La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) subrayó que la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa “no es sólo una herida abierta, también es un símbolo de las desapariciones en México”, y lamentó que las autoridades del país sigan defendiendo la llamada “verdad histórica”, según la cual los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula.
En un comunicado con motivo con motivo del cuarto aniversario de la desaparición de los estudiantes, el organismo subrayó que dicha hipótesis “es insostenible”, ya que “sus deficiencias e inconsistencias han sido expuestas” por diversas entidades internacionales, entre ellas el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Equipo Argentino de Antropología Forense y Forensic Architecture.
Por otro lado, la ONU-DH recordó como en su informe “Doble Injusticia” documentó el uso de métodos ilícitos en las investigaciones y un Tribunal Colegiado con sede en Tamaulipas constató un “cuadro manifiesto de graves irregularidades” en las investigaciones.
A ello se suma el informe del Mecanismo de Seguimiento de la CIDH, el cual presentó una larga lista de pendientes, incluyendo la falta de esclarecimiento del rol de varias fuerzas federales en los hechos.
Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) comprobó que la identificación de un supuesto perpetrador clave -al que se le mantiene hasta hoy injustamente privado de su libertad- es equivocada.
“Se trata de una verdadera sinergia de voces, una sólida acumulación de evidencias en contra de la narrativa oficial. Preocupa que la respuesta del Gobierno se haya enfocado en reiterar lo insostenible e intentar acallar o desprestigiar las voces de quienes han cuestionado la versión oficial” destacó Jan Jarab, representante de la ONU-DH.
“Resulta inusitado que el Gobierno haya promovido más de 200 impugnaciones en contra de la histórica y garantista sentencia del Tribunal Colegiado, hoy confirmada por el mismo órgano jurisdiccional federal, cuyos alcances deben observarse plenamente”, añadió el especialista.
Por todo ello, la ONU-DH enfatizó que la determinación de las familias de las víctimas de Ayotzinapa merece ser reconocida ampliamente.
“Son cuatro años de portar una dolorosa carga con entereza. Su exigencia firme de justicia ha sido una fuente de inspiración en medio de un camino pedregoso que han sabido transitar con dignidad”, dijo Jarab.
La ONU-DH saludó las señales del Gobierno entrante que apuntan a construir con las familias y las organizaciones que les acompañan una ruta de trabajo que permita rediseñar una estrategia tendiente a materializar la justicia y la verdad.
“El caso Iguala es de tal envergadura que si se reconduce la investigación, se establece el paradero de los estudiantes desaparecidos, se determina conforme a derecho la responsabilidad de todos los actores, incluidas las corporaciones de seguridad presentes en la trágica noche de Iguala, y se repara de manera integral a las víctimas, el impacto positivo no sólo será para las personas directamente afectadas, sino también para el combate de las desapariciones en su conjunto”, manifestó el organismo.
