Los cómplices de Lozoya: impunidad y más contratos

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Por Ricardo Ravelo

Durante su paso por Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya dejó enquistada una amplia red de funcionarios y empresas aliadas que se han convertido en un lastre para la paraestatal.

Se trata de compañías que, durante la gestión de Lozoya, recibieron sumas multimillonarias en contratos asignados en forma directa y que formaron parte de un selecto portafolio de compañías preferidas del ex funcionario ahora acusado de recibir sobornos de la contratista brasileña Odebrecht desde el año 2012 para el presunto financiamiento de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

Además de los escándalos que enfrenta con el fiscal de delitos electorales de la Procuraduría General de la República (PGR), Santiago Nieto, Lozoya tendría que responder, de igual forma, por la corrupción que heredó en Pemex y cuyos protagonistas se siguen beneficiando de jugosos contratos de obra en las refinerías de la paraestatal y en el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Es el caso de la compañía Construcciones Tapia –cuyo propietario es el empresario y contratista Carlos Tapia Vargas –que durante la gestión de Lozoya provocó diversos escándalos dentro y fuera de Pemex porque, cuando no obtenía los contratos que quería en la paraestatal, recurría a la violencia y a los bloqueos de las refinerías con el único objetivo de obtener contratos o, en el menor de los casos, ser subcontratada por alguna otra compañía.

A Carlos Tapia y a los directivos de su empresa nunca les ha gustado quedarse “sin rebanada de pastel” y cuando no lo obtiene mediante sobornos disponen de una amplia red de activistas que lo mismo bloquean carreteras que suele amenazar a sus contrincantes en el negocio del contratismo para que se retiren o los subcontraten.

La historia de Tapia Vargas da cuenta de ser un personaje hábil para moverse en las aguas de la corrupción, la violencia y el chantaje. Pero su éxito estriba en sus relaciones con los hombres del poder, tan corruptos como él. Y es que de ser un simple soldador de un taller de Tula, Hidalgo, Juan Carlos Tapia se convirtió en tan sólo ocho años en uno de los nuevos empresarios del sector metalúrgico y en uno de los consentidos del sexenio de Enrique Peña Nieto.

Con dinero y poder, se abrió paso en el inmenso mundo de la corrupción institucional y fue justamente en la gestión de Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México cuando este empresario comenzó a obtener contratos multimillonarios de obra pública:  sus primeras puertas se le abrieron de la mano de la española OHL, involucrada en una ligazón de intereses corruptos del actual gobierno federal. Así comenzó a edificar su empresa Construcciones Tapia, la que más adelante pasó a ser parte del estrecho pool de compañías ligadas a Emilio Lozoya que lo mismo participaban como “relleno” en las licitaciones amañadas que obtenía contratos millonarios sin licitación de por medio.

De acuerdo con información oficial, debido a estos vínculos Construcciones Tapia y su propietario Carlos Tapia han obtenido durante este sexenio más de seis mil millones de pesos en contratos de obra pública. De la mano de Loyoza, primero, y de Odebrecht, después, la compañía se coló al primer círculo de empresas que eran las primeras en ser llamadas para atender emergencias en las refinerías del país, causando el enojo de otros empresarios que se decían con mayores derechos, antigüedad y capacidad técnica pero que se quedaban fuera de los concursos por no formar parte de la red de corrupción dentro de Pemex.

Dentro de Pemex, Juan Carlos Tapia supo tejer fino. Hábil en el arte del convencimiento, trabó relación con Carlos Treviño Medina, un panista sobreviviente del sexenio de Felipe Calderón que se ha mantenido incrustado ahora en el grupo priista.

Treviño es actualmente director Corporativo de Administración y Servicios de Pemex. Trabajó muy cerca de Emilio Lozoya y ahora es muy cercano del actual director de la paraestatal, Antonio González Anaya. Antes, Treviño fue subalterno de González Anaya en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

La relación de Tapia Vargas con Carlos Treviño se estrechó aun más a finales de la gestión de Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México. Desde entonces, Tapia ya se perfilaba para trabar varios negocios a nivel federal y se alió a Treviño por ser un amplio conocedor de los entresijos del poder y de las relaciones para obtener contratos millonarios a través de la modalidad de la asignación directa, a pesar de carecer de experiencia en labores como construcción, remodelación, mantenimiento en refinerías o en otras instalaciones de Pemex.

Pero no sólo Carlos Treviño le ha abierto las puertas a Tapia Vargas y a su empresa. En la red de vínculos también aparecen Froylán Gracia y Miguel Tame Domínguez. Este último fue director de Pemex-Refinación, un funcionario que operó bajo el mando de Emilio Lozoya.

Froylán Gracia tiene negra historia en Pemex. Durante la gestión de Lozoya se desempeñó como Coordinador Ejecutivo de la Dirección General de la paraestatal.

