Agustín Carstens renunció a la gubernatura del Banco de México en uno de los momentos más borrascosos para la economía nacional. Y de acuerdo con Gabriel Reyes Orona –uno de los letrados que delinearon el marco jurídico de la institución– su salida es ilegal, además de irresponsable: ese cargo, asegura, era irrenunciable, y mucho más en situaciones de gran volatilidad como la actual. Pero lo más grave, dice, es que la reconfiguración venidera muy probablemente derrumbará la autonomía del banco central, que ahora será controlado por la Secretaría de Hacienda.
Por Jesusa Cervantes
La inesperada renuncia de Agustín Carstens a la gubernatura del Banco de México (Banxico) es “inoportuna, ilegal e irresponsable”, y no sólo agravará la inestabilidad cambiaria y crediticia, sino que además “entierra la autonomía” otorgada a la institución en 1993 y abre la puerta a que la controle la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Se trata de “una sumisión” del banco central, resume el abogado fiscalista Gabriel Reyes Orona, quien participó en el grupo redactor de la reforma constitucional del artículo 28, que dotó de autonomía al Banxico, así como de la ley y el reglamento que regulan al instituto bancario.
Reyes enumera las normas que Carstens violenta con su renuncia: la Constitución, el Código Civil Federal, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas y la Ley del Banco de México, todo lo cual –asegura– puede llevar a Carstens a enfrentar un juicio político.
El abogado explica que la gubernatura del Banxico, por ser de elección indirecta, es irrenunciable. Incluso recuerda que la Ley del Banxico no contempla la renuncia; sólo acepta que el gobernador esté fuera del cargo por seis meses, y en caso de que el funcionario no regrese, la Junta de Gobierno puede destituirlo.
Al ser un cargo administrativo, añade, la salida debería seguir el mismo camino que el nombramiento, esto es: Carstens debería haber entregado su renuncia al Ejecutivo federal y éste tendría que haberla enviado al Senado para que la avalara.
Pero incluso el visto bueno del Poder Legislativo habría sido otra irresponsabilidad, “pues la renuncia se aceptaría en tiempos de desequilibrio económico, que lejos de disiparse se agravará en los próximos meses”.
El cargo de gobernador del Banxico “no es de ‘ya me cansé y ya me voy’”, acusa Reyes. “Antes de irse debería rendir cuentas y explicar el manejo presuntamente irregular de las reservas internacionales, que realizó violando el artículo 22 de la Ley del Banxico”. Tiene que justificar por qué “permitió y toleró durante los primeros años de la administración actual el imprudente ejercicio del crédito público, permitiendo que la deuda llegue a 50% del Producto Interno Bruto (PIB)”.
Luis Videgaray renunció a la Secretaría de Hacienda el 7 de septiembre pasado. Y tres meses después Carstens abandonó Banxico. “¿Huyeron?”, se le pregunta. –Sí. Están huyendo los guardianes de la estabilidad financiera.
–¿Por qué lo hacen?
–Porque conocen la verdadera condición de las finanzas públicas. Urge que se transparente la composición y el uso de la reserva de activos internacionales. Esa discrecionalidad ha sido nociva para el país y es lo que nos está colocando en riesgo.
–¿Por qué es nociva?
–Porque muchos de los activos de las reservas son completamente fantasiosos. Y la reserva es lo que soportaría cualquier choque externo o cualquier ataque especulativo desde el interior o el exterior.
–¿Cómo cuáles activos son fantasiosos?
–Como los 14 mil millones de dólares que José Antonio Meade le regaló en 2011 al Fondo Monetario Internacional bajo el concepto de “cuota extraordinaria”, y son computados como parte de la reserva, ¡cuando esos 14 mil millones de dólares, que equivalen a 10% de la reserva, nunca se van a recuperar!
El también exfiscal federal durante los primeros años del gobierno de Vicente Fox alerta sobre las consecuencias de que el Banxico sea “tomado por asalto” por Hacienda.
Esto podría ocurrir por el reciente nombramiento de Alejandro Díaz de León como vicegobernador del Banxico, afín a Meade –secretario de Hacienda– y quien con su firma avaló que la deuda aumente hasta convertirse en 50% del PIB.
Es muy probable que Díaz de León sea el próximo gobernador del Banxico, arguye Reyes, y que por lo tanto el banco central pierda su autonomía, pues en la praxis será reducido a una subsecretaría de Hacienda.
Esto facilitará que se sigan maquillando las cifras económicas y que, en la realidad, el valor del peso frente al dólar lo dicte Hacienda… lo que puede provocar que la moneda estadunidense llegue a 25 pesos a mediados del siguiente año, sostiene.
Lo perdido
En 1993, Reyes Orona participó, junto con otros especialistas, en la redacción de los cambios constitucionales que dieron plena autonomía al Banco de México.
En entrevista, explica por qué la renuncia de Carstens, anunciada la mañana del jueves 1, rompe con el eje que sustenta dicha independencia.
La Junta de Gobierno del Banxico está compuesta por cinco integrantes: cuatro subgobernadores nombrados en forma escalonada (que duran ocho años en su cargo) y un gobernador que debe permanecer seis años, con posibilidad de reelección. Su nombramiento debe ocurrir el cuarto año de cada sexenio, para que sea un cargo transexenal.
