Un grupo de policías igualtecos de élite formaban una banda de choque que trabajaba para Guerreros Unidos. De acuerdo con testimonios e indagatorias oficiales conseguidos por Proceso, en septiembre pasado este comando tuvo una participación clave en el ataque contra los estudiantes de Ayotzinapa, 43 de los cuales fueron víctimas de desapariciones forzadas. La noche de la agresión y a la vista del Ejército, estos hombres obligaron a los normalistas a bajarse de los autobuses en los que se transportaban.
Así se hacían llamar los policías de élite de Iguala que formaban parte del Cártel de Guerreros Unidos y, con armas prohibidas por su alto poder, controlaban las entradas y salidas de Iguala, fueron responsables de las extorsiones masivas, detenciones ilegales, desapariciones de personas y asesinatos perpetrados durante el mandato de José Luis Abarca y misteriosamente tolerados por los militares del 27 Batallón de Infantería con sede en esa ciudad.
A pesar de que está probada su participación en el asesinato de los normalistas de Ayotzinapa y en la desaparición de los 43 estudiantes ocurrida la noche del 26 de septiembre —eran los encapuchados que vestían de negro y usaban armas potentes—, la mayoría de sus integrantes están libres y viven todavía en esa ciudad.
Las declaraciones que varios de los detenidos han rendido ante funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) dan pistas sobre cómo operaban, cuánto les pagaban, quiénes son algunos de los líderes y las armas que accionaron la noche que los estudiantes fueron cazados como animales o desaparecidos. Según la versión que tiene la PGR fueron policías de Iguala y de Cocula quienes entregaron a los normalistas a los miembros de Guerreros Unidos para que ellos los asesinaran, calcinaran y desaparecieran los cuerpos.
Aunque Iguala está bajo resguardo de la Gendarmería de la Policía Federal, pronunciar el nombre de este grupo de narcopolicías sigue prohibido en la ciudad. El trauma no ha pasado, los culpables siguen libres.
LOS PINTOS
Este grupo de élite no fue creado con José Luis Abarca, alcalde de Iguala cuando el ataque. Comenzó dos administraciones antes, durante el gobierno municipal de Antonio Jaimes, quien lo heredó a Raúl Tovar. Este grupo de acción inmediata usaba un uniforme camuflado gris, similar al del ejército, por eso la gente les apodaba Los Pintos. Al mando estaba un hombre llamado Jesús Castro.
Durante la administración de Abarca (de 2012 a octubre de 2014) las desapariciones sumaron 110 personas, según un registro de la PGR, aunque las organizaciones de familiares señalan que las víctimas son muchas más.
Varias veces —según los familiares de víctimas— la gente era detenida en los “filtros”, como les llaman a los retenes ilegales que “Los Bélicos” instalaban en las tres entradas a Iguala, a la vista y con el permiso de los militares. A partir de ese momento no se volvía a saber nada.
Según el familiar de un desaparecido por un comandante de “Los Bélicos” (por su seguridad no se menciona su caso), el grupo lo integraban policías que estaban en la nómina del ayuntamiento y civiles que también usaban uniformes y coordinaban la actividad en los “filtros”. Quienes eran sospechosos de ser parte de algún grupo rival lo pagaban caro.
ATERRORIZADOS
La percepción generalizada entre los igualtecos es que todos los policías tenían a los ciudadanos aterrorizados por aplicar una abusiva ley que les permitía encarcelar a cualquier persona encontrada con una bebida alcohólica en la calle (aunque no estuviera abierta). La “mordida” para salir en libertad podía ser de 500 pesos o más.
Un político local consultado sobre este grupo, después de cerrar la puerta de su oficina, menciona: “Los famosos Bélicos son los que manejaba el hermano de ella (se refiere a María de los Ángeles Pineda, la esposa de Abarca). Eran policías con patrullas y todo, pero operaban en las noches con capuchas. Agarraban a gente y les daban una hora para juntar 10 mil pesos y si no…”. Guarda silencio.
“Los Bélicos” usaban camionetas último modelo, como las que Abarca pretendía mostrar en su segundo informe de gobierno, el cual no se realizó porque se fugó tras el escándalo por la desaparición y muerte de los normalistas —y cuando se descubrió que Iguala era un narcomunicipio.
A “Los Bélicos” —grupo de Guerreros Unidos infiltrado en la policía— se le adjudica la desaparición de siete agentes municipales, entre ellos el del propio director, Abraham Alemán García; también el ataque y secuestro —en patrullas clonadas— de policías de Teloloapan, con quienes tenían disputas.
‘CALENTADITAS’
Se encargó también de llevar a cabo la “purga” que Abarca emprendió contra todos sus opositores, pues quienes lo criticaban públicamente aparecían muertos, eran desaparecidos, recibían “su calentadita” o eran “llevados de paseo” como advertencia.
El ex dirigente perredista Francisco López Liborio fue uno de los pocos que salió vivo de la comandancia de la policía después de que fuera “levantado” y torturado por policías municipales encapuchados. Lo rescató el ejército. Sin embargo, este líder, que se oponía abiertamente a la reinstalación de la Policía Municipal de Iguala, fue asesinado el pasado martes 9. En la ciudad se rumora que lo asesinaron como castigo.
Entre noviembre y diciembre también hubo varias marchas ciudadanas de familiares de personas desaparecidas que suplicaban que la policía municipal no fuera reinstalada. El gobernador Rogelio Ortega se comprometió a ello, pero incumplió su palabra: 89 fueron reinstalados.
