Por Peter Watt/ Znet
Los intentos de rescatar el brutal pasado de amnesia histórica e indiferencia han sido un inmenso desafío para los activistas por los derechos humanos y las víctimas de la represión política de Argentina, Guatemala, El Salvador, Chile, Paraguay y Uruguay, y ha tardado décadas de persistencia y acción directa para llevar ante los tribunales a los responsables por crímenes del pasado.
Uno se pregunta cómo futuros activistas enfrentarán a los asesinos, torturadores, políticos y banqueros de la guerra de la droga en México. ¿Enfrentarán, por ejemplo, los hombres y mujeres respetables de la industria bancaria internacional, que posibilitan la carnicería y el caos lavando miles de millones de dólares de dinero de los cárteles, algún día sentencias de cárcel por su complicidad activa en una de las industrias criminales más violentas del planeta?
El conflicto en México, que actualmente hace que personas desaparezcan y sean asesinadas a un ritmo más rápido incluso que el empleado por la junta militar argentina para eliminar disidentes, o el que el ejército de Guatemala pudo imponer durante su genocidio, es contrastado con la indiferencia de los beneficiarios con la droga. Son las elites anónimas del sector bancario corporativo internacional quienes facilitan este horrendo negocio, lavando el dinero y enriqueciéndose espectacularmente con el caos y la miseria del país.
Inmediatamente después que el ex presidente Felipe Calderón comenzara a librar una guerra contra el crimen organizado en 2006, la cantidad anual de homicidios en México comenzó a subir exponencialmente. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) del gobierno mexicano registró la asombrosa cantidad de 95.632 homicidios entre 2007 y 2011. En 2012, los cálculos sugieren que cerca de 27.700 personas fueron asesinadas en México como resultado de la guerra contra la droga. De esos asesinatos, un 98,2% sigue sin ser resuelto.
Como señala el poeta y activista por la paz Javier Sicilia, cuyo hijo fue asesinado por sicarios de un cártel, “la justicia es la excepción, la impunidad es la norma”. Un desesperado editorial en Le Monde colocó lo que llama “la espiral de la barbarie” de México entre los conflictos más violentos del planeta. Durante todo ese tiempo, sin embargo, a los bancos les ha ido extremadamente bien.
Si hubiera una estrategia seria en la guerra contra la droga, los gobiernos de EE.UU. y México investigarían las decenas de miles de asesinatos y desapariciones no resueltas. Un aspecto concomitante de una estrategia semejante perseguiría judicialmente y arrestaría a banqueros criminales de cuello blanco de alto nivel que lavan los fondos, permitiendo así que los cárteles prosperen. En el caso de banqueros criminales internacionales de alto nivel, la tasa de enjuiciamiento es casi nula.
La guerra contra las drogas –como su equivalente, la guerra contra el terror– promete un nebuloso parque temático más allá del arcoíris en el cual familias trabajadoras y humildes emprendedores tendrán éxito y realizarán sus sueños mediante decisiones honestas y determinación. Por el momento sin embargo, a fin de vencer, se dice, el Estado debe primero librar la guerra contra los que quieren hacer daño.
Pero la guerra es una estafa, por la simple razón de que los grupos que se benefician del conflicto no tienen interés en ver su fin. En un mundo cuyas únicas reglas son las del beneficio y del mercado, la paz y la igualdad tienen pocas esperanzas. Los bancos, las industrias de armamentos y las organizaciones criminales transnacionales comparten una visión del futuro y no se parece en nada a la sonrosada versión de relaciones públicas del paraíso ofrecida por políticos a ambos lados de la frontera.
Esta guerra tiene solo que ver con poder, dinero, y territorio, un fundamentalismo bastante diferente, aunque igualmente maligno, de las Guerras Sucias Latinoamericanas de los años sesenta y setenta. Tiene que ver con el triunfo eventual y absoluto del mercado y su extrema indiferencia ante la multitud de horrendas consecuencias socio-económicas de la guerra. Es tal vez la más elocuente, pero absurda, expresión del capitalismo neoliberal, en su cénit más flagrante, consumista y destructivo.
Un aluvión de sorpresa mediática fingida y de sorpresa política simulada tiene lugar cada vez que se atrapa a un banco internacional lavando miles de millones de dólares por cuenta de los sindicatos mexicanos del crimen, pero no es suficientemente persistente ni prolongada para generar un escrutinio cercano.
En 2010, Wachovia, parte del grupo Wells Fargo, llegó a una componenda con autoridades federales estadounidenses y pagó una multa de 110 millones de dólares después de investigaciones de las sistemáticas actividades de lavado de dinero del banco. Además, el banco no ha aplicado controles apropiados de lavado de dinero a giros bancarios que totalizaron unos 378.400 millones de dólares, equivalentes a un tercio del PIB de México. La multa representaba cerca de un 2% de los beneficios anuales del banco. Crucialmente, nadie fue a la cárcel.
