La organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad –fundada por Claudio X González Guajardo, opositor declarado del gobierno de Andrés Manuel López Obrador– tiene como una de sus banderas la transparencia. Sin embargo, maneja con opacidad las donaciones que recibe –casi todas provenientes de la élite empresarial mexicana– y en algunos casos éstas no cuadran con lo que reporta al SAT, de acuerdo con documentos a los que Proceso tuvo acceso y que identifican a los benefactores y sus aportaciones.
Por Álvaro Delgado/ Proceso
El Consejo Mexicano de Negocios (CMN) es llamado “la cúpula de cúpulas” del sector privado porque agrupa a los empresarios más ricos y poderosos de México. Varios de sus expresidentes y miembros financian a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la plataforma sobre la cual Claudio X. González Guajardo ha construido el proyecto político-electoral antagónico al presidente Andrés Manuel López Obrador.
González Guajardo ahora encabeza la iniciativa “Sí por México” que, por consejo de los historiadores Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín, pretende un “bloque” electoral contra López Obrador en las elecciones de 2021 y cuya “agenda ciudadana” ya asumieron los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).
“PRI: bienvenido al sí”, respondió con entusiasmo González Guajardo al presidente nacional de ese partido, Alejandro Moreno, quien se sumó a la iniciativa con toda la carga de corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto.
“¡Estaremos muy contentos de avanzar juntos por el bien de México!”, dijo el priista.
“PAN: Bienvenido al sí”, expresó también el empresario a la respuesta del dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, el 29 de octubre último, de adherirse “por el bien de México” a ese proyecto político electoral, pese a que arrastra numerosos expedientes de corrupción como partido y gobierno.
El expresidente Vicente Fox (PAN) también ya expuso su respaldo a Sí por México –“sí, vamos todos”, exclamó– y está en curso la incorporación del expanista Felipe Calderón, tras el fracaso por obtener el registro de su partido político (México Libre).
La corrupción de esos partidos y sus personajes parece no importarle al impulsor de Sí por México, cuyo padre, Claudio X. González Laporte, presidió el CMN justo cuando se instauró el modelo neoliberal con Carlos Salinas –de quien fue asesor como presidente de la República–, y fue el primer donador de MCCI, con 2 millones de pesos; el segundo donante fue Kimberly-Clark, la empresa familiar fabricante de jabones, papel higiénico y toallas sanitarias, que aportó 3 millones más.
Con esos 5 millones de pesos nació financieramente MCCI, el grupo de presión que González Guajardo presidió de 2016 hasta julio último, y cuya sucesora, María Amparo Casar Pérez, fue la coordinadora de asesores del secretario de Gobernación de Vicente Fox, Santiago Creel, tutor político del excandidato presidencial Ricardo Anaya y de Marko Cortés.
A partir de los donativos familiares a la organización civil de González Guajardo, depositados el jueves 16 de abril de 2016, como consta en documentos que obtuvo Proceso, comenzó la cascada anual de transferencias millonarias por parte de prominentes empresarios que, desde la elección de 2006, se han opuesto radicalmente a López Obrador.
Entre los mecenas de MCCI, que aportan un promedio de 70 millones de pesos anuales y de los cuales González Guajardo obtiene millonarios ingresos, se incluye el expresidente del CMN Valentín Diez Morodo, quien encabeza el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) y el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), cuyo exdirector Juan Pardinas dirige el diario Reforma.
MCCI comenzó a recibir aportaciones desde antes del 17 de junio de 2016, cuando obtuvo la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para recibir donativos nacionales y extranjeros –el dinero que le depositan es deducible de impuestos–.
Antes de esa fecha recibió 38 millones de pesos, incluidos los 5 millones de González Laporte y de Kimberly Clark.
Del 18 de junio al 31 de diciembre de 2016, MCCI recibió 97 millones de pesos para un total de 136 millones en donativos sólo en ese año, según información financiera documental obtenida por el reportero, que identifica el respectivo Registro Federal de Contribuyentes de los donantes y el folio fiscal de cada uno.
