Cada hora y 33 minutos, una persona desaparece o se extravía en México
Casi cuatro días tardaron las autoridades en atender a las madres y padres de desaparecidos que estaban acampando afuera de la Secretaría de Gobernación, en la Ciudad de México. Las familias tomaron esta medida ante lo que consideran ‘oídos sordos’ de las autoridades mexicanas.
Al menos 40 madres de desaparecidos comenzaron una huelga de hambre el pasado 18 de enero como una medida de presión para lograr atención por parte de las autoridades federales. Tras varios días de ayuno, algunas personas fueron hospitalizadas. Sin embargo, el campamento se mantuvo hasta finales de ese mes.
Las exigencias de estas mujeres estaban centradas en la atracción de los casos de desaparición al orden federal y de una aplicación adecuada de la ley que las ampara: la Ley General de Víctimas. Tras varios años de lucha por parte de familias para que esta normativa se aprobara por el Gobierno mexicano, aún queda mucho camino para que haya resultados concretos.
Norma Andrade, madre una joven asesinada en Ciudad Juárez y solidaria con la causa de estas familias, asegura que una de las principales razones de la protesta es “la negación de las autoridades para hacer su trabajo. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se creó para eso, para atender a víctimas, y a las madres se les estaba negando la atención”.
Tere Vera, una de las mujeres participantes en esta protesta que busca a su hermana desde 2006, asegura que “solo exigen que las autoridades trabajen conforme a la ley y hagan su trabajo”.
Las familias que encabezaron esta protesta afirman que no se les estaban dando los apoyos integrales que la Ley General de Víctimas les otorga como derecho, ni la atención médica. Además, una de las demandas centrales, es de suma importancia: cambiar las denuncias a un ministerio público federal en la Ciudad de México y no dejarlas en los estados del país, ya que varias de las madres han sido amenazadas y agredidas físicamente.
Luego de 13 días, primero de huelga de hambre y luego de un campamento, las 40 mujeres levantaron su presencia a las afueras de la institución, pero lo hicieron tras haberse reunido con algunos funcionarios y llegar a algunos acuerdos mínimos, aunque no suficientes.
México, país de desaparecidas y desaparecidos
Tras un periodo conocido como la Guerra Sucia (1970-1980), en el que se comenzó a contabilizar la existencia de personas desaparecidas por motivos políticos, el Gobierno mexicano insistió mucho en dejar esta situación en el olvido, tanto en la prensa como en el discurso político general.
Sin embargo, a raíz de que el gobierno de Felipe Calderón comenzó a operar una estrategia directa de guerra abierta contra el crimen organizado en 2006, las denuncias de desaparición forzada aumentaron inmediatamente hasta alcanzar números inimaginables, incluso en comparación con las dictaduras militares latinoamericanas.
Actualmente, según la iniciativa conocida como Personas Desaparecidas, la cifra de personas desaparecidas es de 33.125, más los casos del fuero federal, 1.145 personas, lo que da un total de 34.270. Para este sitio albergado e impulsado por la asociación civil Data Cívica, es importante nombrar a todas estas personas, dejar de ser cifras y conocer su historias.
Según el Registro de Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), el promedio de desaparición o extravío es de una persona cada hora y 33 minutos, lo que vuelve esta situación algo en extremo complejo. Tomando como referencia este registro, es posible observar que la tendencia de desaparición entre 2016 y 2017 ha aumentado considerablemente.
Promulgada en enero de 2013, la Ley General de Víctimas tiene como uno de sus puntos centrales la creación de un Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral para que las familias puedan mantener su búsqueda. Y es precisamente esta situación la que reclaman las familias que protestan: no han sido atendidas adecuadamente y conforme a la ley.
Caminando con algunos acuerdos
“Queremos que el fiscal tome las declaraciones de las personas que estamos aquí y en todo el país. Muchas personas en sus lugares de origen están amenazadas y no pueden denunciar. Queremos que sea la PGR la que lleve las investigaciones”, explica doña Tere mientras el campamento está por retirarse.
Tras algunas reuniones con funcionarios públicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), especialmente con Jaime Rochín del Rincón, titular de dicha comisión, y con Abel Galván Gallardo, titular de la Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de la República (PGR), los acuerdos a los que se llegaron son: recibir las denuncias en el orden federal y operar lo necesario para que los apoyos en salud, proyectos productivos, lleguen a las familias que están abocadas a la búsqueda de sus familiares.
Lamberto Castro, padre de Kevin Castro, quien fue asesinado en el estado de guerrero en 2010, presente solidariamente en esta protesta, concuerda en que “en lo local hay una vulnerabilidad a las familias por andar exigiendo que se lleven a cabo la investigación de sus casos, algunos ya han sido asesinadas y otras más desaparecidas también”.
A pesar de que se llegó a una minuta de acuerdos con las autoridades respectivas, en el sentir de las familias no hay conformidad y hay recelo, no es la primera vez que se han visto en la necesidad de manifestarse para que un derecho les sea cumplido y que la ley se aplique adecuadamente.
“Queremos que hagan bien su trabajo, que se hagan más registros de ADN, que se construyan laboratorios suficientes para estas tareas, que haya condiciones suficientes para que la búsqueda continúe”, sentencia, finalmente, doña Tere.
Fuente: RT/ Heriberto Paredes
