Límites a la autoridad

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Por Luis Javier Valero Flores

Fruto de la nueva legalidad, o del nuevo marco legal en materia de derechos humanos, dos de los casos más polémicos de los últimos meses ocurridos en la capital del estado –el accidente del Aeroshow, en octubre de 2013 y la instrumentación del sistema de transporte urbano “ViveBús”, éste con una evidente analogía con el ViveBús Juárez– le acarrearán serios dolores de cabeza a los gobernantes y al total de la clase política chihuahuense.

Más aún, infligirán serios desconocimientos a lo realizado por los encargados de las áreas jurídicas del municipio de Chihuahua y del estado, a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a jueces y magistrados del Supremo Tribunal de Justicia (STJ).

Además, las consecuencias de los actos y acciones gubernamentales en estos dos temas abarcarán a los dos procesos electorales en puerta y podrían modificar seriamente la correlación de las fuerzas políticas en la entidad.

En la aplicación de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ocurrieron dos eventos a cual más de importantes. Por una parte, la presentación de la demanda penal en contra de los más altos funcionarios de la administración municipal anterior, encabezada por Marco Adán Quezada; por la otra, la presentación de la disculpa pública del municipio de la capital a los deudos de las víctimas fatales y a los sobrevivientes del accidente.

Pero entre una y otra –en el tiempo– una nueva sorpresa: Dos actores centrales de los principales litigios de los últimos años hicieron una nueva aparición. El abogado Maclovio Murillo y el juez federal, Octavio Cuenca Zamora.

Murillo representó a los jueces del famoso caso del asesinato de Rubí Frayre (la hija de la también asesinada, Marisela Escobedo) al magistrado Carlos Flores Silva y al juez de adolescentes infractores, Adrián Morales Hernández. En todos ellos ganó los litigios en contra del Gobierno del Estado.

Por su parte, el juez Cuenca Zamora cuenta entre sus alforjas el otorgamiento del amparo a Rodolfo Leyva en el caso de la elección de las consejeras del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip), la aceptación de la solicitud de amparo, promovida por distintas agrupaciones que impugnaron la elección del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH); y el amparo otorgado a los pueblos rarámuris en contra de la construcción del aeropuerto de Creel, en plena sierra Tarahumara.

En todos los casos, independientemente de lo justa de la medida, o de lo conveniente en términos económicos o de la funcionalidad, lo que está en litigio es el respeto a los derechos humanos y al marco jurídico vigente, aspecto que en todo momento las autoridades deberán cumplir.

De ese modo, al dejar resquicios de ilegalidad en sus actos, les han permitido a estos dos abogados ejercer a plenitud sus conocimientos y experiencia.

Murillo, en representación de los concesionarios agrupados en la Coordinadora de Transporte Colectivo (CTC), operadora del ViveBús, solicitó y obtuvo del juez Cuenca Zamora un amparo provisional para sus clientes, en contra de la requisa de la ruta troncal.

Con ello, este problema dio un vuelco, pues muy seguramente Cuenca le otorgará a la CTC el amparo definitivo, si nos guiamos por el cúmulo de agravios esgrimidos por el abogado Murillo, entre ellos el de la violación al debido proceso y al derecho de audiencia y por los antecedentes de ambos, quienes gozan de un reconocimiento generalizado en el manejo de las leyes en materia de derechos humanos, especialmente a partir de la reforma del artículo primero constitucional.

Un día después, el Cabildo de Chihuahua presentó una disculpa pública a las víctimas del accidente del AeroShow en un acto tenso, con la presencia de alrededor de 50 sobrevivientes, algunos de los cuales externaron severas y dolidas críticas al manejo gubernamental de sus casos, incluso con el señalamiento de que, una vez atendidas los requerimientos médicos de sus padecimientos físicos, en otros aspectos no fueron auxiliados.

Llamó la atención que en la presentación de la disculpa no fueran llamadas por sus nombres las víctimas fatales. Pero de lo que más se quejan algunas de las víctimas, es del largo retraso en el pago de las indemnizaciones, aspecto que aplicado oportunamente pudo –podría– ayudar a resolver la grave problemática desatada con motivo del accidente.

Aunado a lo anterior, en una carta firmada por integrantes de las familias de algunas de las víctimas fatales y por sobrevivientes del accidente, criticaron severamente a la actual administración municipal y reclamaron, reconociendo que la recomendación de la CNDH no lo exige, que en el acto público hubiese estado el ex alcalde Marco Adán Quezada “y sus colaboradores, quienes fueron los responsables de la organización y autorización del funesto evento en que niños, padres y madres de diferentes familias perdieron la vida y en el que muchos quedaran con lesiones de por vida, para que ellos acudieran en compañía de usted a pretender dar la mencionada disculpa”.