La noche del 26 y 27 de septiembre, “Los Bélicos”, junto con policías municipales que no eran de élite y los aliados de Guerreros Unidos, atacaron a los estudiantes.
Las bitácoras que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregó a Proceso vía la Ley de Transparencia (folio 0000700019715) muestran que personal militar estuvo al tanto del ataque cometido contra los normalistas y que conocían el modus operandi de “Los Bélicos”.
EN LA NÓMINA DEL CÁRTEL
De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Abarca tenía en la policía a “100 elementos armados” que no habían sido sometidos a exámenes de control de confianza, como obliga la ley, reportó La Jornada el 5 de diciembre pasado.
Según algunos de los detenidos, los jefes de las corporaciones policiacas de Iguala y de Cocula cobraban en la nómina paralela de Guerreros Unidos. Hasta marzo pasado la PGR había detenido a 104 personas —entre ellas 48 policías municipales de Iguala y 16 de Cocula— acusadas de haber participado en el ataque.
Una fuente al interior de los grupos de seguridad mencionó que policías de Tepecuacuilco y Huitzuco participaron en la agresión contra el autobús de Los Avispones —al mismo tiempo que sus colegas atacaban a los de Ayotzinapa—, pero no se les ha investigado. Guerreros Unidos tiene bajo control a los cuerpos policiacos de Iguala, Huitzuco, Tepecuacuilco, Taxco y Cocula. Las órdenes se dan desde Iguala.
Otro dato: el general Alejandro Saavedra Hernández, comandante de la 35 Zona Militar de Chilpancingo y responsable del 27 Batallón de Infantería de Iguala —ascendido tras la desaparición de los 43 estudiantes— fue quien impuso al jefe de policía de Cocula: el ex militar Salvador Bravo Bárcenas, detenido por los hechos de Iguala. Su segundo era el ex militar César Nava, quien había sido acusado ante el 27 Batallón por sus presuntos nexos con el cártel, pero se le dejó operar.
Proceso tuvo acceso a algunas de las declaraciones contenidas en la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/816/2014, donde policías y empleados de Guerreros Unidos hablan sobre este grupo policiaco. Muchas “confesiones” fueron obtenidas mediante tortura, como ya es conocido, por lo que se advierte al lector que algunos de los señalamientos mostrados a continuación pudieron haber sido fabricados por las autoridades.
Las armas más comunes entre estas personas eran los fusiles Beretta y HK —esta última es un arma de asalto hecha en Alemania e introducida de manera ilegal a México por su fabricante: la empresa Heckler & Koch.
LA NARCOPOLICÍA QUE SE VISTE DE UNIFORME
Un empleado de Protección Civil, quien fue interrogado como testigo, mencionó que él se encargaba de coordinar halcones y de pedir la participación de policías municipales conocidos como “Los Bélicos”.
A su vez, Osvaldo Ríos Sánchez (El Gordo), detenido en el centro de Cuernavaca, supuestamente confesó haber participado en el asesinato de los estudiantes junto con miembros de Guerreros Unidos y policías de Iguala apodados “Los Bélicos”.
En su declaración el presunto sicario Martín Alejandro Macedo Barrera mencionó que fue vendedor de drogas y trabajaba para “El Chuky” en una célula que estaba también integrada por un agente municipal de nombre Fausto Bruno Heredia.
Entre los detenidos también hubo algunos que admitieron formar parte de “Los Bélicos”. Sin embargo, se defendieron argumentando que era un mero grupo de reacción rápida que atendía las denuncias ciudadanas. Algunos señalaron que dejó de existir poco antes de septiembre del año pasado.
El ex militar y policía municipal tripulante de la patrulla 007, Honorio Antúnez —quien el día del ataque estuvo en un curso de profesionalización en el cuartel de la policía estatal, según su dicho— mencionó ante la PGR que el grupo de reacción inmediata de la Secretaría de Seguridad Pública de Iguala conocido como “Los Bélicos” “está al servicio de Guerreros Unidos”.
SIGUEN SUELTOS
Sobre Ignacio Aceves, comandante de reacción de Cocula, y su escolta Óscar Rodríguez “El Oscarín”, dijo que recibían órdenes del subdirector operativo de la Policía de Iguala, Francisco Salgado Valladares. De acuerdo con varios señalamientos, él quedó al mando de “Los Bélicos” tras la desaparición del comandante Abraham.
El detenido mencionó que otro policía le contó lo ocurrido entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre: “Que (los normalistas) fueron trasladados a los patios de la comandancia de la Policía Municipal en donde fueron entregados al juez de barandilla de nombre Ulises Bernabé García, que se le dice ‘El Gay’, quien los entregó a los sicarios de Cocula, a los de Protección Civil y a elementos del grupo de reacción inmediata también conocida como ‘Los Bélicos’, entre los que se encuentran Francisco Salgado Valladares, director de Seguridad Pública, quien tiene a su mando a los elementos, el comandante Héctor Aguilar alias ‘El Chombo’, quien es el segundo de a bordo de la célula de Valladares (…) trasladaron a algunos estudiantes a la localidad de Cocula, (…) es sabido que las personas que levantan son entregadas a la patrulla 006 de Cocula”.
En otros testimonios, en cambio, se señala que los estudiantes fueron divididos en grupos.
Un entrevistado afirma, siempre en voz baja, siempre con miedo: “No entendemos por qué la PGR no fue por todos. Ellos siguen sueltos, siguen operando, están aquí”.
Fuente: Proceso
