Por Luis Javier Valero Flores
Visto como un mercado alterno por las más grandes empresas automotrices norteamericanas -que cabildearon intensamente para que quedaran inscritas las regulaciones acerca del libre comercio de autos usados, en el Tratado de Libre Comercio- México aceptó la inclusión de gravísimas cláusulas en el TLC para la industria automotriz y la industria de autopartes, que hasta fines de la década de los 90’s del siglo pasado se desarrollaba dinámicamente, pues las regulaciones existentes hasta entonces obligaban a las empresas armadoras a que un mínimo del 60% de las partes de los vehículos armados en el país fueran de origen mexicano.
Y no eran cualesquiera, en esos porcentajes deberían contemplarse partes del eje motriz (motor, caja de velocidades, ejes, etc.) de los vehículos.
Con el TLC todo cambió. Bajaron los porcentajes nacionales, ya no se incluyó la obligación de incluir el eje motriz y la industria de autopartes desapareció. Pero el único sector que fue protegido al paso de los años fue el de los vendedores de autos nuevos en México, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles (AMDA) que logró una amplísima protección del gobierno federal, incluso por encima de las regulaciones del TLC.
El planteamiento fue sencillo, si se permitía el libre acceso de los vehículos usados, fabricados en Norteamérica, bajarían las ventas de la AMDA. La conclusión fue obvia, oponerse a la puesta en vigor del clausurado respectivo del TLC y arrancarle al gobierno la decisión de, en todo caso, que se aplicaran aranceles muy por encima de los fijados en esa regulación internacional.
De ahí los enormes costos de la regularización de “chuecos” y la permanente oposición de la AMDA a estos procesos y, también, el tortuguismo del gobierno federal para poner en vigor un proceso que pudiera regularizar a las decenas de miles de vehículos internados ilegalmente al país.
La posposición de la regularización de vehículos hasta noviembre de este año arrancó, otra vez, la molestia de los vendedores de autos nuevos que son, por puritita casualidad, los hombres de la “alta sociedad” de cualquier región y ciudad del país, las buenas conciencias, pues.
De acuerdo a las más recientes adecuaciones del TLC en esta materia, “… a partir del 1 de enero del 2013, México está obligado a no prohibir ni restringir la importación de autos usados provenientes de Estados Unidos y Canadá cuyo año modelo sea de seis o más años de antigüedad, de conformidad con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Hasta el 31 de diciembre pasado, esa misma regla aplicó para vehículos cuyo año modelo era de ocho o más años. Fuera de esta excepción, las aduanas de México imponen un arancel de 50% para quienes importen vehículos usados, muy por arriba de la tasa de 10% que deben pagar las unidades que entran en la cláusula del TLCAN”. (Nota de Roberto Morales, El Economista, 7/I/13).
Según el acuerdo internacional, los plazos son fatales y en el año 2019, sin aranceles, deberán venderse en México, como si fueran propios, todos los vehículos usados norteamericanos.
De tal manera que, a la luz de la realidad de los cientos de miles de vehículos internados ilegalmente al país, por la imposibilidad de comprar un auto nuevo, por la existencia de un sistema de transporte urbano ineficiente, de la enorme corrupción aduanal (y de otras dependencias, federales y estatales) y de un enorme mercado -el estadounidense- la puesta en vigor de medidas que resuelvan el problema pasa por muchas otras áreas del quehacer gubernamental, y deberá iniciarse con ajustarse escrupulosamente a lo señalado en el TLC: Libre circulación de las mercancías -en este caso, los vehículos- en las naciones signatarias del acuerdo y la desaparición de cualquier arancel no acordado.
Vamos, si todos los niveles de gobierno afirman que la circulación de miles de vehículos sin regularizarse eleva los niveles delictivo, si esto es cierto ¿Por qué no han actuado firmemente para poner un alto a tan “nocivo” fenómeno, precisamente ante la presencia de la peor racha delictiva de la historia chihuahuense?
Más aún, si en el comercio de vehículos usados se encuentra uno de los mejores mecanismos del lavado de dinero ¿Por qué no aplicar lo establecido en el TLC?
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