Por Luis Javier Valero Flores
Apabullan las informaciones, todas negativas, precisamente aquello en lo que la sociedad debiera avanzar a pasos acelerados. Tienen que ver con la creciente debilidad institucional (Véase el eufemismo, ése que, al abandonarlo, tanto le costó a López Obrador -quizá también al país- cuando mandó al diablo “sus instituciones”), sobre todo las referentes a la procuración y aplicación de justicia.
Si en algo los gobernantes pudieran empeñar más sus esfuerzos, en tareas y funciones que les son asequibles, sería precisamente en esas áreas.
Edgardo Buscaglia, el estudioso en crimen organizado, sostiene (“Vacíos de poder en México”, editorial Debate, 2013) que la debilidad de esas instituciones crea vacíos que son ocupados por otros protagonistas, ajenos a la legitimidad y a la legalidad y que ahí es en donde deberían, las estructuras gubernamentales, incidir para acotar la extrema violencia y el explosivo crecimiento del poderío de los grupos criminales.
El accidente de la maquiladora Blueberry es un ejemplo dramáticamente ilustrativo de tal debilidad institucional.
Al lamentable comunicado de Protección Civil y de la Fiscalía General del Estado (FGE) en el que descartaron la posibilidad del fincamiento de responsabilidad penal a la empresa, o a cualquier otro ente, porque no encontraron evidencia que les mostrara la causa del accidente, vino a sumarse la oficiosa conducta del delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (Federal), Cutberto Medina Cervantes, quien informó haber enviado a oficinas centrales la petición de la empresa para que se retirara la “orden de restricción”, a fin de que pudieran reanudar labores.
Hasta ahí todo está bien, cumplió con sus funciones, pero sus declaraciones con este motivo ilustran nítidamente sus principales preocupaciones. Insistió en “que la empresa cumplía con los procedimientos de seguridad y salud en el trabajo”; tenía, dijo, fallas, “como cualquier maquiladora”. (Nota de Patricia Mayorga, El Diario de Juárez, 15/XI/13).
Optimista, esperaba que le enviaran a la brevedad “la orden para ya abrir la empresa” y, al informar que la FGE ya había determinado la falta de responsabilidad penal de la empresa, se demostraba que ésta “trabajaba en regla”. La empresa, afirmó, no cuenta con amparos pendientes y previo al accidente, no le detectaron sustancias en el medio ambiente, que representaran peligro para los trabajadores o para la fábrica.
Según informó, a la empresa se le habían realizado 32 inspecciones por fallas de seguridad por la comisión de seguridad. Todas fueron subsanadas. (Ibídem).
Y como si no hubiera pasado nada, el domingo, la empresa ya había abierto sus instalaciones y se efectuaba la limpieza en vías de la reanudación de labores.
A la primera versión consistente en que la causa de la explosión podía ser la acumulación del almidón en las instalaciones, un lector, el ingeniero Fabián Moreno, especialista en contaminación industrial, le envió una carta al escribiente en la que dice, sin conocer los detalles del accidente, que es muy alta la probabilidad de que la acumulación de polvos combustibles haya sido la causa de la explosión.
Enlista los polvos cuya acumulación podría causar explosiones: “de azúcar, granos (maíz, trigo), carbón, de plásticos, de madera, chocolate, leche en polvo y muchos polvos metálicos como aluminio, magnesio y otros”.
Sus afirmaciones las acompaña con la dirección del video (en You Tube, https://www.youtube.com/watch?v=05NzONPeQnQ) acerca de la explosión de la fábrica de azúcar Imperial Sugar en 2008; además, refiere la explosión de la planta de Kelsey Hayes, fábrica “de rines de aluminio similar a las 7 u 8 plantas que mantienen en Chihuahua Superior Industries y Maxion (antes Kelsey Hayes). En Delicias ocurrió una explosión en años recientes en la planta Mead Johnson sin resultados fatales”.
Tales accidentes, sostiene, llevaron a que la OSHA (Occupational Health & Safety Administration) elaborara, en Estados Unidos, un programa denominado “Combustible Dusts National Emphasis Program”, del cual se derivó la modificación de las normas de la NFPA (National Fire Protection Agency).
Esas regulaciones, por desgracia, no existen en México, pero podrían motivar, siquiera, la expresión de la preocupación de nuestros legisladores, federales y estatales, coincidentemente callados ante esta tragedia y, acaso, intentar una adecuación de la legislación correspondiente.
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