Y en 2012, después de un informe del Senado, el Departamento de Justicia de EE.UU. estableció que el gigante bancario británico HSBC había violado la Ley de Secreto Bancarios, la Ley de Comercio con el Enemigo, y la Ley Patriota de EE.UU. en múltiples ocasiones. La actividad más seria y flagrante del banco fue su cooperación en negocios con el cártel de Sinaloa.
La multa al HSBC de 1.900 millones de dólares fue la mayor en la historia de los bancos, pero a pesar de ello solo representa beneficios de unas cinco semanas – difícilmente una inmensa mella en un margen extremadamente saludable. Mientras tanto, las cuentas bancarias personales de los individuos involucrados en actividades criminales emergieron intactas. A fin de restaurar su margen de beneficios anterior, la cuenta la pagaron los accionistas del banco, inversionistas, fondos de pensiones, y titulares de cuentas bancarias. De nuevo, nadie va a la cárcel.
En una ilustración adecuada de la naturaleza clasista de la guerra de la droga, el entonces Fiscal General Adjunto de EE.UU., Lanny Breuer, afirmó, después de la investigación del Senado, que la multa –de la cual las partes culpables no pagaron ni un centavo– era mejor que las “consecuencias colaterales” del enjuiciamiento de loa banqueros.
Después de las muertes y desapariciones de más de 120.000 personas en México y “daño colateral” equivalente a 43,5 veces la cantidad de personas muertas en Nueva York el 11 de septiembre de 2001, la principal preocupación de Breuer era la situación difícil de los mismos banqueros que supuestamente habían lavado miles de millones de dólares por cuenta de conocidos terroristas y capos de cárteles.
Breuer justificó la indulgencia mostrada a los banqueros citando un recién descubierto amor a los pobres e invocando el masivo desempleo que incuestionablemente tendría lugar si los tribunales encerraban a un puñado de criminales de la clase alta. Si se revocara la licencia del banco, era su lógica, miles de personas perderían sus puestos de trabajo. En este caso, el Departamento de Justicia de EE.UU. estuvo más que dispuesto a hacer una excepción, por temor de desestabilizar lo que Breuer considera, de otro modo, un estable sector bancario estadounidense.
Nada afecto a la ironía, Breuer señaló: “hoy en día tenemos que evaluar que gente inocente enfrentará consecuencias muy graves si se toma una decisión” – un comentario que es poco probable que reconforte a los cientos de miles de personas en México y otros sitios que han sido directamente afectados por la conducta criminal del banco.
El Ejecutivo Jefe del Grupo HSBC, Stuart Gulliver, mientras tanto se mostró “profundamente compungido” por “esos errores del pasado”, una declaración que parece haber satisfecho al Departamento de Justicia. Por lo menos en EE.UU., a pesar de toda la complicidad gubernamental con el corrupto sector bancario, hubo un cierto reconocimiento público de malevolencia y una exhaustiva investigación por el Senado de EE.UU.
Por otra parte, la Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido (FSA) –donde se encuentra la sede central del HSBC, después de todo – no pudo realizar una investigación por actividad ilegal. Además, el ex Director Ejecutivo de HSBC, Lord Stephen Green, actual ministro de Comercio del primer ministro David Cameron, evitó preguntas difíciles al rechazar pedidos de entrevistas con los medios ingleses que supuestamente revelan escándalos.
Los casos de Wachovia y de HSBC apenas tocan la superficie de un problema global en el cual numerosos gigantes bancarios buscan diligentemente activos líquidos, no importa cuál sea el origen. El que los bancos obtengan miles de millones de dólares en ingresos del crimen organizado en medio de la más profunda recesión económica global en décadas es indicador del pésimo historial del capital no regulado y sus horrendas consecuencias sociales. Los gobiernos occidentales rescatan a los bancos más ricos y poderosos del mundo con miles de millones de dólares de dineros públicos mientras simultáneamente demuelen y privatizan servicios y programas públicos.
La multimillonaria industria criminal en México no hubiera logrado su poder si no fuera por la cooperación del sector bancario. La activa complicidad de los respetables hombres y mujeres de las elites políticas y empresariales –gente que, a pesar (o tal gracias a) sus grados de Oxford, Cambridge, Harvard, y Princeton, su aculturizado aire de respetabilidad y superioridad, y su acceso al poder político y económico– se encuentra al centro de la inherente corrupción amoral y la indiferencia ante el sufrimiento humano del capitalismo tardío.
* Peter Watt enseña Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Sheffield. Es co-autor del libro Drug War Mexico. Politics, Violence and Neoliberalism in the New Narcoeconomy (Zed Books 2012).
Fuente: http://www.zcommunications.org/mexicos-blood-banks-by-peter-watt
Traducción: Germán Leyens para Rebelión
