La CNDH determinó que policías municipales de Allende, Coahuila, dieron autorización o apoyo a grupos de Zetas que en marzo de 2011 saquearon casas y cometieron desapariciones forzadas y asesinatos de pobladores, hechos que podrían haber sido atestiguado por integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 10VG/2018 por violaciones graves en los hechos ocurridos en Allende, Coahuila, hace siete años, donde el cártel de “Los Zetas” habría desaparecido al menos 300 personas, y que podría haber sido atestiguado por integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En un comunicado, el organismo explicó que, derivado de su investigación, se identificó a 38 personas víctimas de desaparición forzada, entre ellas tres menores; a dos personas privadas de la libertad; a 34 personas sometidas a detenciones arbitraras; y a cinco menores víctimas de privación ilegal de la libertad, hechos atribuibles a efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Allende.
El expediente de la CNDH se integró a partir de la publicación de notas periodísticas publicadas entre enero y mayo de 2014, en las que referían que el 18 de marzo de 2011, un comando armado perteneciente al cártel de “Los Zetas” destruyó 40 casas y siete ranchos en el municipio de Allende, donde habría privado de la libertad a 300 personas, lo que derivó en la integración de una indagatoria por parte de la entonces Procuraduría General de Justicia del estado de Coahuila.
Lo anterior se fortaleció con información periodística difundida en 2016 por medios de comunicación, de que el Centro Penitenciario Varonil de Piedras Negras estuvo bajo el control de “Los Zetas” entre 2009 y 2012.
La CNDH destacó que durante la investigación, se tuvieron dos declaraciones de que “servidores públicos de la Sedena, presenciaron los hechos ocurridos del 18 al 20 de marzo de 2011, sin embargo no se contó con mayores elementos que pudieran acreditar el dicho de los testigos; además de que se advirtieron imprecisiones en los informes relativos a la fecha y hora en la que elementos del Ejército Mexicano se constituyeron en el rancho “Los Garza”.
Ante la necesidad de aclarar el nivel de participación de la Sedena, la CNDH consideró que la Procuraduría General de la República (PGR), “deberá iniciar una investigación al respecto, y en caso de advertirse la comisión de algún delito, ejercer acción penal en contra de quien o quienes resulten responsables”.
El organismo agregó que integró a su indagatoria los informes que, respecto del caso, fueron elaborados por el Colegio de México, la Universidad de Texas y la Federación Internacional de Derechos Humanos, en los que se hace mención del presunto involucramiento de funcionarios federales, estatales y de los municipios de Allende y Piedras Negras, información contendida en declaraciones de testigos protegidos que están siendo procesados en Estados Unidos, “situación que, deberá ser valorada e investigada por las instancias de procuración de justicia respectivas, en razón de sus competencias”.
De acuerdo con el comunicado, la CNDH pudo acreditar que se cometieron graves violaciones a derechos humanos, entre ellos a la legalidad, seguridad jurídica y libertad personal cometidas en agravio de 34 personas, así como de diversos pobladores del municipio de Allende, cuya identidad no fue posible establecer y la privación ilegal de la liberad de cinco menores de edad, atribuibles a servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Allende”.
La CNDH acreditó que elementos de dicha dependencia municipal se coludieron con miembros de “Los Zetas”, registrándose violaciones a la libertad e integridad personal por la desaparición forzada de 38 personas, incluidos tres menores de edad; a la legalidad, seguridad jurídica y libertad personal por la privación ilegal de la libertad de dos víctimas”; a la inviolabilidad del domicilio, por el allanamiento del rancho “Los Garzas”, así como a la legalidad y seguridad jurídica, “derivado de los allanamientos, saqueos y daños a diversas casas ubicadas en el municipio de Allende”.
La CNDH consideró la PGR habría incurrido en violaciones al derecho a la verdad, “por las imprecisiones en los informes proporcionados por servidores públicos de la PGR, en relación con la recepción del desglose de la averiguación previa que inició el agente del Ministerio Público del Fuero Común en el estado de Coahuila”, en el municipio de Allende”, y a la debida procuración de justicia y también a la verdad, “por la omisión en la investigación de las conductas posiblemente constitutivas de delitos federales, ambas situaciones con motivo de los hechos acontecidos del 18 al 20 de marzo de 2011.
