El fundador y director ejecutivo de la compañía canadiense Phantom Secure ha sido detenido y acusado de ayudar al narcotráfico mexicano a traficar drogas en todo el mundo. La clave está en los teléfonos que supuestamente le facilitó para hacer sus comunicaciones más seguras.
El director ejecutivo de una empresa que creó teléfonos ultraseguros presuntamente utilizados por algunos de los mayores criminales del mundo ha sido detenido por el Buró de Investigaciones Federales de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés).
El Departamento de Justicia arrestó la semana pasada a Vincent Ramos Bellingham, en Washington, junto a otras cuatro personas vinculadas a Phantom Secure, una compañía con sede en Canadá.
Ramos, el fundador de la firma de telefonía, es el único que, por ahora, permanece bajo custodia, según declaró el FBI en una nota de prensa emitida este jueves.
La firma está en el punto de mira por haber ganado “decenas de millones de dólares” vendiendo celulares BlackBerry modificados y personalizados para el Cártel de Sinaloa, según los investigadores.
Esta es la primera vez que la agencia gubernamental estadounidense acusa a una empresa de fabricar tecnología encriptada para el uso de delincuentes.
Los cargos incluyen crimen organizado y conspiración para ayudar a la venta de drogas. Ambos crímenes tienen una pena máxima de cadena perpetua en el país norteamericano.
“Phantom Secure fue diseñada para facilitar el tráfico de drogas en todo el mundo“, le dijo a la BBC el fiscal federal estadounidense Adam Braverman.
“Estos traficantes, incluidos los miembros del Cártel de Sinaloa, habrán usado esos dispositivos completamente cifrados para promover sus actividades de tráfico de drogas y evitar así el escrutinio de la aplicación de la ley”.
Sin cámara ni internet
Las comunicaciones a través de los teléfonos de Phantom Secure se gestionaban automáticamente a través de servidores en Panamá y Hong Kong, de acuerdo con los documentos judiciales, haciendo que los datos fueran más difíciles de rastrear.
Phantom Secure también eliminaba algunos elementos y funcionalidades clave del teléfono, como el micrófono, el GPS, las cámaras (frontal y trasera), el acceso a internet y las aplicaciones de mensajería.
También imposibilitaba las comunicaciones por voz y la grabación de video. Después, instalaba un software PGP, el cual permite cifrar cada uno de los datos.
De esa manera, el aparato servía únicamente para enviar mensajes de texto, pero de manera cifrada y ultrasegura, más aun que una BlackBerry convencional.
“Otras organizaciones”
Ni BlackBerry ni Phantom Secure quisieron hacer comentarios sobre este asunto cuando fueron preguntados por la BBC.
Los investigadores no explicaron si BlackBerry colaboró con ellos para destapar el caso. Pero Braveman asegura que BlackBerry no es la única compañía cuyos teléfonos modificados se usan para temas ilegales.
“Sabemos que hay unas cuantas organizaciones que se dedican a eso. Continuaremos investigando no solo a Phantom Secure, sino también a cualquier otra empresa de este tipo que preste dispositivos de comunicación a organizaciones criminales”, le contó a la BBC.
El abogado añadió que aunque prácticamente cualquier teléfono inteligente disponible en el mercado ofrece encriptación difícil de quebrar —además de aplicaciones de Facebook, Google y Apple— Phantom Secure debería ser considerada culpable por cómo la usan sus clientes.
“La diferencia es que esta empresa fue diseñada específicamente para ayudar al tráfico internacional de drogas”, sostiene Braveman.
“La única manera en que puedes obtener uno de esos teléfonos es si otra persona te avala“.
El fiscal estadounidense se refiere a que para que uno pueda hacerse cliente de esta empresa, otro usuario debe responder por él. Este sistema, según las autoridades, sería una manera de intentar evitar que las fuerzas policiales se apropien de los dispositivos.
Phantom Secure se define en su sitio web como “el servicio de comunicaciones más confiable del mundo”.
Sus dispositivos se venden por suscripción y cuestan entre US$2.000 y US$3.000 por unos seis meses de uso.
Los agentes estadounidenses calculan que hay unos 20.000 teléfonos modificados Phantom Secure en circulación en todo el mundo.
Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley se han sentido frustradas en repetidas ocasiones por cómo tecnología encriptada dificulta el acceso a las comunicaciones entre sospechosos.
En 2016, Apple se negó a proporcionar una herramienta para permitirle al FBI desbloquear un teléfono que perteneció a Syed Rizwan Farook, un hombre acusado del tiroteo masivo en San Bernardino, California, en el que murieron 14 personas.
En un comunicado, un vocero del FBI reiteró la preocupación de la agencia de que los delincuentes puedan “pasar desapercibidos” y esconderse detrás de tecnologías sofisticadas.
“Cuando los criminales se refugian en la oscuridad y las fuerzas del orden no pueden monitorear sus teléfonos o acceder a las pruebas, los crímenes no pueden ser resueltos y eso puede resultar en vidas perdidas”.
En cambio, los activistas por la privacidad argumentan que eliminar o simplemente debilitar el cifrado supondría un riesgo en cuanto al robo de datos y la vigilancia, no solo para los delincuentes, sino para todo el mundo.
