La entrada en vigor del Código Penal Único en materia de Procesos Penales en el país constituye un desafío para el sistema de Justicia en México y enfrenta el riesgo de que puede convertirse, como ocurrió en Chihuahua pionero en los juicios orales en materia penal, en una puerta giratoria que libere a los imputados que, no contando con antecedentes penales, resultan de peligrosidad tanto para las víctimas del delito como para la propia sociedad, advierte Pablo Héctor González Villalobos, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien subraya la necesidad de establecer un consejo ciudadano que provea al juez de información previa al juicio sobre los imputados. En entrevista @ Fondo, urge también a que se apruebe antes la Ley del Crimen organizado de modo que se eviten problemas de competencias entre la federación y los estados en esta delicada materia.