De acuerdo con sus antecedentes, Gracia era el responsable de diseñar las estrategias y operaciones oscuras al interior de la empresa estatal. Se le vinculó públicamente con varios hechos de corrupción, entre otros, haberle pedido veinte millones de dólares a una petrolera texana que se interesaba en participar en la ronda uno de la Reforma Energética. Froylán Gracia, además, está en la lista de funcionarios que fueron beneficiados con el reparto de sobornos de la empresa Odebrecht y que implican a Lozoya con más de diez millones de dólares a cambio de contratos.

Y precisamente Carlos Tapia Vargas le debe su fulgurante ascenso económico a esta cauda de exfuncionarios de Pemex ahora ligados a los escándalos de corrupción. A través de múltiples favores, Tapia consiguió dos contratos entre 2015 y 2016: uno por más de cien millones de pesos (DCPA-OP-SCC-SPR-CPFGA-15) y otro más por 19 millones de dólares. Ambos para realizar trabajos en la refinería de Cadereyta, Nuevo León.

Estos contratos han seguido recayendo en Construcciones Tapia, pero dentro de la paraestatal se han negado a efectuar las licitaciones por concepto de ampliaciones en los trabajos y, por asignación, se le otorgan a la compañía de Juan Carlos Tapia. Esto ha derivado en múltiples molestias de otras empresas que de ninguna manera han podido participar en dichos concursos.

Y es que para lograr estas asignaciones y continuar con las ampliaciones de los trabajos la empresa hidalguense cuenta con otros aliados: Miguel Ángel Servín, titular de la dirección de Procura y del gerente de la refinería de Cadereyta, Eduardo de la Cruz. Este último ha sido un cercano colaborador de Miguel Tame Domínguez, exdirector de Pemex-Refinación.

Protegida del sistema, la empresa de Juan Carlos Tapia no tuvo reparo en vincularse en el robo de combustibles y así entrar al competido mercado de la venta de “guachicol”.

El 10 de marzo de 2017, durante un recorrido de rutina por algunas calles de Tula, Hidalgo, la Policía Federal detectó que dentro de las instalaciones de la empresa Construcciones Tapia había una larga manguera. Tras seguir su tendido, detectaron que se trataba de una toma clandestina de combustibles que se había instalado dentro del terreno que ocupa la contratista.

Tras el hallazgo, la policía elaboró el oficio PF/DSR//CEH//GAA/P.D. 15277297 y posteriormente la indagatoria se turnó a la Procuraduría General de la República (PGR), donde duerme el sueño de los justos. La empresa jamás ha sido molestada por haber incurrido en el robo de gasolinas.

No es todo: A partir del año 2016, el consorcio Citapia y Odebrecht nuevamente saltaron a la palestra al participar en la licitación para la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuya obra se realiza ya en Texcoco, Estado de México.

En esta ocasión, la dupla conformada por Odebrecht-Citapia quedó en tercer lugar en la licitación que ganó la sociedad del Grupo Carso-Carlos Slim y la empresa ICA, que ofrecieron el mejor monto económico para adjudicarse la obra.

Sin embargo, Construcciones Industriales no quedó fuera del proyecto del nuevo aeropuerto. Hace apenas unos días se dio a conocer que la empresa española ALDESA, a través de su filial ALDESAM, subcontrató a Citapia para construir desde septiembre de 2017 la torre de control del nuevo aeropuerto de la ciudad de México.

Las empresas Aldesa y Aldesem son las compañías que se vieron involucradas en el escándalo derivado del socavón que se abrió en el Paso Express de la autopista México-Cuernavaca, donde el pasado 12 de julio dos personas perdieron la vida al caer el automóvil en el que viajaban a una profundidad superior a veinte metros.

Fue por ello que senadores de oposición solicitaron a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación investigar los contratos que se han entregado en la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en cuyo reparto aparece beneficiada Construcciones Industriales Tapia, vinculada a Emilio Lozoya y a la empresa brasileña Odebrecht.

De acuerdo con el proyecto de obra, Construcciones Industriales Tapia y Aldesem iniciaron los trabajos de la torre de control en septiembre pasado y concluirán en marzo de 2018.

Resulta inaudito que la empresa Construcciones Industriales Tapia –investigada por la PGR por robo de combustibles y no obstante que está ligada a la red de corrupción de Emilio Lozoya y Odebrecht –haya sido subcontratada para esta nueva obra del aeropuerto de la ciudad de México.

Esto indica que Emilio Lozoya no sólo goza de impunidad, sino que sigue vigente en el negocio de los contratos millonarios a través de las empresas que benefició en Pemex y que continúan gozando de privilegios en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

La corrupción, sin duda, no sólo se protege. También se premia.

Fuente: SinEmbargo

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