Por Olga Pellicer
Las reformas constitucionales y leyes secundarias que buscan modificar el papel de México en el escenario mundial de energía colocan al país bajo el escrutinio de diversos grupos de interés, tanto gubernamentales como de la sociedad civil. No solamente los inversionistas extranjeros están esperando con impaciencia la aprobación de las nuevas normas. También siguen con atención lo que ocurra al respecto organizaciones no gubernamentales que se preocupan por el medio ambiente, las cuales consideran urgente que la actividad en materia de hidrocarburos en México vaya acompañada de medidas para proteger la sustentabilidad ambiental.
La utilización de hidrocarburos ha estado en el centro de las reflexiones sobre medio ambiente y cambio climático desde hace varios años. En una primera etapa, la tendencia dominante fue el llamado a reducir el uso de combustibles fósiles, tanto por su efecto devastador sobre el medio ambiente como por el hecho que se pronosticaba: una disminución creciente de los yacimientos de petróleo.
En los años que siguieron, al cambio en la aproximación al problema concurrieron: la aparición de tecnologías que permiten reducir la contaminación de los combustibles fósiles; el empleo de yacimientos que antes no se podían explotar; la toma de conciencia del papel tan importante que dichos combustibles tendrán para satisfacer la demanda de energía en el corto, mediano y largo plazos; las dificultades para satisfacer la demanda creciente con energías alternativas, y el surgimiento de situaciones inesperadas, como la transformación de Estados Unidos en un país casi autosuficiente en materia de energía y en un importante exportador de gas natural.
Sin duda continúa la insistencia en dirigirse hacia el uso de energías alternativas, aunque en numerosos casos se elude la nuclear por motivos principalmente políticos. Sin embargo, ahora cobra relevancia el propósito de conciliar, a través de medidas regulatorias adecuadas, el uso de hidrocarburos con la defensa del medio ambiente.
Dentro de esa línea de pensamiento, instituciones púbicas y privadas de Estados Unidos y Canadá vienen mostrando interés por las disposiciones que contienen las reformas mexicanas en materia de sustentabilidad ambiental. Entre otras se puede citar a Recursos para el Futuro (RFF, por sus siglas en inglés), un grupo de pensamiento independiente con sede en Washington D.C., que acaba de publicar una serie de informes sobre cómo dirigirse hacia el desarrollo sustentable de petróleo y gas en los tres países de América del Norte; el dedicado a México –elaborado en el Centro Mario Molina– contiene señalamientos muy interesantes sobre los riesgos y posibilidades de las leyes en discusión.
Dentro de las propuestas enviadas por el Ejecutivo al Congreso hay una que se presume con orgullo desembocará en la creación de la Agencia Nacional para la Seguridad Industrial y la Protección del Medio Ambiente (ANSIPMA). A juzgar por las declaraciones de altos funcionarios, ésta subsanaría todos los problemas que el creciente uso de hidrocarburos podría suscitar en el desarrollo sustentable. Como tantos otros aspectos de la reforma energética, la distancia entre las palabras y los hechos es grande.
En el mencionado informe de RFF hay comentarios sobre el proyectado nuevo organismo que conviene retener. En primer lugar, por lo que se refiere a su marco institucional, encuentran elementos que lo convierten más en instrumento político del Ejecutivo que en una agencia con legitimidad para imponer decisiones por su independencia y objetividad. La dirección es unipersonal y su titular sería nombrado directamente por el presidente de la República, sin que se establezca continuidad al ocurrir un cambio de gobierno. Los requisitos de transparencia y rendición de cuentas son muy vagos, al punto de que no hay ordenamientos de que se presenten informes al Congreso o a un público predeterminado.
La agencia tendrá responsabilidades para decidir sobre la explotación de hidrocarburos en áreas que presentan problemas. No se puede perder de vista que México es uno de los cinco países con mayor biodiversidad en el mundo. Es signatario de la Convención sobre la Diversidad Biológica y ha declarado áreas naturales protegidas cerca del 1% del territorio nacional. Se sabe que yacimientos de shale gas se encuentran en dichas zonas. ¿Tendrá la agencia el poder para enfrentarse a los diversos intereses que esperan ansiosamente la explotación de esas riquezas?
La agencia deberá también afrontar las técnicas de explotación conocidas como fracking, que debido a la cantidad de agua requerida, la contaminación producida y los movimientos sísmicos ocasionados, ha tenido enorme oposición en Canadá y Estados Unidos.
Los ejemplos anteriores –a los que se podrían sumar muchos otros– ponen de manifiesto la complejidad de las dificultades que se avecinan. Una agencia que pretende regular la acción de grupos muy poderosos tendrá que entenderse con las secretarías de Energía y Hacienda, así como con Pemex, instancias interesadas en promover inversión a la mayor brevedad posible; habrá conflictos interburocráticos de los que seguramente saldrá perdedora. Carecerá, además, de recursos humanos experimentados en los nuevos temas, que poco se han trabajado en México. Los escasos conocedores de ellos provienen de Pemex o de compañías que son justamente a las que se pretende regular. Es muy grande el peligro de que la agencia sea “capturada” por los diversos intereses que normalmente se resisten a toda regulación. Algo podría corregirse si en el Congreso son modificadas las debilidades que presenta el texto enviado por el Ejecutivo. Pero, dada la dinámica con la que se ha tratado la aprobación de las leyes secundarias, eso es casi imposible.
Fuente: Proceso
