Por Eduardo Ibarra Aguirre
Resultó indispensable realizar el acto “Todos trabajando por ti. Firma de Adéndum” (sic por la castellanización de la palabra en latín en lugar de usar una de tantas que existen en español), en Palacio Nacional, para que los presidentes de los partidos firmantes del Pacto por México y el titular del Ejecutivo federal, retomaran pública y formalmente las actividades de la gran agenda de los 95 puntos que avalaron el 2 de diciembre de 2012 y que imprimió su sello, para bien y para mal, a toda la actividad gubernamental.
Los cuatro hombres más importantes de la partidocracia suscribieron, el 7 de mayo, el llamado addendum (agregado o anexo) que los compromete a no a confundir “la lucha contra el hambre con la lucha electoral” y aplicar “nuevos y mayores candados” hacia tal fin en los tres niveles de gobierno. Lo anterior sin contar con la presencia de la manzana de la discordia, Rosario Robles, titular de Desarrollo Social y destinataria de la hasta hoy más costosa frase de Enrique Peña:
“Rosario, no te preocupes, hay que aguantar. Porque han empezado las críticas, las descalificaciones de aquellos a quienes ocupa (sic) y preocupa (sic) la política y las elecciones. Pero nosotros tenemos un objetivo claro, una tarea comprometida con los mexicanos, que es acabar con el hambre”.
El espaldarazo presidencial fue tan grave o más que los hechos denunciados por Acción Nacional sobre el uso de programas sociales en Boca del Río, Veracruz, para amarrar votos a favor del Revolucionario Institucional.
No existió novedad en la denuncia sino en el hecho de que los dirigentes del blanquiazul tenían abundantes pruebas. Los funcionarios implicados, de acuerdo al video, fueron cesados e incluso rodó la cabeza del segundo secretario de Finanzas del gobierno de Javier Duarte, pero la economista que parece ignorar que elogio en boca propia es vituperio (“Soy una persona honorable”) permanecerá en el gabinete en los dos importantes cargos.
Es pertinente la interrogante “¿En qué estaban pensando los dirigentes de los partidos políticos cuando firmaron dicho documento?”, formulada por Hortensia Aragón, otrora secretaria general perredista, pues lo suscrito exhibe “el descuido de lo que es la materia de trabajo de un presidente de partido político: el ámbito electoral, ganar elecciones”, en un país “en el que la violación a las reglas de la democracia son el pan nuestro de cada día”.
Violación que en materia de uso y abuso de los programas sociales con fines clientelares no es privativo del tricolor, sino práctica harto extendida en el blanquiazul y el sol azteca.
Como bien lo explicó Gustavo Madero en un arrebato de sinceridad: “(los) ciudadanos están hartos de esta realidad que se ha anidado en nuestro sistema político desde hace más de 100 años y que no hemos podido erradicar (…) se ha convertido en una cultura política basada en prácticas clientelares autoritarias y corruptas que forman parte del paisaje nacional y que ya no alcanzan a generar indignación social, castigos electorales y mucho menos sanciones penales o administrativas”.
La diferencia consiste en el partido que tiene la sartén por el mango, la Presidencia de la República, como el PAN en julio de 2012, o la mayoría de las gubernaturas, el PRI en el mismo decisivo momento, pues disponen de mucha mayor capacidad de comprar o de inducir el voto proveniente de millones de ciudadanos en pobreza extrema.
Aún está muy fresca en la memoria la escandalosa compra de votos por los promotores de Peña Nieto, quien 10 meses después exige “evitar que nadie lucre o saque provecho de las carencias o necesidades de la gente”. Nunca es tarde, pero ya veremos.
