Luego de más de 10 años de reclamos, los 250 comerciantes despojados de sus locales en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe –donde debió construirse la Plaza Mariana– interpusieron una demanda contra el cardenal Norberto Rivera, a quien acusan de simulación y falsedad ante las autoridades. No se explican, dicen sus abogados, las turbias maniobras de Rivera para quedarse con un predio que le donó en 2003 el entonces jefe de gobierno capitalino Andrés Manuel López Obrador, pese a que nunca cumplió con su compromiso, aunque sí aprovechó para hacer millonarios negocios.
Por Rodrigo Vera/Proceso
Por realizar ilegalmente oscuros y multimillonarios negocios con el culto guadalupano, a través de dos fraudulentas fundaciones eclesiásticas, el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, fue denunciado penalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR) por los delitos de “simulación” y “declaración con falsedad ante autoridades.”
La querella fue interpuesta el jueves 8 por la Agrupación de Comerciantes Emiliano Zapata, la cual aglutina a 250 locatarios de la Villa que fueron desalojados violentamente para construir en sus terrenos la llamada Plaza Mariana, el mall religioso-comercial edificado por Carlos Slim y con el que se amplió el atrio de la Basílica de Guadalupe.
Según la copia del documento consultado por Proceso, el cardenal Rivera, junto con el rector de la Basílica y subordinado suyo, monseñor Enrique Glennie, “con premeditación y con maquinaciones”, se valieron de “un procedimiento artificial y engañoso” para tener el control de este jugoso negocio guadalupano.
Asimismo, considera que existen los “elementos suficientes” para que se “dicte la orden de aprehensión en contra de los denunciados y de quien o de quienes resulten responsables.”
Y menciona los siguientes hechos:
El 8 de abril de 2003, el entonces jefe de gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, expidió un decreto mediante el cual le donaba un terreno de 30 mil metros cuadrados a la Fundación Plaza Mariana, presidida desde entonces por el cardenal Rivera Carrera.
Sin embargo, en una parte de ese enorme predio estaban asentados los comerciantes de la Agrupación Emiliano Zapata, dueños de sus terrenos. Como se mostraron renuentes a salirse, fueron desalojados violentamente por más de mil policías, al mismo tiempo que grúas y retroexcavadoras demolían sus locales comerciales. Fue un desalojo brutal. De un día para otro los comerciantes se vieron en la calle, por lo cual empezaron a interponer amparos y a defenderse en tribunales.
En noviembre de 2012, el gobierno capitalino le quitó a la Fundación Plaza Mariana el predio que antes le había donado, pues argumentó que no construyó la Plaza Mariana en el tiempo y la manera estipulados, por lo que violó el contrato de donación firmado durante la administración de López Obrador.
Después, mediante un decreto del 16 de abril de 2014, el gobierno capitalino volvió a desincorporar de su dominio estos bienes para dárselos a “título gratuito” a la recién creada Fundación Pro-Peregrino de Guadalupe, ya que esta asociación civil —precisaba este decreto— mejoraría “los servicios para el turismo religioso que acude a la Basílica de Guadalupe.”
De esta manera, el gobierno le quitó los bienes a la Fundación Plaza Mariana —por incumplimiento de contrato— para donárselos después a la Fundación Pro-Peregrino de Guadalupe. Sin embargo, ambas asociaciones civiles están presididas por las mismas personas: El cardenal Rivera Carrera y monseñor Enrique Glennie.
Así —argumentan los demandantes— se trató de una burda “simulación” para evadir la ley, donde al parecer existe un “contubernio” entre el cardenal Rivera y el gobierno capitalino, que pasó por alto sus ilícitos.
LAS MANIOBRAS DEL ARZOBISPO
Dirigida al titular de la PGR, Raúl Cervantes, la denuncia señala que el cardenal Rivera y sus subalternos también llegaron a incurrir en “falsedad” ante la autoridad, por lo que cometen “una infracción de carácter penal del orden federal”, la cual es castigada con “sanciones privativas de libertad o pecuniarias.”
Los abogados Francisco Rivas y Manuel Andrade, representantes legales de los comerciantes afectados y quienes elaboraron la denuncia, señalan:
“Fue muy fácil para el cardenal Rivera decir: ‘Como mi fundación incumplió lo estipulado legalmente, pues que me quiten el terreno donado. Y simplemente creo otra fundación con otro nombre y así me vuelven a dar lo que me quitaron’. No se vale. Esa maniobra es totalmente ilegal. Es una simulación.”
—Pero finalmente está avalada por el gobierno de la Ciudad de México, que le donó, le quitó y le volvió a donar al cardenal.
—Sí. Y esto es gravísimo, puesto que aquí el gobierno de la ciudad, así como la delegación Gustavo A. Madero, actuó ya sea por omisión o por comisión. En el primer caso, pudo ser omiso porque simplemente no hizo nada a pesar de los atropellos del cardenal. Pero hay también la probabilidad de que, junto con Rivera Carrera, planificó esta maniobra para evadir la ley y entonces ya está siendo cómplice. Esto es todavía más grave.
—Por lo pronto, ¿el cardenal Rivera está obligado a declarar?
—Sí, por supuesto. Debe comparecer y aclarar su participación en todos estos ilícitos. Él es el principal responsable, ya que preside las dos fundaciones. Luego le sigue monseñor Glennie, quien también debe ser citado, junto con quienes resulten responsables.
—¿El cardenal también debe informar sobre los negocios de su Fundación Plaza Mariana?
—¡Claro! Durante la integración de la averiguación previa, Rivera Carrera tiene que proporcionar toda la información sobre los oscuros negocios que empezó a realizar esta fundación suya, prácticamente desde que López Obrador le regaló los terrenos: Los multimillonarios donativos que recibió por parte de los fieles guadalupanos, las ganancias por la venta anticipada de las criptas de Plaza Mariana, la participación de Carlos Slim en estos negocios… Todo esto debe aclarar, luego de varios años de estar ocultando esa información.
Fuente: Proceso
