Por Álvaro Delgado
En la agonía del gobierno de Enrique Peña Nieto, quien con motivo del último informe protagoniza una millonaria campaña que congestiona hasta la náusea radio, televisión, prensa e Internet, los medios de comunicación en México planean y ejecutan ajustes previo a la asunción del poder de Andrés Manuel López Obrador.
Más visibles en unos que en otros, los despidos de directivos, editores, fotógrafos, reporteros, colaboradores y en áreas administrativas derivan, en buena medida, de la nueva distribución del poder en México, y son reacomodos administrativos, pero también en la línea editorial que a menudo guía el modelo de negocio.
Las complicidades entre los medios de comunicación tradicionales y el poder público –no sólo el gobierno federal, sino los estatales, los ayuntamientos y los poderes Legislativo y Judicial, y hasta instituciones educativas– es una de las más arraigadas tradiciones priistas que reprodujeron con fervor los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón.
Si bien en el gobierno de Fox se establecieron “lineamientos” para una asignación de la publicidad gubernamental a los medios de comunicación escritos y audiovisuales –con criterios más o menos objetivos de penetración en la sociedad–, fue algo transitorio que al final volvió al esquema netamente priista de premiar la lisonja y castigar la crítica.
Con Calderón, el esquema perverso de complicidades se robusteció no sólo por el crecimiento exponencial del presupuesto publicitario de su gobierno –¡casi 40 mil millones de pesos, más del doble que Fox!–, sino por la orientación a los medios que lo encubrieron, especialmente Televisa, TV Azteca, las corporaciones de radio, los diarios capitalinos.
Calderón también auspició económicamente a un elenco de periodistas y opinadores que, en los principales medios, aun ahora justifican las decisiones de su gobierno. En contraste, decretó el boicot publicitario e informativo contra el periodismo independiente, uno de los cuales es el semanario Proceso.
Con Peña, la relación perversa poder público-medios de comunicación se profundizó, no sólo con un despilfarro publicitario que quizá supere los 50 mil millones de pesos en el sexenio, distribuidos con la misma lógica facciosa de Calderón y que, en ambos casos, no remedió el repudio popular.
Peña promovió una ley que, en vez de establecer mecanismos objetivos para la asignación de la publicidad gubernamental, sólo afianzó la discrecionalidad que debió erradicar.
¿Con López Obrador se desterrará definitivamente este esquema? No hay muchas señales en ese sentido: Primero porque mantiene una amorosa relación afectiva con los propietarios de los principales medios de México, y porque mantendrá una voluminosa bolsa de recursos económicos para la promoción de su gobierno.
Aquí lo apuntamos en su oportunidad: El presidente electo anunció que destinará a la publicidad gubernamental en los medios la mitad del presupuesto sexenal de Peña Nieto, que muy probablemente superará los 50 mil millones de pesos.
De materializarse la reducción conforme lo ofrecido por López Obrador, el nuevo gobierno destinaría entre 20 mil y 25 mil millones de pesos anuales, un presupuesto mayor a los 18 mil millones de pesos que gastó Fox en su sexenio.
¿Cómo asignará esos recursos López Obrador? Es una incógnita todavía. El próximo vocero y responsable de la comunicación social del gobierno, el periodista Jesús Ramírez Cuevas, ha dicho que el criterio será equitativo. Ya se verá.
Contra lo que muchos creen, la publicidad gubernamental no es sinónimo de corrupción o de “chayote”, como coloquialmente se conoce en México la práctica de entregar dinero a cambio de lisonja o silencio, sino un instrumento de política pública en comunicación social para, entre otros objetivos, difundir campañas de beneficio social y aun de rendición de cuentas.
El nuevo gobierno debe definir el tipo de relación que quiere tener con los gobernados y estar conciente de que la comunicación social no es sólo la relación con los medios de información, ni siquiera los más poderosos, y menos ser instrumento de censura o favoritismo.
La nueva correlación de fuerzas políticas en México, y sobre todo el mandato que recibió Morena para el Ejecutivo y el Legislativo, significa que también debe erradicar el añoso esquema de complicidades para que los medios y los periodistas vivamos sólo por la calidad de nuestro trabajo profesional, no por la relación con los poderosos en turno.
Apuntes
En este contexto no suena lógico que aparezca un periódico como el asociado a Miguel Ángel Mancera, el exjefe de gobierno de la Ciudad de México, quien fue candidato a senador del PAN y ahora coordina al grupo parlamentario del PRD, salvo que la lógica sea exclusivamente política. Y sí: Al frente de este proyecto está el perredista Héctor Serrano, actual diputado federal y el principal operador de las decisiones de Mancera que deterioraron a la Ciudad de México, que los despreció…
Comentarios en Twitter: @alvaro_delgado
Fuente: Proceso
