La Secretaría de la Función Pública ha investigado denuncias contra 24 secretarios de Estado y 33 subsecretarios, informó la titular Arely Gómez, quien supuestamente planeaba darlas a conocer la semana próxima, pero un amparo evitó que se hicieran públicas.
Al iniciar su comparecencia en la Cámara de Diputados dio a conocer que esa dependencia tiene listas tres resoluciones en torno al caso Odebrecht, pero el Poder Judicial de la Federación frenó la intención de darlas a conocer la semana próxima, al conceder una suspensión definitiva para que dicha información no sea emitida.
La funcionaria replicó que ante la decisión del Poder Judicial, la Secretaría de la Función Pública (SFP) utilizará todos los medios legales a su alcance para dar a conocer la información controvertida. “También les comparto –les dijo a los diputados— que se han detectado nuevos hallazgos que darán lugar al inicio de nuevos procedimientos” sancionatorios contra funcionarios involucrados en negociaciones con la empresa brasileña.
Al abordar el escándalo derivado del socavón en el Paso Exprés, Arely Gómez expuso que de 22 observaciones emitidas por esa institución, se derivaron aclaraciones presupuestales de mil 34 millones de pesos, de los que se desconoce su destino.
También, un tercer tema abordado por la titular de la Función Pública fue el relativo a las contrataciones y subcontrataciones ente dependencias de la administración pública y algunas universidades.
“En algunos casos se ha recomendado concretamente que no se abuse de la contratación con universidades sin apego a la normatividad”, dijo.
Recordó que la reducción de los contratos citados es dramática, porque de 12 mil 905 millones de pesos que se contrataba o subcontrataban, el monto se redujo a 95 millones.
Ante los legisladores que acudieron al Salón Verde en San Lázaro, la secretaria expuso que “la corrupción impide el desarrollo, frena los esfuerzos por alcanzar la paz social y suspende cualquier anhelo delineado en la letra de la ley, para generar mejores condiciones de vida.
Fuente: La Jornada
