Por Gustavo De la Rosa Hickerson
Sólo en países con muy escaso tránsito por la ruta de la legalidad se dan contradicciones tan notorias en las resoluciones de los altos tribunales como las que nos han recetado a los mexicanos durante el mes de enero. Puede causar esquizofrenia tratar de entender la lógica política común a la liberación de Cassez, las absoluciones del PRI y la CFE, la condena al PRD y la falta de información de las causas de la explosión-implosión del edificio B2 de Pemex. Parece que alguien nos quiere volver locos.
Cuando intentamos comprender lo que pasa desde la perspectiva de la lógica jurídica formal de las resoluciones controvertidas, encontramos que resisten el análisis incluso de la lógica matemática y respeta los pilares de la ley que son por lo menos los siguientes tres principios: Una vieja reflexión aristotélica, que en traducción libre señala: “La justicia es una necesidad social, porque la ley es la regla de vida, y la decisión de lo justo es lo que constituye el derecho”. Otra indispensable que fortalece la seguridad jurídica es un también un viejo principio: “Lo que no está en el expediente no está en el mundo”, que admite la interpretación en sentido contrario. Y el derecho humano a la Información de reciente factura.
Esos son pilares que teóricamente forman parte de la justicia mexicana, y producen, cuando se llevan a la práctica, una sociedad informada, educada, conocedora, tranquila y altamente productiva. ¿Por qué, pues, tenemos un enojo social tan grave en estas dos últimas semanas? Ira social convertida en miedo ante la explosión o implosión en Pemex y la sospechosa opacidad de la información. ¿Por qué?
La liberación de Florence es una sentencia que prioriza el respeto al proceso penal, con un sentido muy claro. Sólo pueden ingresar a un expediente penal, evidencias obtenidas legalmente. Porque la seguridad jurídica y la independencia judicial son elementos estructurales de cualquier país que pretenda progresar en esta aldea moderna. Y como lo que no está en el expediente no está en el mundo, procedía liberarla.
A muchas personas los irrita enterarse de que Florence queda libre (sin aclarar si fue o no culpable) porque los policías no hicieron bien su trabajo, aunque es preferible dejar libre a un posible delincuente que condenarlo con pruebas infectadas por la manipulación policiaca. Nos irrita porque lo contrario es los que ha sucedido en México desde que tenemos memoria, porque el caso emblemático de la Justicia concluye con aquel grito celebérrimo “Pepe “El Toro” es inocente”, haciendo de lado que el asesino acepta su culpa después de una terrible golpiza en el interior de su celda, mientras las multitudes en el cine gritaban a Pedro Infante, “dale, dale, dale”.
Ahora nos dicen que las pruebas así obtenidas no tienen valor alguno, y de verdad vamos a batallar para incluirlo en nuestra inteligencia inmediata. Pero de seguro si las autoridades respetan esos principios, vamos a construir un México moderno, y poco a poco vamos entendiendo que era socialmente preferible que Pepe “El Toro” fuera liberado por una reflexión inteligente del juez y que fuera el juez quien declarara “Pepe “El Toro” es inocente”, aunque fuera más aburrido.
Esa virtud política del Estado se llama en inglés “enforcment of the law”, y va acompañada de otra práctica: “accountability”; palabras que representan la práctica de los principios teóricos legales que dominan la lógica del Derecho, pero políticas de práctica jurídica en nuestro país que ni siquiera tienen una sola palabra que traduzca correctamente a cada una de ellas.
Por eso la esquizofrenia social. Porque ese día, el IFE absolvió al PRI del exceso de gastos de campaña, porque en el expediente, los investigadores de las cuentas del partido encontraron que Enrique Peña Nieto realizó un proselitismo austero, económico, rayano en la frugalidad espartana. Y como lo único que existe es lo que legalmente llega al expediente, con evidencias tan pobres era imposible condenar aunque fuera a una multa de 100 pesos al PRI.
Más combustible para la ira social, ¿Cómo es posible que los investigadores del IFE no hayan encontrado evidencias de lo obvio? De lo que vimos y vivimos todos. Nos quedamos con la sensación de que había evidencias tiradas por todas partes como los cientos de espectaculares de Peña Nieto, pero los detectives sólo encontraron 17. ¿Cómo vamos a subsistir con estos investigadores tan ineptos, enfrentándose a delincuentes de punta?
