Los tres poderes de la Unión –Ejecutivo, Legislativo y Judicial – iniciaron los trabajos para una reforma de fondo de procuración e impartición de justicia con el objetivo de que los mexicanos vuelvan a confiar en las instituciones que lo integran y acabar con la corrupción, el nepotismo y la impunidad.
En la antigua sede del Senado, en Xiconténcalt, el presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, destacó que se trata “de un hecho histórico” con el que inicia un diálogo institucional entre poderes hacia una reforma integral en materia de justicia.
Aseveró: “somos percibidos, a veces injustamente, como un poder lejano desconectado de la realidad, ajeno a los sentimientos del pueblo, preocupados sólo por administrar sus privilegios y que se escuda en la independencia para no rendir cuentas. En su autocrítica el presidente de la Corte sostuvo que esto se ha debido, “en gran medida, al fenómeno generalizado del nepotismo y a los casos de corrupción que, si bien están focalizados tienen hondas raíces y un profundo impacto”.
En este diálogo se presentó la Reforma Con y Para el Poder Judicial en donde el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, sostuvo que con estas reformas , se sentarán las bases para asegurar hacia el futuro un mejor acceso a la justicia para todos los ciudadanos, sin distinción alguna, a través de la impartición de justicia más cercana a las personas que garanticen sus libertades e igualdades .
En seguida anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador que enviará al Congreso de la Unión un paquete de reformas constitucionales para reducir la impunidad, la corrupción y mejorar la capacidad del Estado de impartir justicia y alcanzar la igualdad y la paz social.
Las reformas que propondrá son en primer lugar Reforma al artículo 73, fracción XXI que confiere facultades al congreso federal para expedir varias leyes de carácter general, Código Penal único que permitirá contar con una norma homologada, con aplicación en todo el territorio nacional y que garantice un trato idéntico a las mismas conductas punibles, situación que no se presenta actualmente como consecuencia de la multiplicidad de códigos penales en las entidades federativas.
Además se deja la libre autodeterminación de las entidades federativas, la tipificación de los hechos relacionados con el aborto, la interrupción del embarazo y la eutanasia. La expedición de este código permitirá tener la destitución única de las conductas que constituyen delito en todo el territorio nacional, su gravedad, sanciones, medidas de seguridad y la eliminación de criterios jurisprudencia les contrarios.
Asimismo, Scherer anunció que se propondrá que las autoridades federales conozcan de los delitos en que incurren los servidores públicos de las instituciones policiales, de las entidades federativas y de los municipios que infrinjan los principios establecidos en el párrafo noveno del artículo 21 de la Carta Magna.
Por otra parte propondrá una Ley General sobre equipos penales para prevenir y sancionar los delitos de alto impacto, como el secuestro, desaparición forzada de personas y otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, delincuencia organizada, tortura y delitos electorales.
Asimismo se propondrá la expedición de una ley para homologar los procedimientos de procuración de justicia, con base en los principios de colaboración, cooperación, concurrencia y auxiliaridad.
También propondrán la creación de un Registro Nacional de Carpeta de Investigación y las bases de atracción de los casos entre Ministerio Público y entidades federativas. Reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para dar facultades a la conferencia nacional de procuración de justicia, para fijar criterios y evitar lineamientos de actuación que faciliten y mejoren la consignación de las carpetas de investigación.
El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, reconoció datos abrumadores y destacó que las circunstancias son las más críticas en muchos años.
Reconoció que tiene la convicción absoluta de la necesidad de un cambio fundamental en la procuración y la impartición de justicia.
Planteó como una fecha de la reforma que esté antes del 18 de enero próximo porque la Fiscalía tiene que tener sus propios estatutos y su propia Ley Orgánica para ese entonces. Refirió que de acuerdo con la última estadística del INEGI en el último año se han convertido cerca de 33 millones de delitos, de los cuales el 99 por ciento han quedado impunes. “Si esto no nos mueve a una decisión de fondo y a un compromiso verdaderamente patriótico para sacar adelante esta situación no va haber un buen futuro para nuestro país.
Por su parte el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, subrayó que en momentos cruciales y en situaciones clave, no estuvieron a la altura de las responsabilidades y competencias que les correspondían como garantes del respeto y al protección de los derechos humanos y de la democracia formal y sustantiva que exige una ciudadanía de derechos.
Citó “capítulos negros instrumentados desde el poder, como la represión y las matanzas de 1968 y 1971; los fraudes electorales de 1988 y 2006; casos como el de Lydia Cacho, la Guardería ABC, Atenco y Ayotzinapa; la práctica institucionalizada de la tortura y desapariciones forzadas.
“La impunidad generalizada ante estos sucesos describe a cabalidad la ausencia de un poder judicial sólido, que debió ejecutar la más amplia acción correctiva de todo el sistema político”.
Reconoció “la actitud del presidente de la Corte. Su autocrítica. Su valentía de aceptar que ha habido casos que tienen que resolverse y atenderse” y ahí, ante los tres poderes de la unión, Monreal dijo que en esta legislatura “tenemos la responsabilidad histórica de elaborar, proponer y de acordar con ustedes el andamiaje normativo para favorecer los jueces se dirijan con absoluta visión de igualdad e inclusión, justicia social, protección especial a grupos en situación de vulnerabilidad, paridad de género, máxima publicidad de información, y por su puesto, el derecho a al verdad”.
Fuente: La Jornada