En su escrito, los familiares deploran que la disculpa no se haya hecho en “los hogares” en los que faltan quienes cayeron en el accidente y lamentan que el acto de la disculpa pública haya sido solamente “para efectos de cumplir con un requisito, alejado tanto de presentar ante la sociedad a los verdaderos culpables de tan lamentables sucesos, así como de aceptar de manera expresa la responsabilidad de la institución que en la actualidad representa por la irregular organización y autorización del Extremo AeroShow 2013, de tal suerte que con nuestra ausencia al evento que por este medio se replica, queremos acentuar nuestra inconformidad y el rotundo rechazo a la disculpa que por la CNDH fue forzada a ofrecer su administración, ya que de otra forma jamás se hubiera dado”.

Y anunciaron la presentación de más demandas, las que, dicen, “esperamos sean atendidas con imparcialidad y estricto apego a derecho”.

Ante la demanda penal, el ex edil capitalino ha respondido que no es “homicida y estoy dispuesto a dar la cara… Lo hice en el pasado, en los momentos más dolorosos, en la atención a las víctimas; con mayor razón lo voy a hacer ahora. Estaré atento para poder hablar de frente a la sociedad, a la autoridad y dar mis puntos de vista, mis argumentos”.

Si bien prácticamente todas las acciones hasta aquí descritas tenían un marco legal ya existente, lo nuevo en todas ellas es que las modificaciones constitucionales abrieron un nuevo espacio de exigencia a las autoridades para que realicen todas sus acciones con un mayor apego a la legalidad con un abanico –como ya lo vemos– aún más grande, para los ciudadanos, de defensa frente a las presuntas arbitrariedades de las autoridades.

Y es en este marco en el que el juez Cuenca Zamora le otorga la suspensión provisional a la requisa parcial del ViveBús Chihuahua, medida que, dadas las características del servicio a prestar, se hacía necesaria y por demás impostergable. La sorpresa es que se realizó sin el cuidado a las formas legales necesarias para evitar lo que ahora es una realidad y que, probablemente, en pocos días se torne aún más complicada pues muy seguramente el juez le otorgará la suspensión definitiva (el amparo) a los concesionarios.

Y es que, asientan en la solicitud de amparo, “de manera arbitraria (se) ordenó la requisa de la ruta troncal del sistema de transporte, vulnerándose los derechos fundamentales de audiencia, debido proceso, legalidad, recurso efectivo, fundamentación y motivación previstos en la legislación aplicable”.

Contrariamente a lo sostenido por las autoridades, la CTC afirma que “el servicio de transporte de personas en la Ciudad de Chihuahua, bajo el sistema integral, se ha desarrollado de manera eficiente, permanente y continua por parte de la empresa”. No solo refutan a las autoridades, también a los concesionarios que de manera particular y anónima (permanentemente le han pedido a los reporteros de distintos medios que no mencionen sus nombres) han señalado la ausencia de utilidades.

La demanda sostiene que “… hasta la fecha, la situación financiera (de la empresa) no es ruinosa, sino estable y rescatable, al grado de poder ser exitosa, tomando en cuenta las características de la inversión, y la misma sí ha permitido la prestación del servicio público concesionado bajo las características de eficiencia, continuidad y permanencia, no obstante que fue invitada por el Gobierno del Estado a prestar el nuevo servicio bajo parámetros novedosos y modernos que requirieron múltiples inversiones y esfuerzos para adaptarnos al nuevo modelo”.

Se quejan, además, de que a la empresa “se le canceló la posibilidad de explotar la ruta más importante, mejor organizada, con mayor inversión y mayor número de ganancias, conocida como Ruta Troncal, y se le confinó a explotar solamente rutas menos rentables, con mayor problemática y menor inversión”.

Una vez desatado el conflicto entre concesionarios y gobierno, han aparecido los motivos de la conducta de los empresarios. Informaron que el gobierno “les falló” debido a que se les había prometido el otorgamiento de un subsidio gubernamental, algo que funcionarios gubernamentales afirman ya se hace con un monto de 10 millones de pesos mensuales.

Por otra parte, en cuanto se anunció la requisa parcial, los concesionarios señalaron su pretensión por alcanzar la elevación de la tarifa a 8 pesos y cambiar el esquema de 6-2-0 a uno que se asemeje al 8-8-0 (8 pesos en los primeros abordajes y 0 en el último), lo que llevaría a que el costo pasara de 8 a 16 pesos.

Órale ¿Nada más, eso es todo lo que quieren los muchachos?

Y es que, dicen, sus ingresos mensuales ascienden a 37 millones, en lugar de los 50 que harían a su empresa rentable.

Pero hasta el momento, ninguna de las partes ha hecho del conocimiento público los verdaderos ingresos del ViveBús.

¿Cuál es el estado verdadero de las finanzas del ViveBús? O, como decía mi abuela ¿A dónde iremos a parar?

 

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