El presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Jaime Ruiz Sacristán, es uno de los seis exdirectivos y exconsejeros del Banco Popular querellados que fueron citados a declarar en la Audiencia Nacional, como parte de las investigaciones sobre las irregularidades que enfrentó la entidad antes de su liquidación.
De acuerdo con el fallo que emitió este lunes el juez de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama Teixeira, Ruiz Sacristán, en su calidad de consejero dominical del banco, tendrá que sentarse en el banquillo del tribunal el 5 de febrero de 2020.
Ruiz Sacristán ocupó la posición de consejero dominical del Banco Popular, en sustitución de su primo Antonio del Valle (propietario de Mexichem, y una de las fortunas más importantes de México) cuando éste dejó el consejo.
La familia Del Valle y un grupo de accionistas mexicanos adquirieron en 2013 el 6% del capital del Banco Popular, por 450 millones de euros; la entidad española tomó el 25% del banco de Del Valle, BX+.
La intervención y posterior absorción del Popular por parte del Banco Santander ha provocado que, al igual que otros miles de accionistas, los inversionistas mexicanos perdieran su inversión.
En México, algunos de estos accionistas procedieron legalmente ante la antigua Procuraduría General de la República (PGR) en contra de Del Valle y de su primo Ruiz Sacristán.
Los accionistas originarios del que por años fuera el sexto banco español en importancia estaban muy ligados al Opus Dei.
En este momento, el caso iniciado en octubre de 2017 consta de dos piezas separadas, la primera, por la ampliación de capital de 2016, durante el mandato en la presidencia del banco de Ángel Ron, y la segunda por una posible manipulación del mercado tras la publicación de noticias con datos presuntamente falsos para hacer caer el valor de las acciones, con Emilio Saracho en la presidencia.
Éste último fue uno de los primeros en declarar, hace una semana. En su cita con el juez Calama, Saracho acusó indirectamente a su antecesor, Ángel Ron, de ocultar la situación real de la entidad, que precisaba más provisiones de las realizadas y, por tanto, tenía pérdidas no declaradas.
Estas aseveraciones coinciden con los informes de los peritos del Banco de España que trabajan bajo las órdenes del juez que investiga la ampliación de 2 mil 500 millones en 2016 y la campaña de desprestigio que precipitó la caída de la entidad financiera en 2017, tras la fuga de 16 mil millones de euros en depósitos.
Entre los otros citados a declarar junto con Ruiz Sacristán se encuentran el vocal de la Comisión de Auditoría, Vitalino Nafría Aznar (expresidente de Metrovacesa); Javier Moreno Navarro, quien fungía como director financiero del banco a la hora de la quiebra; Francois Martin, representante legal de Banque Federative du Crédito Mutuel; el consejero independiente Carlos González Fernández y el consejero coordinador Luis Hernando Prat Riba.
A su vez, la fiscalía mexicana que inició la investigación por la denuncia presentada por accionistas mexicanos en contra de Del Valle y Ruiz Sacristán se les señala como presuntos responsables de revelación de información confidencial, engaño y aprovechamiento del error.
Fuente: Apro
