El pleito inmobiliario entre María Asunción Aramburuzabala y la familia del conductor estelar de Televisa cimbra desde hace varios días las estructuras del consorcio, al punto de que cada vez son más fuertes las versiones sobre la eventual salida de Joaquín López Dóriga de la televisora aliada del gobierno de Enrique Peña Nieto. El litigio, en el que la poderosa empresaria ya lleva la delantera, puso al descubierto las “presiones” e intentos de “extorsión” que según ella han ejercido en su contra los esposos López Dóriga. Quedan aquí documentados los “negocios” que el conductor ha hecho al amparo del gobierno y los micrófonos de radio y televisión.
Por Jenaro Villamil/ Proceso
La batalla en tribunales entre la empresaria María Asunción Aramburuzabala, propietaria de la inmobiliaria Abilia, y los esposos Teresa Adriana Pérez Romo y Joaquín López Dóriga apenas inicia…
El litigio ha destapado el modus operandi de la extorsión del conductor estelar de Televisa y Radio Fórmula, cuya riqueza a partir del uso de poder de su micrófono incluye la propiedad de al menos seis departamentos de lujo en el Club de Golf Bosques, siete en la colonia Polanco, su lujoso yate valuado en 40 millones de pesos, una suite en residencial Villa Alejandra de Acapulco, más millonarios ingresos a través de dos empresas, Akron y Ancla, que han recibido más de 237 millones en contratos por menciones, campañas y entrevistas de dependencias federales entre 2001 y 2015.
La revelación de un presunto intento de extorsión por más de 5 millones de dólares por parte del matrimonio López Dóriga destapó lo que entre políticos y empresarios era conocido desde hace más de una década: el Teacher de Televisa presiona de esa manera a quienes no aceptan sus condiciones e intereses.
Los rumores sobre su salida de Televisa, suscitados a raíz del pleito jurídico con Aramburuzabala, arreciaron en los últimos días. Fuentes de la empresa confiaron a Proceso que el 30 de septiembre se pretendía relevar al conductor deEl Noticiero de Canal 2, pero la posibilidad se frenó para no vincular el hecho al litigio inmobiliario con la heredera del emporio de la Cervecería Modelo y exsocia de Televisa.
El propio López Dóriga, en su columna de Milenio Diario,acusó el golpe de los rumores. El viernes 25 de septiembre, bajo su seudónimo Florestán, apostilló: “Los hay que en su miseria humana andan por la vida repartiendo falsos certificados de defunción”.
RUMORES
Los rumores en Televisa se incrementaron a raíz de que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) del Distrito Federal resolvió a favor de Aramburuzabala en el juicio de lesividad sobre la construcción del desarrollo inmobiliario de la calle Rubén Darío 225, en una de las zonas de mayor plusvalía en la colonia Polanco, al lado justamente del edificio Rubén Darío 223, donde los López Dóriga son propietarios de un departamento de 552 metros cuadrados y un valor de 5 millones de dólares, según los datos del Registro Público de la Propiedad.
El jueves 24, la Consejería Jurídica del Gobierno del Distrito Federal afirmó que “acatará el fallo” del TCA y, por lo tanto, se quitarán los sellos que mantenían clausurada la obra, la cual prevé la construcción de 122 departamentos de lujo.
Además de esta resolución a favor de la heredera del emporio de la Cervecería Modelo, están pendientes otros dos juicios de lesividad interpuestos por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal (PAOT), y otro más promovido por la esposa de López Dóriga y 10 vecinos más que piden la cancelación del proyecto. Ambos juicios serán resueltos por el mismo tribunal y, según Guillermo Buitano, director de Abilia, “los dos juicios pendientes deberían resolverse en el mismo sentido” en un plazo de un mes.
La batalla entre Aramburuzabala y López Dóriga no se agota en el litigio inmobiliario. Los abogados de la empresaria interpusieron otra averiguación previa por extorsión en contra de los “probables responsables” de pedir un pago de 5 millones de dólares, más 600 mil dólares de pago de honorarios para el abogado Becerra Pocoroba y “la reconstrucción de aproximadamente la mitad de las banquetas de la colonia Polanco y sus luminarias”, petición de vecinos que encabezan Gabriela Torres Ramírez y Adriana Pérez Romo López Dóriga, esposa del conductor de Televisa.
La empresaria dijo que no cederá y reiteró a Proceso que está dispuesta a mantener un litigio en tribunales contra López Dóriga por dos años más si es necesario, porque “se trata de una batalla contra el mal uso del poder y de la corrupción de un conductor que al tener acceso a un medio lo usa para enriquecerse, para extorsionar”.
