Por Alejandro Encinas
México enfrenta la transición presidencial en uno de los momentos más difíciles de su historia. Concluye un gobierno que, de origen, fue cuestionado y cuyo rasgo principal, en mi opinión, fue el profundo divorcio de las causas y preocupaciones de una sociedad a la que fue ajena.
A lo largo de seis años, el gobierno saliente —encabezado por Felipe Calderón— asumió el combate a la delincuencia como fuente de legitimidad y razón de Estado, e impulsó una estrategia que lejos de resolver el problema, me parece que diversificó la violencia y consolidó a las organizaciones delictivas.
La violencia aumentó, y prueba de ello es que entre enero de 2007 y septiembre de 2012, más de 100,000 personas fueron asesinadas en México, según cifras de la asociación México Evalúa —el último registro oficial, que data de septiembre de 2011, cuantificaba 47,515 crímenes atribuidos a ‘presunta rivalidad delincuencial’—.
La sociedad se fragmentó porque la pobreza se extendió a 51 millones de mexicanos; el desempleo sumó un déficit acumulado de 17 millones de empleos, y el poder adquisitivo del salario completó una merma del 76%, según cifras del Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México 2012, elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Pienso que el Estado mexicano falló porque vastas regiones del territorio nacional se encuentran hoy dominadas por poderes ajenos a la autoridad legítimamente constituida. Las instituciones encargadas de la seguridad y la procuración de justicia fueron utilizadas para hacer política.
La expectativa de cambio ante el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) topa, me parece, con un fuerte escepticismo, que se nutre de la llegada de un grupo político distinto al del priismo tradicional, articulado en una red de intereses, negocios y complicidades, que ha acreditado su peculiar estilo de gobernar en el Estado de México —estado que gobernó Enrique Peña Nieto—, cuyos primeros indicios cobran forma en los cambios que promueve a la administración pública federal.
Se trata de un rediseño del ejercicio del poder público que desde mi punto de vista pretende su concentración y fortalecimiento a partir del dinero, la manipulación mediática y de medrar con la pobreza y las necesidades de la gente.
Así por ejemplo, según la propuesta de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Gobernación, a contracorriente de lo que sucede en el mundo, asumiría las funciones de gobierno interior, de seguridad pública —la medida ya fue aprobada por los legisladores— y de coordinación de las áreas de inteligencia para la seguridad nacional, desde mi punto de vista, allanando las atribuciones que hoy le otorga la ley.
Esto, me parece, crea un conflicto de interés en tanto la autoridad responsable de velar por las garantías y los derechos humanos de los ciudadanos asumirá el mando de la Policía Federal, encargada de imponer el orden.
Es funesta la experiencia que vivió México cuando la Secretaría de Gobernación contó con la extinta Dirección Federal de Seguridad, que se constituyó en una policía política secreta que persiguió a la oposición política y que conllevó a una de las páginas negras de nuestra historia: la guerra sucia de la década de 1970.
Igual sucede con la Secretaría de Hacienda, que con la desaparición de la Función Pública, asumirá el control del ingreso y del gasto público, así como de su fiscalización, lo que considero constituirá un instrumento de control político sobre los estados y municipios. Mismo caso aplica àra la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) que pretendió subsumir al Instituto de las Mujeres y a las comisiones de Pueblos Indígenas y de Prevención de la Discriminación, al control corporativo de la política social.
En tanto, considero que la nueva Secretaria de Desarrollo Agrario pretende consolidar el gran negocio de especulación son el suelo ejidal.
Me parece que el nuevo gobierno tiene un mal inicio, pues parece no entender que su retorno no es un vuelco al pasado.
Pese al fracaso de las administraciones panistas, el país cambió, y ante esta nueva situación, la administración pública debe entenderse como un sistema de instituciones y políticas públicas apegadas a la legalidad y la rendición de cuentas.
La gobernabilidad requiere de instituciones ligadas a la construcción de procesos sociales orientados al mantenimiento del consenso social, donde debe existir coordinación y colaboración entre poderes, así como contrapesos que permitan regular el ejercicio del poder en función del interés colectivo con pleno respeto a las libertades.
Ese es el papel que deben desempeñar las izquierdas mexicanas, consolidando un perfil claro y una agenda de transformaciones que permitan recuperar la senda de la transición democrática en el país.
@A_Encinas_R
Fuente: CNN México
