La operación financiera en la Cámara de Diputados para conseguir el apoyo a la reforma energética se develó en los primeros días de octubre de aquel año. Entonces, la Secretaría General de la Cámara emitió cheques y depósitos en favor de las bancadas por concepto de “aportaciones económicas extraordinarias”, publica La Jornada en su edición dominicial.
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Entre octubre y diciembre de 2013 en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, durante la discusión sobre la reforma energética, las bancadas de PRI y PAN negociaron etiquetar recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para obras promovidas por los diputados que lo desearan. De los montos autorizados a cada proyecto de infraestructura, se denunció públicamente que el coordinador Luis Alberto Villarreal promovía el cobro de moches, a alcaldes y gobernadores como denunciaron en ese momento integrantes de la propia bancada panista.
Asimismo, cada grupo legislativo recibió en esos meses bonos extraordinarios, como evidenció la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) porque, sin solicitarlo, a su cuenta bancaria se depositaron 15 millones de pesos desde la Secretaría General en San Lázaro.
En ese proceso la presidencia de la Cámara de Diputados la ocupaba el panista Ricardo Anaya Cortés, quien el 11 de diciembre, junto a 112 de sus compañeros, sumó su voto al Partido Verde y Nueva Alianza; con 354 en total validaron la reforma energética del ex entonces presidente Enrique Peña Nieto.
Las piezas clave para amarrar la aprobación de esa reforma –con el entonces director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y los secretarios de Hacienda, Luis Videgaray, y de Energía, Pedro Joaquín Coldwell– se identifican en los panistas Juan Bueno Torio y Rubén Camarillo, quienes junto al senador de ese partido Salvador Vega Casillas fueron artífices de la redacción y negociación de las iniciativas.
Del lado del PRI actuaron Marco Antonio Bernal, presidente de la Comisión de Energía de San Lázaro, y Ricardo Aldana, tesorero del sindicato petrolero, a quien se le señaló también en el Pemexgate (desvío de mil 500 millones de pesos del gremio a la campaña presidencial de Francisco Labastida en 2000). Junto a estos últimos trabajó en el cuerpo de las iniciativas de reforma Carlos Romero Deschamps, entonces líder del sindicato petrolero.
La operación financiera en la Cámara de Diputados para conseguir el apoyo a la reforma se develó en los primeros días de octubre de aquel año. Entonces, la Secretaría General de la Cámara emitió cheques y depósitos en favor de las bancadas por concepto de “aportaciones económicas extraordinarias”. Ricardo Monreal Ávila, a la sazón coordinador de MC, denunció que a la cuenta de su partido se transfirieron 15 millones de pesos sin que mediara solicitud.
Monreal ordenó que la cantidad se regresara a la Tesorería de la Federación. ”Se me ha comentado que eran subvenciones extraordinarias que podrían emplearse por el coordinador y darle el destino que se quisiera, consejo que, por supuesto, no se atendió”, dijo entonces a La Jornada.
Su compañera de bancada Zuleyma Huidobro denunció en la tribuna de la Cámara, que en cada votación de una reforma estructural, “hay un reparto de bonos para los diputados que votan en favor”, y señaló a los legisladores de PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza, de beneficiarse con esos recursos. Los aludidos negaron haber recibido recursos a cambio de su voto.
En la Legislatura 62 de la Cámara de Diputados los representantes del PRI (214), PAN (113), Verde (27) y Nueva Alianza (10), votaron en favor de la reforma, y habrían recibido proporcionalmente los bonos extraordinarios que denunció Monreal. En ningún momento esas fuerzas políticas rechazaron públicamente esos recursos.
Entre los diputados que votaron a favor, y corearon “¡México!, ¡México!, ¡México!” tras la votación, se encontraban el hijo de Marta Sahagún, Fernando Bribiesca; el nieto de Elba Esther Gordillo, René Fujiwara Montelongo; el actual coordinador del PVEM, Arturo Escobar, Ruth Zavaleta, Enrique Aubrey, Carlos Aceves del Olmo, Francisco Arroyo, Manuel Añorve, Adriana González, José González Morfín, entre otros 343.
En noviembre de 2013 se reveló en el grupo del blanquiazul la negociación con el PRI de recursos etiquetados en el PEF 2014 para que el legislador que optara por ello tuviera la facilidad de gestionar obras de pavimentación, cultura e infraestructura deportiva por 11 millones de pesos cada uno, y se les facilitara ingresar otros proyectos cuyo techo fue de hasta 24 millones de pesos para sus distritos electorales.
Entonces, el coordinador del PAN en San Lázaro, Luis Alberto Villarreal –cercano a Gustavo Enrique Madero–, fue señalado por sus compañeros y por ediles perjudicados, pues les exigía un diezmo o moche de 10 a 20 por ciento “en cash” de los recursos para sus municipios.
Los señalamientos contra Villarreal se multiplicaron y, a pesar del respaldo de 100 compañeros que firmaron desplegados en medios de comunicación, una minoría –entre otros Homero Niño de Rivera, Esther Quintana, Carlos Angulo, Alberto Coronado y Verónica Sada– se opuso a dar un voto de confianza a su coordinador. Incluso se dijo que de ellos surgió la denuncia por la exigencia de los moches.
Fuente: La Jornada
