Ahora que el GIEI deja sus indagatorias sobre el caso Atoyzinapa, se torna más difícil saber cuál fue la participación de los militares la noche en que desparecieron los 43 normalistas. Más todavía ahora que la PGR dio a conocer las contradictorias declaraciones de varios oficiales y soldados que estuvieron en Iguala aquella ocasión.
Por Gloria Leticia Díaz/ Proceso
Con la determinación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de dar por concluida la asistencia técnica del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para esclarecer la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa, aleja las posibilidades de establecer la participación de las Fuerzas Armadas la noche del 26 de septiembre en Iguala.
Impedidos desde su primer mandato para interrogar a integrantes del 27 Batallón de Infantería, los miembros del GIEI fueron excluidos de las 50 comparecencias de militares ante agentes del Ministerio Público adscritos a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. De ellas, 42 fueron declaraciones ministeriales y ocho sólo ampliaciones de seis elementos.
Fuera de la investigación, el GIEI está imposibilitado para aclarar por qué las ampliaciones de los testimoniales de al menos dos elementos –el capitán José Martínez Crespo y del soldado Eduardo Mota Esquivel, adscrito al área de inteligencia militar– modificaron drásticamente su versión original sobre la presencia de las tropas en las calles de Iguala la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
De acuerdo con las declaraciones originales del personal castrense a las que tuvo acceso este semanario, no atendían precisamente una emergencia ciudadana; acudieron a rescatar la motocicleta en la que se desplazó el soldado para documentar las agresiones a los estudiantes de parte de los policías municipales. Esa fue la coartada para explicar la presencia de los soldados ante el juez de barandilla, que no fue consignada en sus primeras testimoniales.
Las declaraciones de los militares aparecen censuradas en la versión pública de los nuevos tomos de la indagatoria, subida al portal de la Procuraduría General de la República (PGR) la semana pasada, lo que impide a los usuarios advertir las inconsistencias de las declaraciones.
Hasta septiembre de 2015, luego de conocerse el primer informe del GIEI sobre la desaparición forzada de los estudiantes, la PGR había llamado a comparecer nuevamente a seis elementos castrenses; el coronel de infantería José Rodríguez Pérez, el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa, los soldados Jorge Ortiz Canales, Ezequiel Carrera Rifas, Eduardo Mota Esquivel y el capitán José Martínez Crespo; los dos últimos ampliaron sus declaraciones originales dos veces.
De la revisión de estas declaraciones sin censura se advierte que en las primeras ampliaciones de Mota Esquivel y Martínez Crespo, efectuadas el 26 de agosto de 2015, los agentes ministeriales los interrogan sobre el material de video y fotografía de los hechos ocurridos la noche del 26 y la madrugada del 27. Esos documentos gráficos, según denunciaron los integrantes del GIEI, no están integrados al expediente del caso.
En la primera versión de Martínez Crespo ante el agente del Ministerio Público, el 3 de diciembre de 2014 en Iguala, consignó que el soldado Mota Esquivel lo acompañó en su recorrido por la ciudad para atender una llamada de emergencia por la presencia de gente armada en el hospital Cristina.
Dijo también que hizo una “fotografía panorámica” a los estudiantes que ahí se refugiaban, así como “un fragmento de la entrevista” que dio un dirigente estudiantil tras el primer ataque armado a uno de los camiones en los que viajaban los estudiantes. Ese material lo entregó al entonces comandante del 27 Batallón, José Rodríguez Pérez.
En su segunda declaración, Martínez Crespo responsabilizó al soldado Mota y a su superior, el teniente Joel Gálvez Santos, de descargar el material gráfico del celular de Mota, y que a él le correspondió tener una copia, misma que anexó en su informe de esos días y entregó a su superior, “desconociendo el destino final de los mismos”.
Mota Esquivel fue interrogado por las imágenes tomadas en la carretera frente al Palacio de Justicia, donde el autobús 1531 de la línea Estrella de Oro fue agredido por policías municipales, así como las captadas en el hospital Cristina, a donde llegó herido Édgar Andrés Vargas, acompañado de unos 40 normalistas.
Sobre las primeras imágenes, Mota Esquivel dijo que tomó “cuatro o cinco fotos” con su celular para justificar su trabajo ante su jefe Gálvez Santos, que las copió en la computadora del cuartel militar y luego las borró de su dispositivo móvil porque “no las consideré de importancia”. Además, dijo, eran “de mala calidad”.
Sobre el segundo paquete de fotografías, el soldado no supo explicar cómo entregó la información a Gálvez, si bien en su primera declaración aseguró ser responsable del Sistema de Inscripción de Archivos Arcanos, “un sistema de correo electrónico”.
El 11de septiembre de 2015 ambos personajes fueron llamados por la PGR a una segunda ampliación. Esa vez mencionaron su presencia ante el juez de barandilla, a quien no mencionaron en su primera declaración ministerial a pesar de que fueron identificados por otros elementos castrenses.
La moto
El oficial y el soldado reconstruyeron el motivo del despliegue militar la noche del 26 de septiembre en Iguala: la búsqueda de una motocicleta. Ese elemento no fue mencionado durante los 12 meses posteriores a la desaparición de los normalistas; sólo se conoció hasta la tercera comparecencia de Mota y Gálvez.
