Aun cuando las discusiones sobre las diez leyes secundarias sobre la reforma energética se inician este martes 10 en el Senado, el debate se centrará en la de Pemex y la de Hidrocarburos. La bancada del PRD considera que la intención es desmantelar la paraestatal de manera paulatina y acotar las prerrogativas del Estado y sus entes en materia de comercialización. Más aún, la semana pasada comenzó a circular un predictamen “planchado” y presuntamente negociado por el PRI y el PAN.
Por Jenaro Villamil/ Proceso
A pesar del discurso presidencial, de los spots televisivos y de los objetivos planteados en el proyecto de dictamen sobre la Ley de Hidrocarburos, cuya copia obtuvo Proceso, el paquete de leyes energéticas que el Ejecutivo federal envió al Senado y comenzará a discutirse en comisiones a partir del martes 10 constituyen un desmantelamiento programado de Pemex y una apertura indiscriminada a un modelo de contratos privados en hidrocarburos y en otros recursos naturales.
La clave está en dos de las 10 leyes –la de hidrocarburos, reglamentaria del artículo 27 constitucional, y la de Pemex– cuya aprobación ya negociaron el PRI y el PAN la semana pasada con un predictamen “planchado” aun antes de discutirse entre los integrantes de la Comisión de Energía y de Estudios Legislativos Primera.
En su exposición de motivos los redactores del proyecto de dictamen de la Ley de Hidrocarburos señalan los objetivos: “incrementar la seguridad energética del país; aumentar la producción de petróleo y gas natural; alcanzar mayores tasas de restitución de reservas de petróleo y gas; detonar el dinamismo de la industria de la transformación de hidrocarburos; fortalecer la red de transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos.
No establecen plazos ni metas para lograrlo. Ni siquiera definen lo que consideran como “renta petrolera”, aunque todo el predictamen hace referencia a ella. Y tampoco definen el concepto “valor de producción”.
Sin embargo, en varios artículos están los verdaderos objetivos, con plazos y metas específicos para desmantelar a Pemex. En el artículo octavo transitorio de la Ley de Hidrocarburos se establece, por ejemplo, que Pemex será el comercializador de todos los hidrocarburos hasta 2017. A partir de 2018, esa tarea se hará mediante una licitación a través de un ente privado.
Asimismo, según el artículo 28, la nueva Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) podrá contratar, sin la intervención de las secretarías de Energía o de Hacienda (Sener y SHCP), a Pemex, a otra empresa pública o a un ente privado mediante licitación pública.
Un análisis elaborado por el grupo de asesores del PRD en el Senado advierte que “si se deja a un privado la tarea de vender los hidrocarburos del Estado, aquel no podrá ser otro que una empresa extranjera, porque en México sólo existe una empresa dedicada a ese negocio y es pública (PMI Comercio Internacional)”.
El documento de 60 cuartillas titulado Análisis de la propuesta de legislación secundaria enviada por el Ejecutivo federal al Congreso de la Unión destaca también: “El comercializador del Estado sólo puede ser el Estado a través de sus instituciones. No hay razón para hacer a un lado a PMI, que ha recibido un amplio reconocimiento internacional por las fórmulas de sus precios y su labor de mercado. La confiabilidad y el prestigio del comercializador son elementos fundamentales en el funcionamiento del mercado petrolero internacional.”
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1962, ya en circulación)
