Por John M. Ackerman
El nuevo Instituto Nacional Electoral (INE) será un monstruo burocrático que determinará quién ocupa cada cargo de elección popular del país, desde la presidencia del municipio más pequeño hasta la Presidencia de la República, incluyendo el jefe de Gobierno del Distrito Federal y todos los gobernadores, legisladores locales, diputados federales y senadores. Es entonces de la mayor importancia cuidar con lujo de detalle el proceso de selección de las 11 personas que fungirán como consejeros del INE, ya que pronto serán los nuevos virreyes de la simulación electoral mexicana.
El procedimiento se ha iniciado terriblemente mal. El comité técnico de evaluación que fue creado para supuestamente dar credibilidad al proceso de auscultación de los candidatos ha fracasado olímpicamente en cumplir con su mandato. Las listas de finalistas entregadas por este comité a la Cámara de Diputados la semana pasada fueron elaboradas de manera totalmente discrecional y en la más absoluta opacidad. No se han dado a conocer las calificaciones obtenidas por los candidatos, ni los criterios para la confección de las quintetas (grupos de cinco candidatos por puesto vacante) ni las versiones estenográficas de las sesiones del comité o siquiera información mínima sobre las votaciones realizadas por sus miembros.
Las 50 personas seleccionadas de ninguna manera serían entonces las mejores de entre los 307 individuos que se postularon para el puesto. Son simplemente los 50 ciudadanos que les hayan caído mejor personal o políticamente a los siete integrantes del comité. Y lamentablemente la mayoría de los integrantes del comité cuentan con poco conocimiento sobre los entretelones del derecho y las instituciones electorales. Asimismo, por lo menos uno de los integrantes, Ricardo Becerra Laguna, mantiene estrechos lazos personales, políticos y profesionales con gran número de los candidatos seleccionados. Las cuotas partidistas del pasado han sido hoy remplazadas por compadrazgos, prejuicios personales y conflictos de interés inaceptables.
El Partido Acción Nacional (PAN) tiene entonces toda la razón en insistir en incluir al ex consejero electoral Arturo Sánchez Gutiérrez en la lista de candidatos para ocupar el cargo de consejero presidente del nuevo instituto electoral. Extrañamente, mientras el gallo de los priistas, Marco Antonio Baños, y el de los chucho-pactistas, Lorenzo Córdova, fueron incluidos en el listado de presidenciables, Sánchez fue colocado hasta abajo en la lista general como candidato únicamente al puesto de consejero electoral por un periodo de tres años.
Tal acomodo solamente se puede explicar como resultado de la aplicación de criterios estrictamente políticos o personales. Los conocimientos y la experiencia de Sánchez Gutiérrez en materia electoral son evidentemente iguales o mayores a los de Córdova y Baños. La gran cercanía de Sánchez con Acción Nacional es efectivamente un punto muy importante en su contra, pero no lo coloca en otra categoría en relación con Baños, cuya íntima relación con líderes priistas, como Manlio Fabio Beltrones y Felipe Solís Acero, es ampliamente conocida.
Pero lo que realmente hace falta no es incluir a más compadres y cuadros partidistas en la lista de candidatos palomeados, sino eliminarlos a todos. Lo que empieza mal termina mal. Hay que aprender de los fallidos procesos de selección de consejeros electorales en 2003 y 2008 que desembocaron en el fraude de 2006 y la compraventa de 2012. De otra manera las elecciones presidenciales de 2018 podrían terminar como un enorme desastre de proporciones históricas.
El proceso de selección de los consejeros del INE ya viola la fracción novena del acuerdo de la Junta de Coordinación Política correspondiente, que señala que en todo momento del procedimiento se debe garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y máxima publicidad. Frente a esta grave falta, la única opción para intentar salvar la legitimidad del nuevo instituto electoral sería reponer totalmente el proceso a partir del lanzamiento de una nueva convocatoria pública plenamente abierta a la ciudadanía.
En general, la lista de 50 seleccionados está poblada por los mismos de siempre. Son mayoritariamente ex consejeros, ex magistrados, ex asesores y ex funcionarios electorales, quienes ya tuvieron su oportunidad para defender la autenticidad de las elecciones y han fracasado olímpicamente en su labor. Ellos son precisamente los responsables de que hoy los comicios no son fiestas cívicas en que se celebra la expresión de la voluntad popular, sino ejercicios corruptos en que se consuman los pactos de sangre entre los más potentados del país.
La democracia mexicana hoy yace muerta en las catacumbas de la impunidad. No tiene ningún sentido recurrir a los sepultureros de antaño para iniciar el largo y sinuoso camino necesario para resucitar nuestro lastimado sistema político. Hacen falta sangre nueva, ideas frescas y estrategias innovadoras.
Twitter: @JohnMAckerman
Fuente: La Jornada
