Por Luis Javier Valero Flores
Sin pausa, el oficialismo no cesa de pregonar las supuestas ventajas que nos acarreará la reforma energética. En tales supuestos, poco a poco empiezan a incluir a Chihuahua, en el que se encuentran grandes yacimientos del gas shale, razón por la cual, casi tímidamente, diversos funcionarios empiezan a pronosticarnos “tiempos mejores” con las inversiones que caerán en cascada sobre nuestra patria chica.
“La reforma anticipa un cúmulo de inversión en los próximos años, generación de empleos y capitalizará la potencia energética que tiene el país, así como el abastecimiento de gas, gasolina y electricidad, en el mediano plazo”, declaró “Benjamín Torres Barrón, socio de Baker & McKenzie, líder en la práctica de energía, minas e infraestructura y uno de los mejores expertos en el tema en el país”. (Nota de Berenice Gaytán, El Diario, 18/XII/13).
Optimista, el especialista le auguró “nueva riqueza”, cuyos primeros efectos se sentirán “en dos o tres años”, después de que se publiquen las “reglas del juego”, como denominó a la legislación secundaria que deberá aprobarse.
Y como los promotores de la reforma, afirma que el petróleo continuará en propiedad de “los mexicanos”, que todo seguirá igual, con “la diferencia de que Pemex no será ahora quien explote el petróleo, sino empresas extranjeras que sí tienen equipo y recursos”.
Otro analista, Jesús Cañas, economista del Banco de la Reserva Federal de Dallas, asegura que en Chihuahua puede presentarse un “boom” petrolero, tal y como ocurre en el sur de Texas, gracias a que, dice, se ha desarrollado una tecnología que hace redituable la explotación. (Ibídem).
Sin embargo, tan optimistas previsiones chocan con la realidad de la explotación de ese gas en otras latitudes, y con otras informaciones y enfoques.
“Muy pocos productores de lutitas, como también se le conoce este hidrocarburo, ganan con el gas shale, así que no se crea que es el gran negocio, advierte José de Jesús Valdés Simancas, director general de Alpek, filial del grupo Alpha, que mantiene una sociedad con consorcios estadounidenses al sur de Texas para explotar este gas shale”. (Nota de Jenaro Villamil, Proceso 1938, 22/XII/13).
Y es que, dice, extraer un barril de petróleo en México tiene un costo de 10 dólares, mientras que el de este gas llega a los 50, mediante la técnica denominada fracking.
No es la única mala noticia para los inversionistas -y, por supuesto, para los habitantes de las zonas de los yacimientos- de acuerdo con este especialista, se requieren de 9 a 29 millones de litros de agua para la fractura de un solo pozo, “y se utilizan químicos que en el 25% de los casos pueden causar cáncer y mutaciones, 37% afectan el sistema endócrino y más de 50% causan daños al sistema nervioso central”.
De inmediato salta la pregunta, aún suponiendo que en los daños a los humanos existiera controversia, ¿De dónde saldrán las cantidades industriales de agua para la extracción de agua?
Más ¿Estarán dispuestas, las empresas petroleras, a invertir cifras millonarias en el tratamiento de las aguas residuales?
¿No será suficiente la experiencia de las empresas mineras, hoy instaladas en Chihuahua?
Ojalá sirvieran las experiencias de otras naciones en las que crece el rechazo de ayuntamientos, congresos y gobiernos a la extracción del shale mediante la técnica del fracking.
Así, Sudáfrica estableció una moratoria, en septiembre 2012, para la explotación. Igual sucedió en Irlanda del Norte, cuyo parlamento votó a favor de que se aplazara dos años la eventual explotación del gas “y en Canadá, uno de los países más ricos en este tipo de gas, la provincia de Quebec prohibió desde 2011 la explotación mediante esta técnica”. (Ibídem).
Por si fuera poco, la ofensiva publicitaria gubernamental insiste en que con la reforma energética disminuirán los precios del gas y la electricidad.
La razón estriba en que, dicen, la explotación del gas permitirá producir electricidad a más bajo precio, además de que esa disminución de las tarifas eléctricas atraerá más inversiones.
Le abrieron las puertas al capital privado, fundamentalmente al extranjero, pero no para que venga a contribuir al desarrollo del país, vienen por las utilidades, para eso ya se les permitirá explotar el gas, generar y vender energía eléctrica.
¿Si todo eso era negocio nuestro, para qué compartir las ganancias?
Y solo para poner dos ejemplos ¿Acaso con la privatización de la banca y de teléfonos disminuyeron los precios de estos servicios?
