Por Pierre Charasse
François Hollande cumple el 22 de agosto sus primeros 100 días como presidente de Francia con el apoyo de una mayoría absoluta del Partido Socialista en la Asamblea Nacional. Curiosamente, con una victoria tan abrumadora no se produjo el estado de gracia que conoció François Mitterrand en 1981 y en 100 días la popularidad del nuevo presidente cayó a 46 por ciento.
En medio de la mayor crisis europea una de las medidas emblemáticas exigidas por François Hollande a Alemania y a la UE fue la renegociación del último tratado europeo, que imponía estrictas medidas de austeridad. En la cumbre europea del 29 de junio el nuevo presidente no alcanzó este objetivo pero logró la creación de un fondo de 130 mil millones de euros (uno por ciento del PIB europeo) para reactivar proyectos de crecimiento. La postura de François Hollande creó muchas expectativas en Europa sin introducir cambios mayores en la política de austeridad promovida por Alemania.
El 3 de julio, el primer ministro presentó su programa de gobierno y ganó el voto de confianza de la Asamblea Nacional. Hizo un diagnóstico lúcido de la situación de Francia: su modelo de bienestar social y los servicios públicos están amenazados. Para revertir los efectos de la crisis, el primer ministro anunció una serie de medidas con un fuerte contenido social. Pero la consigna del presidente era de hacer todas las reformas necesarias sin salir de las normas europeas, o sea, reduciendo el déficit publico de 4.5 por ciento a partir de 2012 para alcanzar el equilibrio presupuestario en 2017. Parece ser la cuadratura del círculo, y la única manera de realizar el programa del gobierno es aumentar los impuestos.
De hecho, el Parlamento aprobó en julio una ley de presupuesto con cambios realmente importantes: aumenta la presión fiscal sobre las clases más ricas y las grandes empresas, y se crea un impuesto de 0.2 por ciento sobre las transacciones financieras internacionales, medida apoyada por nueve países de la UE. Numerosas medidas están destinadas tanto a los jóvenes, para favorecer su inserción en la vida profesional, como a los mayores, particularmente con el restablecimiento de la jubilación a partir de los 60 años para algunas categorías. Para confirmar su voluntad de diálogo con todos los sectores de la sociedad el gobierno convocó una gran conferencia social los días 9 y 10 de julio, reuniendo en una misma mesa a todos los actores sociales: sindicatos, empresas, organismos profesionales y patronales, para definir una hoja de ruta aceptada por todos para emprender las grandes reformas que necesita el país.
En su comparecencia ante el Parlamento, el primer ministro reiteró su fe en el proyecto europeo. Durante muchos años, los gobiernos socialistas participaron muy activamente en la construcción del edificio europeo y la creación del euro. De hecho, el gobierno socialista acepta la tutela de la Comisión Europea, del BCE y del FMI sobre su política como es ahora la regla, y aprueba la integración creciente del sistema bancario (o sea, un federalismo financiero), verdadera unión bancaria y monetaria.
En política exterior, el canciller Laurent Fabius no anunció ningún cambio significativo. El único cambio importante es la retirada de la tropas francesas de Afganistán antes de fin de año, lo que fue muy bien recibido por la opinión pública. En varias ocasiones el nuevo presidente reiteró su proximidad con Estados Unidos sobre Medio Oriente, Siria, Irán. En las primeras cumbres donde participó el presidente Hollande (G-8, G-20, OTAN) Francia no cuestionó el modelo económico dominante ni el liderazgo de Occidente frente a los países emergentes.
En 100 días de gobierno, François Hollande generó muchas esperanzas de cambio, tanto en Francia como en Europa. Pero en este mismo plazo aparecieron muchas dudas sobre la capacidad real de un país como Francia de reorientar la política europea hacia un curso más favorable a los trabajadores y menos complaciente con el sector financiero. Las primeras nubes sobre el nuevo presidente y su gobierno pueden aparecer al regreso de las vacaciones de verano. Muchas empresas anunciaron planes de cierre para trasladar su producción fuera de Francia. El ministro encargado de la política industrial (llamada recuperación productiva), Arnaud Montebourg, tiene muy pocos medios para frenar este movimiento, que responde a una pura lógica bursátil en beneficio de los accionistas. Es la ley de la globalización liberal. Los sindicatos anunciaron grandes movilizaciones. De igual manera, el aumento de la presión fiscal sobre una parte de la sociedad y de las clases medias, que son el electorado natural del Partido Socialista, puede contribuir a una rápida pérdida de popularidad del gobierno.
El caso de Francia es paradigmático: a pesar de su voluntad de buscar un nuevo rumbo de crecimiento, el gobierno ve su margen de maniobra muy limitado, por factores internacionales y por el papel creciente de los mercados. El peso de los compromisos internacionales creados por una serie de organismos internacionales como el G-8, el G-20, la OCDE, el FMI , la OMC y muchos otros es tal que es prácticamente imposible y muy arriesgado para un país solo romper con la lógica de la interdependencia en el mundo globalizado. En 100 días nacieron también muchas frustraciones.
Artículo publicado en La Jornada
http://www.jornada.unam.mx/2012/08/17/opinion/022a2pol