Desde entonces, de acuerdo con los reportes de Hacienda, Mexicanos Contra la Corrupción y la impunidad ha tenido solvencia: recibió 73 millones 57 mil 528 pesos en 2017; 60 millones 856 mil 296 pesos en 2018 y 73 millones 990 mil 482 pesos en 2019.
El objetivo oficial de MCCI es el “desarrollo de proyectos de investigación de las causas y efectos y mecanismos de funcionamiento de la corrupción e impunidad”, para ello creó un equipo académico y otro periodístico, así como el Despacho de Investigación y Litigio Estratégico –al que llama su “brazo jurídico”– que ha promovido amparos contra el actual gobierno federal.
El origen del dinero
Pese a que la organización fundada por González Guajardo tiene en la transparencia una de sus exigencias centrales al poder público, actúa con opacidad. No sólo su fundador se ha negado a las solicitudes de entrevista que se le han formulado desde 2019, sino que oculta el financiamiento y manejo de los recursos que obtiene mediante donativos nacionales y extranjeros.
“Con la finalidad de garantizar la independencia y libertad de los investigadores de Mexicanos vs. Corrupción e Impunidad AC, así como la seguridad e integridad de nuestros donantes, la identidad de los mismos no es divulgada ni al interior ni al exterior de la organización”, explica MCCI en su página en internet.
Sin embargo, con base en información oficial, Proceso identificó a los principales patrocinadores de MCCI de González Guajardo, quien –por ejemplo– financió más de 150 amparos contra la construcción del aeropuerto en Santa Lucía y recursos similares por el desabasto de medicamentos en el sector salud.
Uno de los primeros empresarios que comenzó a financiar a MCCI fue Joaquín Diez Morodo vía la Fundación Maelva, de la que es representante legal; desde 2016 aporta 5 millones de pesos anuales.
Otro impulsor de la asociación civil es Antonio del Valle Ruiz, quien presidió a los banqueros cuando sus pasivos se convirtieron en deuda pública mediante el Fobaproa, en 1998, y quien mediante la Fundación Kaluz, que dirige Blanca del Valle Perochena, dona millonarias cantidades anualmente.
Dicha fundación, a la que también pertenece el actual presidente del CMN, donó 2.5 millones de pesos en 2016, 5 millones más en 2017, otros 4 millones en 2018 y 3 millones 2019.
Además de González Laporte, Diez Morodo y Del Valle Ruiz, otro expresidente del CMN, que también financia a la asociación fundada por González Guajardo, es Alejandro Ramírez Magaña, dueño de Cinépolis, quien en 2016 aportó 2 millones de pesos.
Eduardo Tricio Haro, vicepresidente del Consejo Mexicano de Negocios, encabeza el consejo de administración de Grupo Lala y es consejero de diversas empresas nacionales, como Aeroméxico, y del Grupo Nuplen, desde donde destinó 5 millones de pesos para el arranque de MCCI.
Los hermanos Torrado donan anualmente 2 millones de pesos a MCCI vía la Fundación Alsea.
La Fundación Gentera, de la financiera del mismo nombre y que también integra al CMN –en cuyo consejo de administración participan González Guajardo y el exdirector del Fobaproa Javier Arrigunaga Gómez del Campo–, aporta 2 millones cada año a MCCI.
La familia Chedraui, de las tiendas de autoservicio, también financian a González Guajardo: 5 millones de pesos desde 2016.
El regiomontano Juan González Moreno, hijo de Roberto González Barrera y presidente del consejo de administración de Gruma, también es uno de los mecenas de MCCI: vía Gruma SAP aporta 2.5 millones de pesos al año.
El tapatío Carlos Álvarez Bermejillo, dueño de Laboratorios Pisa y de la distribuidora de medicamentos Dimesa –ya inhabilitadas por el gobierno federal–, fue uno de los primeros impulsores de González Guajardo: el 2 de mayo de 2016 desembolsó 3 millones de pesos para su asociación civil.
