Las entidades de Baja California Sur, Morelos, Hidalgo, Baja California, Michoacán, Nayarit, Sonora, Jalisco, San Luis Potosí y Chiapas ostentan los gobiernos peor administrados del país por la forma en que gestionan sus recursos financieros, materiales y humanos, además de sus contratos.
Ello de acuerdo con el Indicador de Mala Administración Gubernamental (IMAG), elaborado con base cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de la Función Pública (SFP), y estimaciones elaboradas por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
Si bien Nuevo León, Yucatán, Tabasco, México, Distrito Federal y Aguascalientes se encuentran en el otro extremo de la tabla, lo cierto es que tampoco pueden presumir de una administración sensata de los recursos del erario, toda vez que promedian un indicador de 44 puntos sobre 100 evaluables, cuando el promedio nacional se encuentra en 60 unidades.
Los resultados generales del indicador referido se pueden apreciar en la siguiente imagen:
Mala gestión de recursos financieros
Respecto de la administración de los recursos financieros se evaluó la razón que existe entre la deuda pública contraída con relación a los ingresos propios, contemplando estos últimos la totalidad de los recursos captados vía impuestos, derechos y aprovechamientos.
Si bien la SHCP presenta estadísticas sobre las obligaciones financieras de los estados y su afectación en las participaciones federales, se consideró más preciso hacer un ejercicio similar sobre los ingresos propios, toda vez que ello refleja un compromiso del gobierno para mejorar sus finanzas con la intención de cubrir su adeudo.
Es así como puede apreciarse que en el hipotético de que la deuda pública se pagara exclusivamente con los ingresos propios de las entidades, Coahuila tardaría cerca de 8 ejercicios en saldar la misma, seguida de Nayarit, Michoacán y Veracruz, que necesitarían cerca de 6 años para pagar su empréstito.
A diferencia del indicador anterior, que cuenta con una base en el año 2014, también se ocupó información del Índice de Información Presupuestal 2014 elaborado por el Imco, que ocupa como base en su análisis el ejercicio 2012. En el referido se aprecia como un dato muy significativo que 7 de cada 10 pesos gastados por las administraciones de los gobiernos lo hacen en gasto corriente.
Dado que no existe una armonización contable en cuanto a la forma en que las entidades federativas informan la aplicación de su gasto público, la institución realizó una serie de estimaciones para conseguir dicho objetivo, encontrando que los gobiernos de Yucatán, San Luis Potosí, Tamaulipas, Durango, Puebla y Baja California son los que más gastan en sostener sus propias administraciones, limitando tanto sus inversiones como el resto de los rubros prioritarios para la población.
Mala gestión de recursos materiales
Los gobernadores, acostumbrados a erogar recursos para sus gustos suntuosos –cual virreyes coloniales–, tampoco escatiman cuando se trata de administrar de manera incorrecta los recursos materiales que tienen a su disposición, siendo una prueba de ello los vehículos que designan para los trabajadores de los despachos donde atienden, así como tampoco lo hacen en los vehículos que designan al personal que auxilia a las primeras damas.
Colima, Sonora, Baja California Sur, Tlaxcala e Hidalgo son ejemplo de las administraciones que mayor número de vehículos oficiales designan a los trabajadores que laboran en el Despacho del Ejecutivo. Así, tanto asesores como auxiliares, en su mayoría, gozan de un vehículo oficial para poder llevar a cabo sus funciones.
Incluso, en la administración de Hidalgo es muy probable que un auxiliar de lustrado de calzado –subalterno del asesor de imagen– cuente también con un automóvil, puesto que en dicha entidad hay un mayor número de vehículos a disposición del Despacho del Ejecutivo que trabajadores en esa área.
Zacatecas, Nayarit, Coahuila, Hidalgo, Durango y Baja California son las administraciones que mayor proporción de vehículos destinan a sus respectivas áreas DIF respecto de su flotilla total. Cabe mencionar que tanto para el Despacho del Ejecutivo como para el Sistema DIF no debe ser una prioridad la asignación de vehículos oficiales, siempre que en 8 y 12 entidades, respectivamente, la proporción de los mismos es menor al 1% de la flotilla con la que dispone la administración gubernamental, habiendo entidades donde la cifra es de cero vehículos para estas áreas.
Mala gestión de recursos humanos
Las administraciones gubernamentales tampoco llevan a cabo una buena gestión de sus recursos humanos, toda vez que de cada 4 empleados con sueldo entre 1,500 y 5,000 pesos mensuales existen 5 que ganan por encima de 25,000, una desproporción que se agrava si observamos que, en promedio, uno de cada 4 titulares de sus dependencias carecen de formación profesional.
Según la información del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2015, elaborado por el Inegi, el gobierno de Sonora destaca, en todo el país, por ser el que se conduce con menor transparencia a la hora de revelar el ingreso de sus empleados. Y no es para menos: quienes debieran contar con una formación académica más adecuada entre todos sus empleados, los titulares de las dependencias, cuentan con un perfil deficiente para sus funciones, pues 4 de cada cinco ni siquiera cuentan con formación profesional –contando los subalternos con una escolaridad aún inferior–, y encima es el gobierno que presumiblemente mejor paga a sus empleados, rayando los sueldos en lo ridículo.
En Baja California Sur, Baja California, Querétaro, Chiapas, Michoacán, Puebla, Sinaloa y Tlaxcala destacan tanto por la proporción de sus empleados con sueldos mayores a 50,000 pesosmensuales, cifra muy superior al promedio nacional, y porque más de la mitad de los titulares de sus dependencias gubernamentales no ostentan título profesional alguno.
En general, uno de cada 4 titulares de las dependencias gubernamentales en el país carece de formación profesional, aunque ello no ha sido impedimento para que ostenten sueldos superiores a 50,000 pesos mensuales… entre los mencionados y 11 subalternos más por cada titular, pues son cerca de 25,000 los burócratas que tienen estas ostentosas percepciones dentro de las administraciones gubernamentales.
Mala gestión de contratos
Los gobiernos de las entidades federativas también suelen tener malas prácticas en cuanto a sus adquisiciones y a su obra pública. Según se aprecia en el apartado de Inteligencia de Mercados de Compranet –de la SFP–, en 4 de cada 10 procedimientos, las asignaciones de contratos no parten de una licitación pública, siendo adjudicadas de manera directa o bien simulando un proceso incluyente mediante invitación a cuando menos tres participantes.
Baja California Sur, Guerrero, San Luis Potosí y Veracruz son los casos más lamentables donde se lleva de mala forma la gestión de contratos y de obra pública. En promedio, 56% de su obra pública es realizada por empresas provenientes de otra región, a la vez que 2 de cada 3 pesos que asignan en contratos no se hace mediante licitación pública.
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