Con base en declaraciones de narcotraficantes ante tribunales de Estados Unidos, decenas de organizaciones civiles mexicanas denunciaron ante la Corte Penal Internacional a los hermanos Moreira, gobernadores de Coahuila, por su presunta complicidad en los atroces crímenes cometidos durante sus gobiernos contra la población civil. Académicos de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas consideran que, si se comprueba la implicación de los Moreira, pueden atribuirse al Estado mexicano delitos como las masacres de Allende y Piedras Negras.
Por Gloria Leticia Díaz/ Proceso
Los testimonios que exintegrantes de Los Zetas rindieron ante tribunales de Texas, Estados Unidos, no sólo revelaron su presunta complicidad con los hermanos Humberto y Rubén Moreira y con altos funcionarios de sus gabinetes, sino también que la corrupción imperante en Coahuila permitió que se cometieran entre 2005 y 2012 atrocidades contra la población civil que pueden configurar crímenes de lesa humanidad.
La implicación de los Moreira fue denunciada el jueves 6 ante la Corte Penal Internacional (CPI), en una comunicación bajo el auspicio del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Familias Unidas en Busca de Personas Desaparecidas y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), con el respaldo al menos de otras 80 organizaciones de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT).
Además, otras organizaciones civiles y ciudadanos han solicitado de manera particular la intervención del tribunal ante la impunidad con que se cometen esas graves violaciones a los derechos humanos en México.
La comunicación a la CPI, titulada “México: Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad”, indica que los juicios contra zetas en Estados Unidos “dan cada vez más detalles sobre la colusión y la corrupción que llevó a que altos mandos del gobierno de Coahuila implementaran una política de omisión en apoyo a Los Zetas, comunicando paralelamente sobre su supuesta lucha en contra de estos grupos”.
El documento, entregado en la sede de la CPI en La Haya por el obispo Raúl Vera; el subdirector del Fray Juan de Larios, Michael Chamberlin, así como por las abogadas Ariana García Bosque de Familias Unidas y Jimena Reyes de la FIDH, detalla los testimonios en uno de sus 11 anexos: “Control… sobre todo el estado de Coahuila. Reporte sobre los testimonios analizados de miembros de Los Zetas en San Antonio y Austin”, al que este semanario tuvo acceso.
Sistematizado por las investigadoras Anna Smulders y Stephanie Corte, el informe fue supervisado por el director de la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Texas, Ariel Dulitzky, expresidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU (GTDFI).
El documento analiza los testimonios de 14 reos relacionados con Los Zetas, de los cuales seis colaboran en el caso contra Marciano Millán Vásquez, procesado en San Antonio por conspiración para distribuir e importar droga en Estados Unidos y por su participación en el asesinato de prisioneros del penal de Piedras Negras. El resto son testigos en un juzgado de Austin en el proceso contra José Treviño Morales, Fernando Solís García y Francisco Colorado Cessa.
En la presentación del informe, las investigadoras de la Clínica advirtieron que los juicios están primordialmente enfocados en cargos por lavado de dinero, tráfico de drogas y homicidios, por lo que “los abusos a los derechos humanos y la complicidad del gobierno del estado fueron tangenciales para los fiscales” de Austin. Los testigos en el juzgado de San Antonio “ofrecieron más detalles respecto a abusos de derechos humanos, pero en segundo término”.
Pese a ello, esas declaraciones fueron suficientes para que las investigadoras de la Clínica de Derechos Humanos consideraran que “el cártel de Los Zetas cometió numerosas violaciones a derechos humanos y que las instituciones públicas y oficiales estuvieron involucradas en varias competencias, dependiendo de la situación, lugar y tiempo”.
CORRESPONSABILIDAD CRIMINAL
Tras señalar la incuestionable responsabilidad de Los Zetas en las masacres de Allende y Piedra Negras en la primavera de 2011, el informe indica que también lo son en docenas de casos en que el patrón de los homicidios fue el descuartizamiento y la ‘cocina’.
“Los Zetas secuestraban, desaparecían, amenazaban y reclutaban forzadamente a mucha gente en Coahuila y en los estados vecinos. Su razonamiento era mantener el control, mostrar fuerza o represalias, castigar a quien perdiera drogas, y para crecer en números y territorio”, agregan.
Sin embargo, “el Estado también tiene un grado de culpa en las violaciones a derechos humanos cometidas. (…) La Clínica estima que la información presentada complementa la evidencia existente y ayudará con más esfuerzos para demostrar el grado y tipo de violencia practicada por Los Zetas y el Estado”.
Para las investigadoras, las declaraciones en las cortes de Texas también revelan “profundas conexiones sistemáticas y a veces el control que Los Zetas tenían sobre el aparato de justica y los oficiales en línea ascendente del gobierno del estado”.
Las implicaciones evidenciadas van desde la operación directa contra miembros de cárteles rivales, la asignación de contratos a las empresas de Los Zetas, así como las omisiones de funcionarios del estado y de las fuerzas de seguridad, que permitieron la perpetración de abusos contra habitantes de Coahuila y otros estados.
El documento entregado a la CPI resalta las declaraciones sobre presuntas entregas de millones de pesos al exgobernador Humberto Moreira y su fiscal general Jesús Torres Charles, a su hermano Humberto Moreira, alcaldes, policías municipales, estatales y federales, militares, agentes del Ministerio Público de los fueros local y federal.
Por supuesto, se mencionó el control total de la cárcel de Piedras Negras, donde los integrantes del cártel entraban y salían, sin olvidar que en 2012 liberaron a 130 prisioneros a los que reclutaron. Otras declaraciones se refieren a la colaboración de Rubén Moreira con la organización criminal, pero ni el testigo ni los fiscales dieron detalles.
“Si no hubiera sido por las acciones y omisiones de los oficiales mencionados (en los testimonios), Los Zetas no podrían haber sido capaces de cometer muchos de los abusos reportados aquí –se dice en la comunicación a la CPI–. Ambos, Los Zetas y el Estado, tienen responsabilidad por lo que ocurrió en Coahuila. El Estado, en su totalidad, en el mejor de los casos ignoró la corrupción generalizada y los graves abusos a los derechos humanos, y en el peor, participó directamente para respaldar los objetivos de Los Zetas.”
Entre las atrocidades que Los Zetas cometieron con esa complicidad, los testigos narraron las masacres de Allende y Piedras Negras.
Fuente: Proceso
