Entrevistada en su despacho de Bogotá, la exfiscal Ángela Buitrago reitera a Proceso que hubo línea de “muy arriba” para obstaculizar la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Los últimos cuatro meses hubo una cerrazón de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Gobernación y de los militares. Sin embargo, dice, ella y sus compañeros indagaron en varias líneas que aún están pendientes de resolver, entre las que destacan el misterioso “Patrón” de Huitzuco y otros personajes de ese municipio guerrerense.
Por Rafael Croda/ Proceso
Bogotá, Colombia— La ex fiscal colombiana Ángela Buitrago creía que los furiosos ataques de la extrema derecha colombiana dirigidos en su contra la década pasada —por investigar a militares involucrados en graves violaciones a los derechos humanos— le habían dejado la piel lo suficientemente dura.
Pero su trabajo durante 13 meses en México como integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en torno al caso Ayotzinapa le demostró que no era así; supo también que sus investigaciones podían desatar reacciones aún más virulentas que las que enfrentó en Colombia.
“En México hay francotiradores en la prensa que tiran a matar; son muy duros. Son contratados (por las autoridades) y (publican notas y reportajes) sesgados. Están hechos para eso: para pegarte un tiro con mentiras y tergiversaciones”, sostiene.
Hace dos semanas ella y los otros cuatro integrantes del GIEI divulgaron en la Ciudad de México su segundo y último informe sobre los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, y aún no se ha desprendido del todo de esa investigación. “Quizá nunca logre hacerlo”, comenta.
Todavía le dan vueltas en la cabeza las diligencias y las líneas de investigación inconclusas, los obstáculos que le pusieron al GIEI la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Gobernación —las instituciones coadyuvantes— a partir de enero.
“Fue una experiencia muy dramática desde el punto de vista humano porque hay 43 familias que no tienen respuesta sobre lo que pasó con sus hijos. Eso es muy duro. Son víctimas que no han tenido ni verdad ni justicia. El Estado las oye, pero no las escucha”, dice a Proceso la ex fiscal en su despacho de abogada penalista en el centro de la capital colombiana.
Para Buitrago no hay duda de que los obstáculos a la investigación del GIEI fueron por instrucciones del gobierno mexicano “que venían de niveles muy altos”.
Funcionarios de la PGR y de la Secretaría de Gobernación con quienes se quejaba del entorpecimiento a las labores del grupo le decían: “Es que no me dejan”… “no puedo hablar”.
Sus compañeros del GIEI comenzaron a notar “una cerrazón” por parte de la PGR a sus solicitudes de diligencias desde enero pasado, asegura. Les daban largas, excusas administrativas —”no hay presupuesto”, les decían— o los citaban con una hora de antelación a interrogatorios que llevaban semanas pidiendo y a los que les resultaba imposible llegar.
“Había personas que querían hacer las cosas, pero había otras que no dejaban. Eran órdenes de muy arriba. No sé de quién. Órdenes muy, muy, muy fuertes”, reitera Buitrago.
Le resulta difícil determinar si en las altas esferas del gobierno de Enrique Peña Nieto había un interés por encubrir a eventuales implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, o por mantener “a como dé lugar” la tesis de la incineración de los cuerpos en el basurero de Cocula.
EL ‘PATRÓN’ DE HUITZUCO
Pero lo que sí tiene claro es que desde enero, cuando el GIEI intentó profundizar en tres nuevas líneas de investigación (Pueblo Viejo, Mezcala y Huitzuco), “notamos que hay la intención de que no avancemos y de que no se pregunte lo que se tiene que preguntar a muchos testigos”.
—De esas tres líneas de investigación, ¿cuál fue la que más previno a la PGR? —se le pregunta a la ex fiscal.
—Donde más cerrazón hubo fue en Huitzuco. Hay una declaración que nos dice que llegaron patrullas de la policía de ese municipio al Puente del Palacio de Justicia de Iguala para “llevarse a los muchachos” (14 normalistas) que iban en el autobús Estrella de Oro 1531. Y un policía municipal le dijo a un policía federal: “Se los van a llevar a Huitzuco, allá que el ‘Patrón’ decida qué va a hacer con ellos”. Hasta ahí pudimos llegar.
—Entonces los obstáculos de la PGR comenzaron cuando ustedes apuntaron hacia el “Patrón” de Huitzuco.
—Puede ser que la Procuraduría se haya cerrado por eso. Si tú dices que a los muchachos del autobús del Palacio de Justicia se los llevaron a Huitzuco, son 14 muchachos que no fueron al basurero de Cocula, sino que están en otro lado y que hay algo con el “Patrón”.
—¿Ustedes lograron establecer quién era el “Patrón” de Huitzuco?
—Creo que ya sabemos quién es. Pero mientras no lo demuestre con pruebas, no lo puedo decir.
—¿Por eso les obstaculizaron la investigación en la PGR, para que no llegaran a identificar con evidencias al “Patrón”?
—Ese es el tema. O lo pararon porque ya íbamos demostrando que definitivamente no había sido el basurero donde desaparecieron a los muchachos —como lo dijimos desde el principio—, o porque la línea es muy sensible frente al tema del “Patrón” de Huitzuco.
—Hasta donde pudo establecer, ¿este “Patrón” es un capo de los grupos delictivos de Huitzuco, un jefe policiaco o algún cacique local?
—En el momento que empezamos a abrir esa línea empezó a cerrarse todo. Apunta hacia alguien en particular, sí. Pero como no pudimos confirmarlo, ahí se cerró la posibilidad… por ahora. Hay muchas cosas que se pueden seguir haciendo con las medidas de seguimiento.
—¿La confirmación apuntaba hacia un sector político local?
—Puede ser un poder local que tiene una vinculación alta a nivel federal.
Fuente: Proceso
