La Fiscalía General del Estado español decidió iniciar “acciones penales” contra el presidente de la Generalitat, el nacionalista Quim Torra, por un presunto delito de “desobediencia” tras sus reiteradas negativas a limpiar los edificios públicos de carteles o lazos con fines partidistas. Al mismo, el propio Torra anuncia una querella judicial contra la Junta Electoral Central (JEC) por un supuesto delito de “prevaricación” por su decisión de ordenar que se garantizara la “neutralidad” en los edificios públicos durante el periodo electoral de cara a los comicios del próximo 28 de abril.
El nuevo conflicto entre el gobierno independentista catalán y la justicia española se debe a unos lazas, carteles y pancartas que hacen alusión a los “presos políticos y exiliados”, en referencia a los 12 dirigentes que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo por los delitos de rebelión, malversación, desobediencia y sedición, y a los que se encuentran refugiados en otros países europeos ante su temor a no tener un juicio justo en España, entre ellos el ex presidente Carles Puigdemont.
La JEC dictó un auto judicial la semana pasada, en respuesta a una querella presentada por el principal partido de la oposición en Cataluña, el españolista Ciutadans, en el que se solicitaba la intervención del órgano electoral para que se eliminaran de los edificios públicos del gobierno catalán los carteles o banderas vinculadas al movimiento independentista. Una vez que desde que se inició el proceso judicial contra los dirigentes políticos que llevaron a cabo la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre del 2017, en los edificios de las instituciones catalanas se han colgado desde lazos amarillos, carteles con las fotos de los líderes presos y refugiados y pancartas reclamando libertad de expresión.
El presidente catalán, Torra, decidió no acatar la orden de la JEC hasta no tener un informe que solicitó al Defensor del Pueblo catalán (Síndic de greuges), Rafael Ribó, afín al independentismo y que finalmente decidió dar la razón al órgano electoral, al concluir que se debe “garantizar la máxima neutralidad en periodo electoral”. Sin embargo, Torra se limitó a cambiar las pancartas, primero poniendo una con un lazo blanco y exigiendo libertad de expresión y después quitando esa y poniendo una, que es la cuelga actualmente de la fachada de la Generalitat, en la que cita el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es precisamente el que se refiere a garantizar la libertad de opinión y de expresión, al considerar que a su juicio se le está vulnerando este derecho con las medidas judiciales en su contra.
En caso de que finalmente siga adelante la querella por desobediencia de la Fiscalía contra Torra, éste podría ser condenado a una pena de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público y a pagar una multa que podría ser de entre 600 y tres mil euros.
Fuente: La Jornada