En su primera intervención, el 3 de diciembre de 2014, el soldado admitió que salió del 27 Batallón a bordo de una motocicleta de su propiedad y habló de los abusos que sufrieron los estudiantes que viajaban en el autobús 1531 frente al Palacio de Justicia, sobre la carretera a Chilpancingo, a manos de los policías municipales. Dijo que se lo notificó a su superior, quien le pidió permanecer sólo “un rato” para no arriesgarse; incluso, aseguró Mota Esquivel, le recomendó que no se acercara mucho.
De acuerdo con ese testimonio, Mota observó que entre las 22:00 y las 22:30 horas del 26 de septiembre, policías municipales aventaron granadas lacrimógenas al interior del autobús para obligar a los jóvenes a entregarse.
“Me percaté que a los estudiantes que bajaban del camión, la Policía Municipal los esposaba con las manos hacia atrás y en forma agresiva los tendían en el piso, bocabajo, siendo esto un número aproximado de 10 estudiantes. Y como recibí la instrucción que no me arriesgara mucho, opté por retirarme del lugar”, narró Mota en diciembre de 2014; también dijo que informó de ello a su mando superior y le entregó “cuatro o cinco fotografías” tomadas con su celular.
En su última comparecencia, Mota describió con detalles su motocicleta (una Yamaha 125 blanca, modelo 2012, con placas FRG-26 del estado de Guerrero), así como la ruta que tomó para llegar a las inmediaciones del Palacio de Justicia.
“Los policías municipales de Iguala se percataron de mi presencia por lo que opté por dejar en ese lugar mi motoneta para tratar de despistarlos y posteriormente regresar al mismo lugar para observar lo que seguía pasando. Pero ya cuando iba caminando, como a unos 300 metros observé que los policías se acercaron a mi moto, asegurándola. Como vi que estaban muy agresivos los policías, opté por dejar que se la llevaran, pensando en que se la llevarían a las instalaciones de la barandilla para posteriormente recuperarla”, contó el soldado a los ministeriales federales.
De acuerdo con esa versión, Mota regresó caminando a las instalaciones del 27 Batallón –“sin percatarme de nada relevante en el trayecto”– y dio cuenta de su pérdida a su superior Joel Gálvez, quien le pidió esperar para ver cómo se solucionaba el problema.
“Posteriormente –agregó Mota– me bajé a las áreas verdes a fumar un cigarro y me encontré con el capitán segundo de infantería José Martínez Crespo, quien me comentó que le habían dado la instrucción de salir a patrullar y a recuperar mi motoneta.”
Según el soldado, del 27 Batallón salieron dos camionetas Cheyenne que se dirigieron al Palacio de Justicia. Al no ver su vehículo, se dirigieron a las instalaciones de la Policía Municipal, donde el capitán Martínez Crespo y tres elementos entraron a preguntar por la motoneta.
Mota, quien se habría quedado en uno de los vehículos oficiales porque vestía de civil, fue notificado por el capitán que su moto no se encontraba ahí. Más tarde recibió un mensaje vía Whatsapp de su superior en el que le informó que el vehículo estaba en el Palacio Municipal. Los soldados fueron a recogerla y la subieron a la batea de una de las camionetas.
Durante la búsqueda de la moto, el capitán recibió la orden de trasladarse al hospital Cristina. En el trayecto, ambos pasaron por la calle Juan N. Álvarez, donde se encontraban tendidos dos estudiantes, “sin notar la presencia de persona alguna o corporación policiaca”, pero no descendieron de los vehículos militares.
El capitán Martínez Crespo añadió a sus declaraciones anteriores que en los primeros 30 minutos del 27 de septiembre el coronel de infantería José Rodríguez Pérez le ordenó “recuperar la citada moto como propiedad del soldado de infantería Eduardo Mota Esquivel, a quien momentos antes, personal de la Policía Municipal había subido a una de sus camionetas (sic)”.
En su tercera comparecencia, el capitán dijo que ordenó al soldado subirse a una camioneta militar para identificar su motoneta y le preguntó “cuáles habían sido las causas por las cuales la Policía Municipal se había llevado su motoneta”, a lo que el soldado respondió que “se la habían quitado cuando él estaba haciendo unas tomas fotográficas en el puente que se encuentra en las inmediaciones del Palacio de Justicia”.
Martínez Crespo escribió su trayecto hacia el último punto donde el soldado vio su vehículo, observaron cómo remolcaban al autobús Estrella de Oro, y que enfilaron hacia las instalaciones de la Policía Municipal donde el capitán solicitó “hablar con el juez de barandilla para preguntar si en ese lugar no se encontraba la motoneta del soldado Mota Esquivel”.
Según el capitán, en compañía de dos solados, estuvo menos de cinco minutos en el lugar, y que el juez lo recibió “a dos metros de su oficina” y le mostró las motos oxidadas que tenían resguardadas.
El oficial describió su recorrido por la ciudad, su incursión en el hospital Cristina y en la calle Juan N. Álvarez donde ocurrió el primer ataque, hasta que se le notificó que la moto estaba en el Palacio Municipal, y se entrevistó con el director de Tránsito Municipal, quien ordenó a sus subalternos entregar la moto.
Los agentes del Ministerio Público adjuntaron a la declaración fotografías de los sitios recorridos por las camionetas militares al mando del oficial que buscaba una motocicleta, hecho que no mencionó en su primer testimonial.
La mención de Martínez Crespo de una orden del entonces comandante de la 27 Zona Militar para recuperar la motoneta, llama la atención si se considera que en ninguna de las dos comparecencia rendidas por el coronel Rodríguez Pérez, el 4 de diciembre de 2014 y el 2 de marzo de 2015, se nombra a Mota Esquivel, mucho menos a su vehículo.
Fuente: Proceso
