El gobierno del presidente argentino Mauricio Macri oficializó este miércoles el aumento de un 400 por ciento en la facturación final para los usuarios comunes de los servicios de gas, luz y agua, y de 500 por ciento para los comercios y otros, en relación al mismo período de 2015: sin esperar la respuesta de la Corte Suprema de Justicia a la que se apeló, para decidir sobre el llamado “tarifazo”.
Los aumentos fueron publicados en el boletín oficial y, por lo tanto, ya se consideran un hecho consumado.
Esta actitud sorprendió ya no sólo porque mandatario hizo caso omiso de las intensas movilizaciones populares contra estos incrementos, sino además por el rechazo que la oposición, e incluso aliados suyos, han expresado contra estas medidas.
El mandatario ignoró además que está vigente la suspensión de esta medida, que dispuso un fallo de la Cámara Federal de la Plata hace dos días y que es de cumplimiento a nivel nacional.
Asimismo, la Corte Suprema ordenó el martes al Estado, que a través de la empresa Enargas y dentro del plazo de diez días, explicara que parámetros tuvo en cuenta para establecer el aumento de la tarifa de gas con los incrementos de 400 y 500 por ciento y cómo afectarán a la población.
La resolución aparece en el boletín firmada por Macri y el ministro de Energía, Juan José Aranguren, el más impopular en estos momentos.
El “tarifazo” es rechazado por los organismos de Defensa del Consumidor y miles de afectados. La resolución vincula el incremento del consumo de gas “a las condiciones climáticas registradas en determinadas regiones del país, especialmente a las temperaturas considerablemente inferiores durante los meses de abril y mayo de 2016 respecto de las verificadas en los mismos meses del año anterior” y por eso se registran facturas a usuarios por montos totales significativamente superiores a los del mismo período del año anterior”.
Este argumento es considerado falso por diversos analistas, que aluden a otra falacia de que se recurrió a comprar el gas a Chile, porque Bolivia no tenía suficiente. Este país puede proveer lo que se necesite de acuerdo a funcionarios bolivianos consultados, y más de 100 por ciento más barato que el que se compra ahora.
El aumento en la luz es de un nivel similar, y se han presentado miles de amparos. Esta noche un juzgado de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, sentó precedentes en el tema del agua donde los aumentos de 400 y hasta 1000 por ciento no están basados ni siquiera en las lecturas de los medidores de consumo, lo que se constató al resolver una medida cautelar para frenar el incremento ante la denuncia de un vecino. Esto abre las puertas a miles de demandas de todo el país.
Desde el pasado lunes de registraron cientos de movilizaciones, en el interior y en esta capital, ante las sedes de las empresas de servicio público y mañana fue convocada una gran marcha, un cacerolazo para expresar el rechazo de todos los afectados por los incrementos en las tarifas.
Observadores califican “como una falta absoluta de sensibilidad al gobierno” y un “totalitarismo
desmedido” cuando algunos funcionarios oficiales amenazan con cortar el gas a los usuarios, lo que crearía una crisis sin salida.
Evidentemente la Corte Suprema tomó distancia en este caso, después de haber ayudado en varias medidas al gobierno de Macri. En su respuesta en el tema tendría que elegir favorecer al gobierno o a millones de personas afectadas, lo que podría desmoronar la escasa credibilidad que queda en la justicia.
Desde el martes, organizaciones de defensa de los consumidores, sociales, políticas, sindicales y estudiantiles reclamaron ante la sede de la Corte Suprema de Justicia que convalidara los fallos que frenaron los aumentos en las tarifas de energía.
En una nota dirigida al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, las organizaciones solicitaron que se les convoque a una audiencia “para expresar nuestros puntos de vista y propuestas para solucionar a la crisis desatada por lo aumentos de tarifas que impactan en la vida de millones de personas”.
En tanto la Cámara Federal de La Plata ratificó que la suspensión de los aumentos sigue vigente y que le dio traslado de la apelación oficial a la entidad que hizo el pedido de amparo, que tendrá diez días para responder. Los letrados del gobierno cuestionan esa interpretación.
Por otra parte, el colectivo Economía Política para la Argentina (EPPA) analizó el plan económico de Macri y advirtió, en una carta publicada en el semanario Tiempo Argentino, sobre el carácter radical del cambio de patrón de acumulación económico a partir del 10 de diciembre pasado y en el abandono de las políticas de industrialización, pleno empleo e inclusión.
Entre otros, se denuncia que detrás de la aceleración del proceso inflacionario, que se ha disparado desmedidamente desde junio pasado, está el intento de reducción del poder adquisitivo del salario y sus consecuencias son mucho más duras para los sectores más humildes, donde el impacto del aumento de precios presenta un diferencial importante y advierte sobre los incipientes intentos de flexibilizar las normativas de protección y derechos laborales.
Asimismo, señalan que se restableció la especulación financiera y la reapertura de la espiral de endeudamiento y fuga, recordando que ciclos de esas características desembocaron históricamente en dolorosas crisis políticas, sociales y económicas.
Ante la gravedad de la situación llaman a la responsabilidad de los dirigentes y militantes del campo del pueblo a convocar centralmente a los trabajadores y a todos los sectores que están siendo agredidos por estas políticas de ajuste.
Fuente: La Jornada
