Por Francisco López Bárcenas
Dentro de las regiones del país donde los megaproyectos afectan sobremanera los territorios de los pueblos indígenas se cuenta la Sierra Norte de Puebla. No es para menos. Más de 180 mil hectáreas de ella se encuentran concesionadas para proyectos mineros, hidroeléctricos y de hidrocarburos. Tan sólo para minería existen 103 concesiones en manos de empresas de ocho países, aunque la empresa canadiense Almaden Minerals, a través de sus filiales Minera Gavilán, Minera Zapata y Minera Gorrión posee 13 títulos que representan 73 por ciento de tierra concesionada. Otras 46 concesiones, que abarcan 22 por ciento de la superficie concesionada, pertenecen a Minera Dominan, de capital mexicano, integrada por Grupo Ferrominero, Grupo Frisco y Grupo Peñoles. Por esta situación sus habitantes se llaman a sí mismos, eufemísticamente, los condenados de la sierra.
Junto con los proyectos mineros llegan las hidroeléctricas que producirán la energía necesaria para que funcionen y las ciudades rurales que desplazarán a la gente que habita los territorios y generarán la mano de obra barata que se empleará en ellos.
Para la invasión de los territorios indígenas usan la misma estrategia: apalabran a los funcionarios responsables de otorgar los permisos que la ley exige, quienes se los otorgan sin recato, ignorando los derechos más elementales de los pueblos, como la autonomía, el territorio y la consulta.
Cuando ya cuentan con los permisos oficiales comienzan a dividir a las comunidades acercándose a los indecisos, a quienes ofrecen recursos económicos o hipotéticos programas de desarrollo cuyo financiamiento saldrá de las arcas públicas, y si no aceptan comienzan las amenazas y fabricación de delitos a los líderes para privarlos de su libertad. Con la reforma energética estas prácticas se profundizaron provocando la reacción de sus habitantes.
Los condenados de la Sierra, por conducto del Consejo Tiyat tlali, han emprendido una serie de acciones para defenderse. Entre ellas incluyen asambleas informativas, toma de acuerdos para oponerse a los megaproyectos y marchas donde expresan su descontento. Su estrategia incluye la tramitación de juicios de amparo por la violación del orden jurídico, como el del 17 de marzo pasado, promovido por los municipios de Cuetzalan, Tlatlauquitepec y Yahonahuac, y el del 7 de abril, promovido por la comunidad de Tecoltemic, municipio de Ixtacamaxtitlán, contra la empresa Almaden Minerals.
Cuando nada de esto funciona recurren a la acción directa, como lo hizo en noviembre de 2012 la comunidad de Zautla que echó por la fuerza de su territorio a JDC Minerals de origen chino; o la comunidad de Olintla, que en diciembre de 2013 detuvo la maquinaria de Grupo México para impedir que construyera la carretera Zaragoza-Jopala, por donde pasarían las retroexcavadoras para construir una hidroeléctrica.
Apenas el pasado 24 de abril los totonacos del municipio de San Felipe Tepaxtlán sufrieron las consecuencias de la reforma que según el Presidente de la República traerá bienestar a los mexicanos. Ese día el ayuntamiento los citó a una consulta relativa a la hidroeléctrica Puebla 1 que la empresa Deselec 1 –filial de Mehidro– proyecta construir sobre el río Ajajalpan. Después de cuatro horas de espera sólo se presentaron el secretario municipal acompañado de personal de la Secretaría de Energía y de Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) invitándolos a que pasaran a comer y a firmar su aceptación de la obra. Indignados, los presentes corrieron a los funcionarios. El 14 de junio, convocados por el Comité en Defensa del Río Ajajalpan, alrededor de mil personas realizaron una asamblea informativa donde decidieron rechazar la obra. Para constancia firmaron un acta y realizaron una marcha por las calles de la cabecera municipal.
La empresa no se cruzó de brazos. Para contrarrestar el descontento con sus planes pagó 200 pesos a todos aquellos que aceptaran participar en una marcha de apoyo a sus planes, misma que se llevó a cabo el 20 de junio con no más de 200 personas, incluida gente de municipios vecinos. Quienes acudieron se dirigieron a la presidencia municipal de Tepaxtlán a exigir que se aceptara el proyecto, porque, dijeron, era para beneficio del pueblo. Al día siguiente, la prensa local dio inicio a una campaña de desprestigio contra el Consejo Tiyat tlali, que acompaña a los inconformes, al tiempo que comenzaron a circular las amenazas contra quienes participan del descontento.
Los territorios indígenas siguen siendo el escenario donde se disputa en gran parte el futuro de México y de los mexicanos. Pero los condenados de siempre ya no están dispuestos a seguir como tales.
Fuente: La Jornada
