administración federal había prometido que haría caso a los maestros a la hora de definir dicha legislación. Pero no cumplió.
Por Jesusa Cervantes/ Proceso
Una fallida maniobra de los alfiles presidenciales desestabilizó a los tres poderes de la Unión.
Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación; Luis Miranda Nava, subsecretario de la misma dependencia, y Aurelio Nuño, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, intentaron controlar al magisterio utilizando el Pacto por México. Fallaron: Los legisladores federales tuvieron que salirse de sus recintos, edificios del Poder Judicial fueron cercados, los profesores impusieron qué leyes se analizaban y paralizaron zonas enteras de la capital del país, incluyendo los accesos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Después de nueve horas de bloqueo en torno al AICM, el Gobierno federal cedió ante los maestros. En una negociación de cuatro horas con el secretario de Gobernación, los líderes seccionales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) aceptaron replegarse a su campamento en el Zócalo, liberando San Lázaro y el Senado de la República con el compromiso de iniciar negociaciones con los legisladores, el próximo lunes.
En un intento por desinflar el movimiento contra la reforma educativa que encabeza la CNTE –y luego de las tomas de carreteras que los profesores realizaron en Guerrero–, el pasado 14 de mayo Enrique Peña Nieto encomendó a Miranda Nava, Osorio Chong y Nuño realizar una serie de ofrecimientos a los profesores, abriéndoles las puertas del Pacto por México.
De acuerdo con personas cercanas a la negociación, Miranda Nava prometió a la disidencia magisterial el financiamiento para que realizara nueve foros sobre la reforma. El acuerdo era que las propuestas emanadas de esos encuentros se incorporarían a la iniciativa federal, que buscaba reformar las tres leyes reglamentarias del artículo tercero constitucional.
Las leyes a modificar serían la General de Educación, la del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y la General del Servicio Profesional Docente.
Por su parte, el presidente nacional del PRI, César Camacho Quiroz; el del PAN, Gustavo Madero, y el del PRD, Jesús Zambrano (todos integrantes del Pacto por México), ofrecieron apertura para recibir y “posiblemente” incluir las propuestas de los docentes en las citadas leyes, según contaron legisladores federales.
Pero el Gobierno y los partidos políticos los engañaron.
La del Gobierno
La CNTE sí recibió el financiamiento para sus foros, que se realizaron del 31 de mayo al 12 de julio. En esos días, sin embargo, Emilio Chuayffet Chemor, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y César Becker, el director jurídico de la SEP, ya confeccionaban las leyes secundarias que serían entregadas al Congreso de la Unión, aun sin tener las propuestas de los profesores.
El 14 de agosto, Peña Nieto envió las tres leyes a la Comisión Permanente, instancia del Poder Legislativo que opera en los periodos de receso. Al hacerlo, dio materia a diputados y senadores para convocar a un periodo extraordinario de sesiones, del 21 al 23 del mismo mes. El día 16 se publicó en la Gaceta Parlamentaria que la Comisión de Educación llama a sesionar la noche del lunes 19.
A partir de este momento los maestros de la CNTE (que estaban concentrados en el Zócalo) comenzaron a trasladarse a las afueras de San Lázaro.
El día que sesionó la Comisión, el PRI presentó sus tres dictámenes, apoyado por PAN, PVEM y Panal. No obstante, esto contravenía un acuerdo hecho con los perredistas, con quienes había pactado discutir uno solo, relata el diputado Roberto López.
Ante esto, el presidente de la comisión legislativa, el perredista Jorge de la Vega Membrillo, abandonó la sesión. Indignados, los perredistas se le sumaron.
La actuación del PRI fue rápidamente conocida por los maestros, que la calificaron de “albazo”. Enardecidos y sintiéndose traicionados al saber que sus propuestas no aparecían en los documentos, se lanzaron contra el cerco de 70 miembros de la Dirección de Resguardo de la Cámara de Diputados y 35 policías federales.
Maestros y policías se enzarzaron en una pelea que acabó con 20 agentes federales heridos y 20 autos dañados –a uno le intentaron prender fuego–. Desde ese momento la CNTE aumentó su presencia en San Lázaro para impedir la instalación del periodo extraordinario.
La de “Los Chuchos”
El diputado perredista Roberto López recuerda que el martes 20, a la reunión de su grupo parlamentario, los 103 diputados llegaron con la idea de prepararse para el debate de la reforma en materia de acceso a la información. “Pero de pronto Silvano (Aureoles, coordinador perredista) nos plantea que hay que discutir las tres leyes de la educativa”.
El senador Alejandro Encinas rememora también que, en reunión con senadores, el propio Osorio Chong aseguró que todos los partidos habían avalado las tres leyes en materia educativa, incluyendo a los perredistas.
La noche del martes 20 y luego del enfrentamiento entre maestros y policías en San Lázaro, la Comisión Política Nacional Única de la CNTE se reunió con varios diputados perredistas en un hotel frente a la Alameda, incluyendo a Aureoles y a Roberto López. “Les preguntamos cuál ley afecta más como para sacarla de la agenda y nos dijeron que la del Servicio Profesional Docente; Aureoles lo consulta con coordinadores y dicen que lo ven bien”, dice López.
El diputado recuerda que, inicialmente, el PAN insistió en mantener las tres normas y el PRI estaba dividido.
Otra fuente de la Cámara de Diputados detalla que no sólo el presidente de la Comisión “se asustó” por las tres leyes elaboradas en la oficina de Emilio Chuayffet, “sino también Los Chuchos (como se conoce a la corriente política del PRD llamada Nueva Izquierda). Se asustaron y pidieron un encuentro con la gente del Pacto por México. Lo que ellos habían avalado ahora lo querían bajar por miedo”.