El empresario Alejandro Martí, mediante la asociación Sistema de Observación para la Seguridad Ciudadana, es otro prominente donante de la organización de González Guajardo: en 2016 dio 4 millones 552 mil pesos; en 2017, 3 millones 810 mil pesos, y en 2018 aportó 6 millones 985 mil pesos.
Otros mecenas de MCCI son el Centro de Estudio Espinosa Yglesias, que dio 2 millones de pesos; Gigante Grupo Inmobiliario –que también es parte del CMN–, 2 millones; Frisa Forjados, del regiomontano Eduardo Garza, 2 millones; Comercializadora Interceramic, 1 millón más, y el empresario Alfredo Achar Tussie aportó 1 millón 50 mil pesos sólo en 2016.
Hasta Banamex, como persona moral, hizo aportaciones a González Guajardo, quizá porque Diez Morodo es presidente del consejo de administración de ese grupo financiero: el 15 de junio de 2016 transfirió 2 millones de pesos.
La lupa del SAT
Abogado de la Escuela Libre de Derecho y activo participante en las campañas presidenciales priistas de Carlos Salinas, en 1988 –de quien su padre es asesor y amigo–, y Ernesto Zedillo, en 1994, Claudio Xavier González Guajardo ha combinado sus actividades empresariales con la filantropía, en cuyo ámbito se incluye a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
También fundador de Empresarios para la Tecnología en la Educación (Únete), Mexicanos Primero y Aprender Primero, así como miembro de las empresas financieras Gentera y Compartamos Banco, esta figura ha sido hábil para recaudar grandes cantidades de dinero a favor de MCCI, pero es una asociación reñida con la transparencia y la rendición de cuentas.
La página oficial de la asociación consigna que “recibe fondos de diversos organismos internacionales”, como las fundaciones Ford y McArthur, así como los organismos NED y USAID, pero en el apartado “obligaciones financieras y fiscales” no hay ninguna información, salvo la reproducción de una declaración de impuestos de 2018.
Tampoco coinciden los montos de los donativos que recibió MCCI con los que reportó ante Hacienda, por ejemplo, en 2016. En el año de su fundación declaró donativos por 66 millones 983 mil 975 pesos, pero en los registros de donantes que este semanario conoce la cifra es de 136 millones 45 mil 512 pesos.
Se trata de 2 mil 3 donaciones de personas físicas y morales, así como las fundaciones ya enunciadas, cuyas aportaciones fue posible consultar en el catálogo de actividades de las donatarias autorizadas por Hacienda, pero que en 2019 ya no es posible identificar.
Dicha labor filantrópica de González Guajardo comenzó a ser investigada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en 2017, a raíz de tres solicitudes que presentó Ricardo Monreal, actual coordinador de Morena en el Senado, en respuesta a que MCCI le imputó que, como delegado en Cuauhtémoc, otorgó contratos a empresas vinculadas a los amigos de su hija Catalina Monreal.
El morenista aseguró que González Guajardo incurría en lavado de dinero, debido a la triangulación de recursos entre las asociaciones civiles que preside y sus empresas, incluido MCCI, además de defraudación fiscal, peculado, fraude, conflictos de interés y desvío de recursos públicos.
“Las actividades del señor Claudio X. González Guajardo revelan otro tipo de corrupción: la empresarial, en la cual las compañías (o sus dueños, a través de éstas) obtienen recursos por medio de donaciones de asociaciones civiles y fundaciones, que son deducibles para los donantes. La sociedad, de manera indirecta, financia tales operaciones”, escribió Monreal en el escrito al SAT del 8 de marzo de 2017.
Por ello solicitó al SAT practicar una auditoría fiscal para determinar la legalidad de actuación y ejercicio presupuestal del gasto millonario de las asociaciones civiles presididas por el empresario, incluida MCCI, y en caso de irregularidades, que haya sanciones, como la revocación de permisos para recibir donaciones o recursos públicos deducibles de impuestos.
González Guajardo negó las imputaciones, MCCI se sostuvo en sus acusaciones contra la hija de Monreal y las solicitudes de éste al SAT están, hasta ahora, archivadas.
Fuente: Proceso
