La Auditoría Superior de la Federación revisó 305 fideicomisos y otros instrumentos jurídicos análogos, el año pasado. Sus hallazgos los plasmó en la auditoría 1722, la cual es contundente: la mayoría de esos fondos son opacos y con normatividad laxa, manejan dinero de manera discrecional, no reintegran al erario los recursos no utilizados, en ellos se cometen actos de corrupción por montos millonarios… En suma, señala el documento, “están fuera de control”.
Por Arturo Rodríguez García/ Proceso
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En los fideicomisos había falta de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas; subejercicios superiores a 70% que no se reintegraban a la hacienda pública; una normatividad laxa e, inclusive, había algunos cuya existencia era jurídicamente insustentable, sostiene un estudio realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En medio de la polémica por la extinción de 109 fideicomisos votada en la Cámara de Diputados a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, el pasado miércoles 7, el mandatario instruyó a formar un equipo de revisión caso por caso, para que realice un diagnóstico.
El enfoque presidencial es revisar costos de operación, evitar “aviadores” y ahorrar recursos al asumir la dispersión de fondos en la Tesorería de la Federación, partiendo de que los fideicomisos facilitan la corrupción.
Los datos previos, ajenos al Ejecutivo, demuestran que la opacidad, el manejo discrecional de recursos e inclusive actos de corrupción con implicaciones millonarias fueron identificados por la ASF en la mayoría de 305 fideicomisos o figuras análogas que revisó, los cuales, en diferentes casos, no justificaron su existencia ni el cumplimiento del objetivo para el que fueron creados.
Fue la Auditoría 1722 emitida en septiembre de 2019, bajo el criterio de “Estudios” –en este caso sobre los fideicomisos y otros instrumentos jurídicos análogos–, con la que se encontraron las diferentes anomalías en la revisión total de los casos que fue practicada a los informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El estudio incluye datos hasta 2018 y un presupuesto anual, en suma, por el orden de los 878 mil 717 millones de pesos.
En principio, la ASF detectó que la SHCP no mantenía actualizado el Sistema de Control y Transparencia de los Fideicomisos, de manera que le urgió a mejorar el control para que transparentaran el manejo de los recursos federales, sus objetivos y, de manera oportuna, la modificación, extinción o terminación de contratos.
En dicho estudio destaca que la constitución de varios fideicomisos no establecía el tiempo de existencia, dejándolos en la indefinición. Además de que, habiendo una limitación expresa sobre una duración no mayor a 50 años, con ciertas excepciones, hubo fideicomisos que excedían ya el tiempo permitido.
“Asimismo, se logró advertir que en algunos no se cumple con los propósitos para su creación y las obligaciones específicas para justificar su operación y la utilización de recursos”, estableció la ASF.
Además, determinó la necesaria intervención de la Secretaría de la Función Pública en sus labores de vigilancia, coordinación y supervisión de auditorías, conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública. Esto es que, durante el sexenio pasado, no lo hizo.
Luego, identificó que los fideicomisos sin estructura carecían de parámetros para ser evaluados, dificultando inclusive su administración, y luego enlistó en qué aspectos se presentaban esas dificultades:
“El plazo de vigencia de su operación; los fines para los que fueron creados; la autorización de la clave presupuestal; el destino de las aportaciones efectuadas al patrimonio y el cumplimiento de la obligación de rendir cuentas sobre el manejo de los recursos públicos federales que se hubieren aportado.”
Lo anterior impedía, según el mencionado estudio, la vigilancia y fiscalización conforme a la ley. Lo que significa que, en efecto, estaban fuera de control.
El pasado lunes 5, durante la conferencia de prensa matutina, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, defendió la extinción de los fideicomisos con el argumento de que, entre otras cosas, el subejercicio no era reintegrado a la hacienda pública. No se gastaban y luego no se sabía qué ocurría con los recursos, pues los fideicomisos y figuras análogas escapan a controles presupuestales.
En efecto. Al consultar el mencionado informe de la ASF, resulta que en 2017 había 137 fideicomisos operando y la revisión permitió ver que ninguno gastó más de 30% de su presupuesto. Por ende, 70% del monto presupuestado tuvo un fin incierto.
También identificó irregularidades en cuanto a la información que debía entregarse, pues debía incluir “datos completos y oportunos, así como una estadística de las modificaciones que se han realizado en los contratos” que no se estaba realizando. El tamaño del boquete informativo es grande: del total, 81 fideicomisos no contaban con el soporte de información que ordenan los lineamientos correspondientes.
En síntesis, un desastre que hasta septiembre de 2019 implicaba que muchos de los 335 fideicomisos no estuvieran operando, ya sea porque habían cumplido sus fines o porque no tenían más recursos y se encontraban a la espera del término del plazo de vigencia para extinguirse.
En tanto, 30 fideicomisos ya estaban en proceso de extinción, pero ésta no se podía llevar a cabo por motivos que iban del ejercicio pendiente de recursos, incumplimiento de pago a proveedores y litigios en curso, entre otros.
Este es un adelanto de un reportaje del número 2293 de la edición impresa de Proceso, publicado el 11 de octubre de 2020 y cuya versión digitalizada puedes adquirir aquí
