Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) acusado de participar en la venta fraudulenta de una planta industrial a esa empresa estatal, construyó una red de lavado de dinero en el extranjero, por medio de la que se triangularon recursos –en su mayoría sobornos de constructoras– que terminaron por regresar a México y constituir la base de su fortuna, de acuerdo con información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Entre las investigaciones que ha hecho la UIF, en esa red se observan montos millonarios, disposiciones en efectivo, triangulaciones entre empresas, en un entramado del que no se pueden descartar dádivas a otros funcionarios de la pasada administración, una posibilidad sobre la que trabaja esa instancia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con información obtenida por La Jornada.
El ex director general de Pemex tenía, antes de integrarse al gabinete del presidente Enrique Peña Nieto en 2012, empresas fuera del país que terminarían por ser el vehículo a través del cual se disfrazaron los sobornos por parte de la firma brasileña Odebrecht, de la mexicana Altos Hornos de México (AHMSA) y también de la española OHL, muestra el perfil de riesgo que se ha construido alrededor del ahora testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR).
En total, de marzo de 2013 al 30 de julio de 2017, el sistema financiero de México registró como operaciones inusuales 28 millones 789 mil 688.08 pesos que se depositaron a las cuentas de Emilio Lozoya, y salidas por 29 millones 329 mil 359 millones de pesos. En los meses previos a que se volviera director de Pemex, también recibió 45 mil francos suizos, 60 mil dólares y un millón 224 mil euros, a través de 10 transferencias, de acuerdo con la información.
Si bien la FGR sólo ha judicializado a Lozoya por el caso de Agronitrogenados, la planta chatarra que AHMSA vendió a sobrecosto a Pemex, las investigaciones de la UIF exhiben que la riqueza del ex funcionario proviene principalmente de Odebrecht, la constructora brasileña que, de acuerdo con una investigación liderada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se dedicó a repartir sobornos entre funcionarios públicos de una docena de países.
Los primeros indicios de corrupción en México vinculados a Odebrecht –expiada de su historia en expedientes judiciales con su nuevo nombre: Novonor– se detectaron en la administración de Felipe Calderón con los contratos de la refinería de Minatitlán y las negociaciones de Etileno XXI. Más tarde, en 2016, un par de ex directivos de la firma declararon en la corte de Nueva York que entre 2010 y 2014 se sobornó con 10.5 millones de dólares a funcionarios mexicanos y la retribución alcanzó 39 millones de dólares en contratos.
Y es que en México, Odebrecht movió más de 3 mil millones de pesos que se consideran operaciones inusuales, dinero que pasó a través de un cadena de más de 10 empresas fachadas, ya listadas por el Servicio de Administración Tributaria como posibles simuladoras de operaciones. Los despachos TGG y García Terán & Torres Asociados ayudaron a construir esa red en la que se repiten accionistas, representantes legales y millonarias operaciones en efectivo que fueron fraccionadas para evitar prender las alertas de los bancos, según información obtenida de la UIF.
En el extranjero, Lozoya contó con las empresas Yacani, Zecapan, Latin America Asia Capital Holding Ltd y Tochos Holding para ocultar sus operaciones financieras, pero también en México, Odebrecht y sus filiales (Constructora Norberto Odebrecht, Ingeniería y Construcción Internacional, Servicios Integrales y Odebrecht Ambiental) tuvieron acceso a más de 10 empresas fachadas que así como repartían dinero en estados con elecciones en puerta, tenían vínculos con otras firmas de papel que recibieron decenas de contratos públicos, de acuerdo con la misma fuente.
Si bien la UIF ha presentado siete querellas contra Lozoya: una por Yacani, otra por Tochos Holding, una más por los 1.5 millones de pesos recibidos de OHL, otra por contratos simulados entre Pemex Exploración y Producción y la Universidad Popular de la Chontalpa, dos por Odebrecht y una por AHMSA, este último es el único caso judicializado por parte de la FGR y se siguen encontrando más hebras de flujos de dinero ilícitos alrededor del ex director de Pemex, por lo que podrían acumularse más denuncias.
Fuente: La Jornada
