(Comunidades rarámuris: agua, territorio, autodeterminación)
Por Víctor M. Quintana S.
Por más que se esconda, en este país sigue habiendo racismo institucional. Racismo legal, administrativo, procedimental. A pesar de él, las comunidades rarámuris de Chihuahua resisten con paciencia, sin aspavientos. Se movilizan, se asesoran, acuden a las diversas instancias gubernamentales. Tan sólo en las últimas semanas, cuatro comunidades de la sierra Tarahumara han mostrado su músculo tranquilo en la defensa de su agua, su territorio y su autodeterminación.
La comunidad de Huitosachi acaba de ganar un litigio a Fomento Agropecuario Campo Lindo SA de CV y a los hermanos Elías Madero por la titularidad de más de 253 hectáreas en el municipio de Urique. Lograron echar para abajo un fallo contra la propiedad comunal emitido en noviembre de 2013 por el juzgado segundo con sede en Chínipas. Lo apelaron debido a las irregularidades cometidas durante el proceso, sobre todo porque el juez no tomó en cuenta las pruebas aportadas por los indígenas. Ahora la segunda sala civil del Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Chihuahua falló a favor de los rarámuris de Huitosachi, y en adelante serán los legítimos propietarios de las tierras, hasta ahora en litigo.
En la resolución la autoridad judicial tomó en cuenta las sentencias favorables que los pueblos indígenas de otros países han obtenido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relación con el derecho al territorio, así como el Convenio 169 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Basada en esa legislación, reconoció que hay elementos jurídicos suficientes para resolver y respetar los derechos de los rarámuris.
Por su parte, la comunidad de San Elías Repechique irrumpió pacíficamente en el Coloquio Nacional de la Lengua Materna para manifestar su inconformidad por la construcción del aeropuerto y el gasoducto de Creel. Solicita al gobierno el respeto a una consulta previa, libre e informada, misma que nunca se dio, para llevar a cabo las obras mencionadas. Los gobernadores indígenas afirman que las instancias gubernamentales no les han reconocido su territorio y han hecho proyectos sin consultarlos, a pesar de que ya hay resoluciones judiciales que así lo establecen. Denuncian que la construcción del aeropuerto afectará el paso de sus niños hacia la escuela y que el gasoducto pasará por terrenos dedicados al pastoreo de ganado y al cultivo de granos para el autoconsumo, sin contar con que atenta contra su forma de vida. Se rebelan contra el turismo invasor que se posesiona de sus territorios y de sus paisajes, convirtiéndolos en una parte de ellos.
Para la comunidad de Bacajípare la defensa de su dignidad comienza defendiendo su derecho al agua limpia y al saneamiento, recientemente incorporados a nuestra Carta Magna. Se acaban de manifestar frente al hotel Parque Aventuras, porque éste y los hoteles de cinco estrellas Mirador, Posada Barrancas y Divisadero, ubicados en la ceja de la barranca del Cobre, desde hace 17 años comenzaron a descargar sus aguas negras en terrenos de la comunidad y han contaminado los manantiales de donde se abastece de agua, provocando muchas enfermedades entre los indígenas.
Bacajípare empezó su combate legal por su derecho al agua limpia en 2002. Sin embargo, hasta ahora ni la Conagua ni el gobierno estatal han puesto fin a las descargas, ni las empresas hoteleras han exhibido los correspondientes permisos de descarga conforme marca la ley. La comunidad demanda que el gobierno del estado cumpla los acuerdos tomados con ella desde febrero del año pasado, que Conagua cumpla con su deber, y no simulen que ya se solucionaron los problemas. Para mayor presión, han acudido ya a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Las tres comunidades mencionadas cuentan con el acompañamiento y la asesoría de Contec, asesoría técnica comunitaria.
Por otro lado, el primero de marzo la comunidad de Bakéachi, siempre en pie de lucha, se hizo presente en la capital del estado, como viene haciéndolo desde 2011, para conmemorar el cuarto aniversario del asesinato de Ernesto Rábago, asesor de ellos y compañero de su asesora jurídica, la licenciada Estela Ángeles Mondragón, ambos de la asociación Bowerasa. Tanto en la misa celebrada en lengua rarámuri por sacerdotes redentoristas y jesuitas, como en el rito que llevaron a cabo en la cruz clavada frente a palacio de gobierno en memoria de Ernesto, los bakéachis volvieron a demandar justicia a las autoridades. Reiteraron su determinación de continuar su lucha jurídica y social por sus territorios, de los que ya han recuperado varios miles de hectáreas invadidas por ganaderoschabochis.
Mucho hay que aprender de la acción tesonera y paciente de los rarámuris. Con su resistencia a la globalización unilateral y excluyente en los tres ejes que atraviesan casi todas las luchas indígenas en América Latina: territorio, agua, autodeterminación, nos muestran desde su modestia uno de los caminos para una globalización desde lo local, desde lo comunitario, desde el encuentro con la naturaleza.
