Forzando los tiempos, en plena feria judicial en Argentina, y sin ninguna comunicación previa, el juez Javier Cosentino ordenó allanar la Casa de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, que preside Hebe de Bonafini, para supuestamente hacer un inventario de los “bienes” que puedan tener en el lugar las referentes de los derechos humanos, pero éstas esperaban adentro, ya que en la noche del domingo circularon los rumores de un allanamiento y allí se quedaron.
A las diez de la mañana de este lunes, una comitiva de diez funcionarios judiciales intentó desalojar y clausurar nuevamente la sede de Madres, pero Bonafini les advirtió que si querían entrar debían romper todo, con ellas adentro. En julio, las Madres resistieron a otro intento de allanamiento y desalojo por las mismas razones, pero no se concretó porque acreditaron que en la sede del barrio del Congreso funciona la Asociación.
Para llegar al allanamiento se ordenó abrir la feria Judicial -que se dispone para todo el mes de enero- cuando sólo faltan tres días para que comience a funcionar normalmente, lo que habla de un “acto de provocación”, como se denunció, considerando que es una de las tantas medidas que utiliza el gobierno del presidente Mauricio Macri, cuando quiere desviar la atención ante la situación crítica que vive el país, en medio de una ola de despidos, y en momentos en que el Ejecutivo anuncia una supuesta reducción del Estado cuyas estructuras el mismo incrementó en 25 por ciento en los dos últimos años.
La justicia violando sus propios medios de acción llegó sin avisar a Bonafini ni a los abogados sobre este intempestivo allanamiento que incluso preveía que de considerar que existía riesgo para la preservación de la documentación que allí se encuentra, deberían clausurar el lugar, restringiendo el acceso a las áreas donde se encuentren estos documentos. Bonafini sostuvo en conferencia de prensa que “nos quieren arrodillar y no lo vamos a permitir”, y denunció que intentan destruir la historia en una acción ilegal y violando las garantías constitucionales” en el intento de los funcionarios judiciales de ingresar a la sede.
Al enterarse de esta situación centenares de personas, políticos, representantes de movimientos sociales, organismos humanitarios y jóvenes llegaron en la mañana y rodearon solidariamente la sede de Madres, a las que de hecho arrancaron la Universidad que habían creado y que era conocida en el mundo, como “un hecho único”.
También Bonafini advirtió que en la “sede de Madres todo es de la Asociación” respondiendo al juez Cosentino, quien dispuso el allanamiento por la quiebra de la Fundación Madres de Plaza de Mayo y los juicios pendientes por la indemnización de los trabajadores del programa Sueños Compartidos, juicios por los cuales ya se habían embargado algunos bienes que irán a remate.
Falsa austeridad
El nuevo anuncio de “austeridad” de este lunes del presidente Macri, con un recorte de 25 por ciento de los cargos del Ejecutivo, y el congelamiento de los salarios para los funcionarios con designación política, y además el impedimento para ocupar cargos como ocurre con familiares directos de todos los funcionarios, que alcanzaron un nivel de escándalo en el país, es denunciado aquí como una “falsedad”.
Los anuncios de Macri podrían parecer como una medida ante las severas críticas ante la corrupción del Ejecutivo, amparado por la impunidad que le asegura una justicia dependiente y los medios masivos de comunicación y la caída continua de la figura gubernamental y se producen en medio de una ola de despidos masivos de empleados públicos y antes de las paritarias (negociaciones salariales) a la que el gobierno quiere imponer un techo de 15 por ciento cuando la inflación se ha disparado y sus índices más alto casi doblan la cifra ofrecida, mientras el conflicto continúa cada día en las calles.
Se denunció que con los nuevos nombramientos en el Estado, entre los que figuraban familiares directos de la mayoría de los funcionarios, en cargos con salarios altísimos, cada “trabajador” macrista gana salarios que corresponden a cuatro o cinco de los trabajadores despedidos, con lo cual el “ahorro” es una falsedad como denuncian los sindicatos aquí.
“Este achicamiento de 1 de cada 4 cargos del Poder Ejecutivo, llega a dos años del arribo de Cambiemos a la Casa Rosada, cuando Macri incrementó en 25 por ciento la estructura del Estado, convirtiéndose en el presidente que más ministerios y organismos públicos creó en la era democrática” señala un análisis local.
Macri creó cinco nuevos ministerios, pasando de los 16 que dejó Cristina Fernández de Kirchner a 21. Además, aumentó de 70 a 87 las secretarías de Estado; y de 169 a 2017 las subsecretarías, según un informe de Fundación Libertad y Progreso (LyP) de abril pasado, que no es precisamente de oposición ni de izquierda, sino todo lo contrario.
Esto lo señaló en Twitter la ex presidenta y ahora senadora nacional Fernández de Kirchner. “¿Son, se hacen o piensan que somos estúpidos?”, se preguntó la ex presidenta al citar una nota periodística con datos sobre la cantidad de ministerios y dependencias del Estado que se crearon desde diciembre de 2015.
De acuerdo a la Asociación de Trabajadores del Estado, el gobierno había despedido a 520 contratados en los días previos a la Navidad pasada y 2018 comenzó recargado con despidos en los canales Ecuentro, DeporTV y Paka Paka, además de 180 despidos en el área de contenidos del Televisión Digital Abierta (TDA). A esto se le sumaron durante enero despidos en Fabricaciones Militares en Azul (Fanazul), en Yacimiento Río Turbio, en el Hospital Posadas y 250 despidos en el INTI, y otros, originando un rechazo generalizado en las calles y fuertes amenazas de represión.
También ATE sostiene que la segunda ola de despidos impulsados por el Ministerio de Modernización, encabezado por Andrés Ibarra, promete, alcanzar las 19 mil censantías para cumplir con el borrador del plan de “dotaciones óptimas” elaborado durante 2017 por consultoras privadas en mil reparticiones públicas. El congelamiento salarial alcanzará a unos 324 funcionarios con cargos políticos, pero sus salarios son los más altos del país , unos 152 mil pesos, cuando los trabajadores “reales” ganan entre 10, 15 y 20 mil pesos; la cotización actual es de un dólar por 19.56 pesos argentinos.
Más grave aún es el anuncio de la anulación de planes sociales, en principio serían unos 19 mil, que multiplicados por la familias que quedarán en la calle es la “suma de una tragedia social ilimitada” denuncian aquí los movimientos sociales. En el interior sucederá lo mismo “lo que condena a la miseria absoluta a miles y miles de familias y la pobreza amenaza llegar a los límites más altos, similares a los sucedido en la crisis de 2001, que llevó al `pueblo en su conjunto a las rebelión en todo el país, terminado con la renuncia del ex presidente Fernando de la Rúa, en medio de la represión y el caos el 20 de diciembre de ese año.
Fuente: La Jornada