“Con su renuncia, Carstens anula y entierra la autonomía del Banxico, ya que el eje sobre la que se construye es que el gobernador inicie en el cuarto año de la gestión presidencial una labor transexenal, evitando presiones del Ejecutivo federal en turno y siendo un balance para evitar excesos financieros al cierre del sexenio.”
Lo anterior se establece en el artículo 40 de la Ley del Banco de México, que no contempla la renuncia del gobernador pero sí su remoción. En el artículo 43, fracción VII de esa ley se establece que las causas de remoción son “ausentarse de sus labores sin la autorización de la Junta de Gobierno o sin mediar causa de fuerza mayor o motivo justificado. La Junta de Gobierno no podrá autorizar ausencias por más de seis meses”.
De los cuatro vicegobernadores, Manuel Sánchez González concluye su periodo este año, por lo cual el Senado ratificó la propuesta que el pasado 15 de noviembre presentó el Ejecutivo para el relevo: Alejandro Díaz de León Carrillo. Éste fue electo para ocupar el cargo del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2024.
De acuerdo con Reyes Orona, el nuevo vicegobernador es un alfil de Meade. Díaz de León fue titular de la Unidad de Crédito Público de la SHCP, y desde ese puesto firmó las autorizaciones para que se solicitaran préstamos hasta el equivalente a 50% del PIB. “El regalo de Meade fue hacerlo, en noviembre pasado, director general del Banco Nacional de Comercio Exterior, y ahora es el nuevo vicegobernador. Es un movimiento grotesco para consolidar y subordinar al Banco de México, ¡es evidente!”.
Reyes explica que el gobernador bancario tiene entre sus funciones “ser un agente financiero responsable” que indique al gobierno cuando se exceda en el ejercicio del crédito o el manejo de la deuda.
El jurista también señala fallos de la gestión de Carstens que –considera– influyeron en su renuncia: el primero es que hizo un uso irresponsable y opaco de la reserva de activos internacionales.
El segundo es que permitió y toleró el uso irresponsable del crédito público, es decir, no cumplió con su función de ser un agente financiero responsable.
–¿Qué es el crédito público? –se le pregunta.
–Es la capacidad de endeudarse, de adquirir deuda del mercado público nacional o internacional.
Y Reyes Orona apunta: cuando Díaz de León firmó la ampliación del techo de deuda, Carstens no le hizo ningún señalamiento público.
Ahora, prevé, es posible que Díaz de León sea nombrado nuevo gobernador del Banxico, “y si ahora el contrapeso (ante Hacienda), la persona que tendría que estar haciendo estos señalamientos va a ser él mismo, pues probablemente va a entrar en un conflicto de intereses. Esto vuelve al gobernador un subordinado de Hacienda”.
El nuevo gobernador “pudiera ser cualquiera de los vicegobernadores, pero no tienen el mismo nivel internacional que Díaz de León, ni las tablas. Son expertos académicos, expertos en la operación del Banxico, pero no tienen experiencia en la toma de decisiones”.
Relación insostenible
El artículo 28 de la Constitución establece que el Banxico es el responsable de “la política cambiaria”, pero en México, dice Reyes, todos los días se viola este precepto, porque la propia Ley del Banco de México permite que Hacienda tenga mayoría de votos en la Comisión de Cambios (CC, donde se fija el tipo de cambio de peso por dólar), lo que anula a los funcionarios bancarios.
El artículo 21 de la Ley del Banxico establece que en la CC participan tres integrantes de Hacienda y tres del Banxico. Pero la Comisión es presidida por el titular de Hacienda, quien tiene el voto de calidad en caso de empate.
Por ello, expresa Reyes Orona, la presencia del Banxico en la CC es “testimonial y todo lo que propone el Banco de México se vota en contra. El tipo de cambio se dicta desde la oficina de Meade.
“El secretario de Hacienda ya aplastó al Banxico, entonces el Banxico sabe que entramos en el túnel de maquillaje de las cifras: ahora el crecimiento se determina por decreto. Ahora, la forma de calcular y participar en el mercado cambiario ya provocó que Meade y Carstens simplemente sean irreconciliables. Y como Agustín no quiere ejercer la autonomía de Banxico, huye del mismo. O sea, está incumpliendo la potestad que le dio el Senado y es omiso en sus obligaciones.”
Y Reyes abunda: “No tenemos un mercado libre de cambios, tenemos un mercado controlado pero de manera opaca”.
Carstens debería haber concluido su periodo en 2021. “Lo que está haciendo Carstens es destruir todo el esquema de autonomía que se montó sobre la idea de gestión transexenal. Entonces, realmente la influencia del Ejecutivo federal se va a extender hasta finales del próximo sexenio, que era justamente lo que se quería evitar”.
La Secretaría de Hacienda, concluye, querrá tomar las riendas del Banxico a través de Díaz de León.
Y resume las leyes que violenta Carstens al renunciar al Banxico: el artículo 5 de la Constitución, que tacha de “obligatorios” los cargos de elección indirecta (como el del gobernador); el Código Civil Federal, artículo 6, que dice que los funcionarios que ocupen esos puestos sólo pueden renunciar cuando “no afecten directamente al interés público”; la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, que en su artículo 8 dice que se “debe cumplir el servicio encomendado”. Y, finalmente, en la exposición de motivos de las leyes que generaron la autonomía del Banxico se establece que quien lo dirija “puede ser sujeto a juicio político”.
Fuente: Proceso