“El martes, Miguel Alonso Raya (diputado perredista) y Jesús Zambrano (líder del PRD y fundador de Los Chuchos) van a Los Pinos y ahí se echan para atrás en lo avalado por el Pacto por México. Piden que se baje de la discusión la Ley General del Servicio Profesional Docente. Presidencia accede”, dice la fuente. En ese momento ya había más de 10 mil maestros en el Zócalo.
Sin embargo, la información hacia los órganos de dirección de la Cámara fluye de manera contradictoria. De acuerdo con diputados, Emilio Chuayffet presiona para que se mantengan los tres dictámenes y en Los Pinos se pide valorar el impacto. Esto provocó que en la Gaceta Parlamentaria del 21 de agosto, día en que se inició el periodo extraordinario, todavía aparecieran las tres.
El sentimiento de traición se intensificaba entre los miembros de la CNTE. A las 4 de la mañana de ese día ya habían tomado el control de todos los accesos a San Lázaro y de las instalaciones del Poder Judicial que están al lado.
Negociación fallida
Silvano Aureoles estaba presionado por su correligionarios, por la desesperación de Los Chuchos –que pese a que habían logrado que se bajara el dictamen éste seguía apareciendo en la Gaceta– y por la ira de los maestros. Personas que conocieron de la re unión afirmaron que en este contexto negoció un encuentro con Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los diputados de PRI; Luis Alberto Villarreal, del PAN, y los líderes de la sección 22 de Oaxaca, Rubén Núñez; de la 18 de Michoacán, Juan José Ortega, y la 9 del Distrito Federal, Francisco Bravo. Se reunieron en un hotel cercano a San Lázaro.
Priistas y panistas exigían a los maestros desbloquear la Cámara. Los maestros exigían uno o dos días para pensarlo. Los diputados reviraron: “¡No, aquí es un tiempo fatal, ya estamos convocados al periodo extraordinario y se tiene que decidir hoy”, reconstruye una de las fuentes consultadas.
Los profesores pidieron tres horas para analizar la situación. Al cumplirse, exigieron que se bajaran las tres leyes para liberar los accesos. Los congresistas sólo estaban dispuestos a retirar la Ley General del Servicio Profesional Docente. En este contexto se estanca el diálogo. A las 4:30 de la tarde, justo cuando venció el plazo, los priistas organizaron la instalación de una sede alterna en el Centro Banamex. La ubicación de ese lugar, frente al Campo Militar Número 1 y alejado de las sedes legislativas oficiales, lo hizo el recinto perfecto.
Tensión
El Poder Legislativo sesionaba de forma obligada fuera de sus sedes oficiales, y el flujo de maestros seguía aumentando. Llegaban de Michoacán, de Guerrero, de Oaxaca.
Así, a las siete de la tarde del 21 de agosto, el Congreso de la Unión se atrincheró en su nuevo recinto, el Centro Banamex. Ahí, diputados y senadores trabajaron custodiados por 600 policías federales. Estaban “en la clandestinidad y a salto de mata”, acusó el diputado de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal.
Como en los momentos más tensos de la toma de carreteras en Guerrero, en febrero pasado, la protección de los legisladores estuvo a cargo del comandante “Espartaco”, quien se coordinó con el comandante de la Dirección General de Operaciones de la Policía Federal Ministerial de la PGR, Carlos Gómez Arrieta.
Entre la noche del 21 y madrugada del 22 de agosto los legisladores aprobaron la Ley General de Educación y la del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa. La Ley General del Servicio Profesional Docente se dejaría para otro momento.
A las 20 horas del 22 de agosto –cuando estaba por clausurarse el periodo extraordinario– llegaron al Campo Militar Número 1 los operadores del Gobierno federal Miranda Nava y Osorio Chong. Iban a reunirse de manera urgente con Manlio Fabio Beltrones Rivera, coordinador de diputados priistas y Emilio Gamboa Patrón, coordinador de los senadores.
Ahí, afirman las fuentes consultadas, les exigieron incluir de nueva cuenta la controvertida ley. Sin embargo, los priistas sostuvieron que no existían las condiciones políticas para hacerlo. Además, desde las nueve de la mañana del 21 de agosto ese debate se había “bajado del orden del día” publicado en la Gaceta.
A eso se sumaba el hecho de que los maestros amenazaban con tomar el AICM. Miranda y Osorio llamaron a los legisladores a que entonces convocaran a otro periodo extraordinario, la semana entrante. Dijeron convencidos: “Los maestros van a liberar San Lázaro, de eso no hay duda”.
En tanto, desde Los Pinos se exigió al titular de la Secretaría de Educación Pública que hiciera nuevos amarres para desatorar la Ley General del Servicio Profesional Docente. Por ello, Emilio Chuayffet convocó la mañana del viernes 23 al líder del oficialista Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Juan Díaz de la Torre, para que manifestara su respaldo al Gobierno.
A la misma hora, Enrique Peña Nieto hacía público su beneplácito por las dos leyes aprobadas, pero convocaba: “Hago votos para que en breve sea aprobada la Ley General del Servicio Profesional Docente”.
La declaración de Peña Nieto y la negociación de Chuayffet provocaron que la CNTE cumpliera su amenaza de movilizar a miles de maestros y bloquear las vialidades de acceso al AICM el mediodía del viernes 23.
(Reportaje principal que se publica en Proceso 1921, ya en circulación)
