Por Tunuary Chávez y Cristian Chávez *
Desde la Sierra Madre Occidental, entre los estados de Jalisco, Nayarit y Durango, el territorio wixárika quedó inmerso entre líneas que dividen municipios y entidades federativas, la exigencia de la comunidad indígena wixárika de Waut+a, San Sebastián Teponahuaxtlán, que es a su vez la mas extensa del estado de Jalisco, hace un reclamo de justicia urgente.
En esa zona donde la territorialidad wixárika reclama los rumbos antiguos donde la Madre Tierra se materializa en sus títulos virreinales y en su carpeta básica, que ha sido la defensa ante invasiones añejas sobre el territorio de la comunidad de Waut+a y ante la insuficiencia de los recursos jurídicos que han derivado en sentencias de restitución en su favor y que han ido quedando firmes en la zona de conflicto de Huajimic, Nayarit, los comuneros y comuneras exigen la inmediata restitución de esos terrenos comunales, en los que se establecieron 62 predios que suman alrededor de 10 mil hectáreas.
La impartición de justicia, es en este caso un nuevo paradigma al que el Estado mexicano debe dar respuesta inmediata y no propiciar las condiciones para un conflicto social de consecuencias indeseables para todas las partes. Si bien el Poder Judicial ha reconocido la razón que asiste a la comunidad de Waut+a y Kur+xi Manuwe, la realidad es que no ha funcionado y no se ha hecho justicia y queda clara la responsabilidad de los tres poderes del Estado.
Del Poder Judicial. Un total de 3 mil 800 hectáreas de la superficie en litigio se encuentra en espera de que el Tribunal Unitario Agrario 16, con sede en Guadalajara, Jalisco, dicte la ejecución y sea al fin restituida a la comunidad de San Sebastián. Son parte de la superficie total que está distribuida en 45 juicios agrarios, de los cuales cinco han quedado firmes y en espera de ejecución, lo que violenta los derechos humanos de la comunidad al negarle el acceso a la justicia.
Del Poder Ejecutivo. A pesar de que desde 2009 la Secretaría de Reforma Agraria (SRA) realizó trabajos formales y públicos con las partes involucradas en el conflicto, es decir, la comunidad wixárika, los supuestos pequeños propietarios, así como de la propia SRA, seguido de trabajos técnicos topográficos a cargo de la brigada técnica de la secretaría, con el cambio de administración federal, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), antes la SRA, dijo desconocer el caso de Huajimic y que no obra en el Programa de Atención a Conflictos Sociales del Medio Rural.
Del Poder Legislativo. Como el pueblo wixárika, existen otros territorios indígenas que han quedado inmersos entre límites, la mayoría de veces no bien definido entre municipios y estados de la República, lo que ha sido un motor de despojo en todo el país, es el caso del sur de San Sebastián Teponahuaxtlán.
Es, pues, la configuración de lo que en el campo es una superficie que abarca fértiles barbechos de maíz, grandes agostaderos con tierras fértiles para el pasto, abruptos peñascos, bosques de pino y encino, manantiales que hacen posible la vida campesina en las cumbres y faldas de la Sierra de Pajaritos, así como el cañón que corre a lo largo del río Huajimic, aproximadamente 20 kilómetros hacia el norte hasta que cruza con el arroyo el Gualamo para subir nuevamente a la sierra de Pajaritos.
Las demandas de la comunidad son:
Dar cabal cumplimiento de las sentencias obtenidas en favor de la comunidad indígena wixárika de Waut+a San Sebastián Teponahuaxtlán.
Dar seguimiento puntual e inmediato a los trabajos del Programa de Atención a Conflictos Sociales del Medio Rural (Cosomer), a cargo de la Sedatu, pues de generarse un conflicto social, sus consecuencias serían imputables directamente a la actitud omisa del gobierno.
Que el Estado mexicano garantice la condiciones de seguridad para la ejecución de las sentencias expedidas por las instancias judiciales que ordenan la restitución de tierras a la comunidad
El respeto a la tierra, a la que el pueblo wixárika nombra Tatei Yurienaka (nuestra Madre Tierra) es una demanda irrenunciable, pues esa es la vida de los pueblos; es una lucha sagrada por la vida y de ese tamaño es la palabra colectiva de este pueblo que se moviliza, por eso hoy su voz resuena por el respeto de la tierra que abarcan sus títulos virreinales y las tierras sagradas ceremoniales amenazadas por el despojo, como es también el caso de Wirikuta.
* Tunuary Chávez y Cristian Chávez. Integrantes de la Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas (Ajagi).
Fuente: La Jornada