A nivel estatal, el organismo identificó que elementos de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila, “por el incumplimiento de la función persecutoria de los ilícitos cometidos en agravio de 14 personas”, así como por la dilación e irregular integración de tres actas circunstanciadas y dos averiguaciones previas iniciadas por las desapariciones forzadas descritas anteriormente, se les violó su derecho a la debida procuración de justicia y a la verdad, además de que no se dieron garantías de seguridad personal, ya que la violencia en el municipio de Allende derivó en el desplazamiento forzado de diversos pobladores.
Como resultado de la investigación, la CNDH emitió recomendaciones a la PGR, al gobierno del estado de Coahuila, a la Fiscalía General de esa entidad y a la presidencia municipal de Allende.
A la dependencia federal se le instó a iniciar una carpeta de investigación en contra de los funcionarios de Allende y los integrantes del cártel de “Los Zetas” involucrados en los hechos ocurridos del 18 al 20 de marzo de 2011, “por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada, así como en contra de quien o quienes resulten responsables de los hechos materia de la presente recomendación”, en tanto que el encargado de despacho, Alberto Elías Beltrán, se le solicitó colaborar con el organismo en la queja en contra de los servidores públicos “involucrados en las imprecisiones en los informes proporcionados a esta Comisión Nacional”, misma que se presentará ante la Visitaduría General de la PGR.
A la fiscalía estatal se le encomendó continuar con la indagatoria por la desaparición forzada de las 38 personas, a fin de esclarecer su destino final; “se realicen las diligencias necesarias a fin de determinar la identidad de las víctimas de las 219 muestras biológicas susceptibles de análisis que fueron encontradas en el interior del rancho “Los Garza”, a fin de deslindar responsabilidades que correspondan y, en su caso, se ejercite acción penal en contra de los presuntos responsables.
Asimismo, la dependencia estatal deberá iniciar carpetas de investigación, “en contra de quienes resulten responsables en la comisión de las conductas delictivas cometidas en agravio de 14 personas, incluido un menor de edad”; se dé cumplimiento a las órdenes de aprehensión en contra de tres indiciados por los hechos delictivos cometidos en el interior del Centro Penitenciario de Piedras Negras, además de que se colabore con la CNDH en la presentación de la queja contra de agentes del Ministerio Público que participaron en la integración de tres actas circunstanciada y dos averiguaciones previas iniciadas por los hechos de Allende, ante la Visitaduría General de la Fiscalía estatal.
Al gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, y al alcalde de Allende, Antero Alberto Alvarado Saldívar, se les exhortó a colaborar en la denuncia que presentará la CNDH en contra de servidores públicos de la entidad y del municipio, “por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada”.
A ambos servidores se les urgió a tomar medidas “para reparar de manera integral los daños a las víctimas indirectas, afectadas por la detención arbitraria y desaparición forzada de sus familiares, que contemple una disculpa pública institucional”, además de que se lleven las acciones necesarias para que los desplazados, puedan regresar a su lugar de origen.
Entre otras acciones encomendadas de manera particular a Riquelme, la CNDH fijó un plazo no mayor a seis meses para establecer políticas públicas “para solucionar y combatir los índices de violencia y criminalidad que imperan” en la entidad; para fortalecer la región fronteriza incorporando a la sociedad civil; coadyuvar con los ayuntamientos de la frontera la seleccionar y evaluar a los miembros de sus corporaciones policiales y para establecer un censo sobre las personas desplazadas forzadamente.
De manera específica, la CNDH pidió al alcalde de Allende su colaboración en la que queja que el organismo nacional formulará ante la Contraloría Interna del ayuntamiento “en contra de los elementos de Seguridad Pública de esa localidad por su probable participación en los hechos” que originaron la recomendación.
Fuente: Proceso/ Reforma