LA VENTA DE ‘MENCIONES’
Este litigio es el primero que se ventila públicamente y pretende demostrar el modus operandi del conductor estelar de Televisa, quien ha hecho un millonario negocio con la transmisión de publicidad presentada como información periodística o noticiosa, algo prohibido desde septiembre de 2014 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a raíz de las reformas constitucionales en materia de libertad de expresión y derecho a la información.
A través de dos firmas, Astron y Akron, López Dóriga ha recibido al menos 237 millones de pesos de distintas dependencias federales desde 2001, en el gobierno de Vicente Fox, hasta 2015, con la administración de Peña Nieto, según la suma de estos contratos, obtenidos a través del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI).
De 2005 a 2015, la compañía Astron Publicidad, cuya apoderada original es la esposa de López Dóriga, recibió 56 contratos de dependencias federales. El más generoso con el conductor ha sido el Instituto Mexicano del Seguro Social, que en los últimos siete años le pagó a las empresas de López Dóriga 33 millones 352 mil 316 pesos.
Todos los contratos son por adjudicación directa y sus servicios son tan variados como los siguientes: por transmisión de spots, por transmisión de “comentarios de López Dóriga” en distintos noticiarios de Radio Fórmula (en los espacios de Eduardo Ruiz Healy, Óscar Mario Beteta y hasta de Ciro Gómez Leyva) y hasta por “asesoría, implantación y consultoría en informática”.
La esposa de López Dóriga, Adriana Pérez Romo, aparece como accionista de la empresa Telecomportal, S.A., de C.V., creada el 16 de diciembre de 2005 con el objeto de compra, venta, importación, exportación, renta de “toda clase de bienes, herramientas, partes o refacciones relacionados con sistemas de seguridad, comunicaciones, software, equipos de cómputo y mantenimiento industrial, ya sea por cuenta propia o a través de terceros, así como brindar asesoría en todo lo relacionado a este objeto”, según el folio 344270 del Registro Público de la Propiedad.
En otras palabras, Astron Publicidad, de López Dóriga, subcontrata a Telecomportal, de su esposa, o a otras empresas para los convenios firmados con dependencias federales como el IMSS o la Secretaría de Salud que también incluyen los servicios de “asesoría en informática”.
El mismo INAI adjudicó de manera directa a Astron Publicidad un contrato para “servicios de publicidad en programas de televisión para la difusión de spots de la Semana Nacional de la Transparencia 2011 y campaña institucional del IFAI”.
HASTA EL INEA
En el exceso, hasta el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), un organismo de escaso presupuesto, adjudicó directamente a Astron un contrato de un millón y medio de pesos por la difusión de spots publicitarios de sólo 30 segundos, en 2011. Y ya en el Gobierno Federal actual, el INEA contrató el 29 de septiembre de 2014 a la empresa de López Dóriga para difusión de “menciones de radio de 30 segundos” por un millón 948 mil pesos.
Una de las dependencias más generosas con López Dóriga ha sido la Secretaría de Marina, que el 2 de marzo de 2014 firmó un contrato con Astron Publicidad por 7 millones 174 mil pesos para “un servicio de difusión de las campañas de la Secretaría de Marina a través de la radio en diferentes lugares de la República”.
En 2013, durante el gobierno de Peña Nieto, López Dóriga creó otra empresa, además de Astron, llamada Ankla Comunicación, que ha recibido un total de 13 contratos con distintas dependencias federales, como la Secretaría del Trabajo, que le pagó 2 millones de pesos por la producción de 25 comentarios para la campaña “México sin Trabajo Infantil”.
La Secretaría de Hacienda, encabezada por Luis Videgaray, ha sido generosa con Ankla. En 2014 le pagó 2 millones de pesos por “servicios de transmisión de mensajes en radio en sus diferentes formatos para difundir las campañas” de la dependencia, y en enero de 2015 firmó otro contrato por 5 millones para el mismo tipo de servicios por el mismo periodo (un año).
La suma total de los contratos de López Dóriga con las dependencias federales, disponibles a través de la consulta al INAI, desde 2001 al 2015 es de 237 millones 340 mil pesos. Tan sólo de 2013 y 2014, con el gobierno de Peña Nieto suman 39 millones 274 mil pesos, cifras que superan a los convenios firmados con otros medios electrónicos e impresos.
Paradójicamente, López Dóriga no es concesionario de ningún medio electrónico ni dueño de medio impreso alguno, pero sus dos empresas obtienen ingresos mucho más elevados que, incluso, Radio Fórmula, desde donde transmite sus “comentarios” y su noticiero vespertino.
Los altos ejecutivos de Televisa se han desligado del asunto. Internamente han explicado que se trata “sólo de un asunto con Radio Fórmula”, pero no pueden evitar la presión de que el conductor televisivo es su rostro más conocido y ahora con menor credibilidad en el área de noticiarios.
Reportaje que se publica en la revista Proceso 2030, ya en circulación