Como si no fuera suficiente, unos días después vuelven las instituciones nacionales a clavarnos otro par de banderillas. Los detectives del IFE que no pudieron hallar la sombra de un árbol a las tres de la tarde en un día despejado, resultaron altamente eficientes, calidad de exportación, al esculcar los archivos contables de Andrés Manuel López Obrador. Obtuvieron una gran inspiración y una enorme capacidad para localizar la compra de cinco boletos del Metro que usaron Paco Ignacio Taibo y su pandilla para ir a una reunión de domingo en la Alameda. Quiere decir que cuando el patrón quiere, nuestros investigadores sí saben hacer bien las cosas, incluso, cuidando la formalidad de la recolección de evidencias.
Estamos absortos, si a los dos candidatos los vimos y notamos claramente que, como en el cuento del rey desnudo, uno llevaba vistosos ropajes y otro iba prácticamente encuerado, pero en el expediente se han invertido los papeles.
Hasta ahí, la locura colectiva todavía puede ser sosegada y con una semana de tafil, un campeonato de futbol, algún campeonato de box, cinco horas diarias de telenovelas y prozac a quien lo necesite, tal vez se pueda salir de esta depresión sin llegar a una crisis mayor. Pero la justicia no tardó mucho en causarnos otra crisis de angustia. Y ahora no es culpa de los investigadores, ahora es responsabilidad de los juzgadores. La revocación del amparo al SME para considerar a la CFE como patrón sustituto.
Ahí sí había evidencias, las básicas: Luz y Fuerza del Centro venía brindando el servicio de energía eléctrica en el Distrito Federal, una resolución del Presidente de la República la cierra y en su lugar el servicio lo sigue prestando la CFE. Todos vimos eso y está en el expediente, el artículo 41 de la Ley federal del trabajo es muy claro: Cuando un patrón sustituye a otro en la administración de una fuente de trabajo es patrón sustituto y asume todas las responsabilidades del patrón sustituido. Además, el artículo 13 de la misma Ley dice que son patrones solidarios los que trabajan para el mismo beneficiario. Es más fuerte aún: la CFE no sólo es patrón sustituto, es patrón solidario.
Sin embargo, los ministros de la Segunda Sala (diferentes a los ministros del caso Cassez) realizaron todos los galimatías posibles para descubrir lo que no estaba en el expediente. Descubrieron que el cierre de Luz y Fuerza del Centro y la continuación del servicio por la Comisión Federal de Electricidad son dos actos totalmente separados y desvinculados entre sí, porque el cierre de Luz y Fuerza es una orden del Presidente, que se convierte en un “hecho fortuito” (sic) y la orden de brindar el servicio a la Ciudad de México por la CFE es un acto jurídico que no depende del Presidente, porque el Ejecutivo no es el patrón de ambas empresas.
Es decir, el Presidente es Presidente para cerrar, pero no es Presidente para abrir. Es Presidente para salir, pero no es Presidente para entrar. No intenten hallar lógica en ello porque esta se encuentra fuera del silogismo y es peligroso para la salud mental comprender cuando es de día y cuando es de noche si esa determinación proviene de una voluntad ajena al movimiento de la Tierra.
La Segunda Sala nos quiere convencer de que en México cualquier paisano puede obtener permiso para instalar su propia termoeléctrica y contratar sus propios empleados. Tal vez leyeron alguna traducción de la legislación norteamericana que regula la instalación de fuentes de energía en el estado de Texas.
Y, finalmente, ¿tenemos los mexicanos derecho a conocer las causas de la explosión-implosión del Edificio de Pemex? Si no fue atentado, por favor ya díganoslo y aporten evidencias creíbles, para poder descansar en este primer puente del año. Tenemos derecho a vivir en paz, aunque sea un día. Y si fue un atentado, también díganoslo, y díganos cómo apoyar a la autoridad para encontrar a los culpables, porque la única forma de ubicar a los presuntos culpables, si los hay, es con la participación ciudadana. ¿Qué pasó? Por favor infórmenos.
Pero la única razón que hay atrás de tan diferentes y disímbolas acciones gubernamentales, es la razón de Estado: aquella fuerza que tienen los que tienen el poder de hacerlo cuando quieren hacerlo y decirlo cuando quieren decirlo, y lo hacen así, con toda la fuerza del poder, con todo el cinismo del poderoso intocable, para que los conozcamos y sepamos que pueden hacerlo y que son capaces de hacerlo, de hacer eso y más, porque son adoradores de lo más perverso de Maquiavelo, quien decía: “Y es que al príncipe no le conviene dejarse llevar por el temor de la infamia inherente a la crueldad, si necesita de ella para conservar unidos a sus gobernados e impedirles faltar a la fe que le deben”. Y yo sigo convencido de que no leyeron al ilustre florentino completo, sino sólo las citas más perversas de esta obra magistral.
Fuente: Sin Embargo
