El negocio ilegal de libros pirata deja ganancias de 12 mil millones de pesos anuales a los grupos criminales que lo controla. La piratería editorial no tiene rostro. Se desconoce desde quiénes lo dirigen hasta las rutas que operan. Y sus cifras van al alza principalmente en el centro del país, publica Reforma.
En 2007, el Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor (Cempro) estimaba pérdidas anuales por 6 mil millones de pesos; ahora su presidente, Clemente Merodio, calcula que esta cifra podría haberse duplicado, hasta sumar 12 mil millones de pesos anuales.
A simple vista, es casi imposible distinguir un libro pirata. La tecnología ha permitido que algunas ediciones sean incluso de mejor calidad que el original. Tampoco el precio es un factor: en pequeños establecimientos, el costo de un ejemplar apócrifo disminuye de 5 a 6 pesos, y en puestos ambulantes, entre 20 y 50 pesos.
En un operativo, el perito de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Intelectual (UEIDDAPI) de la PGR tiene apenas 15 segundos para establecer si un libro es pirata, cuenta Valeria Sánchez, directora del Cempro. Invertir más tiempo podría terminar en enfrentamientos con los vendedores ambulantes.
La Caniem (Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana) acordó crear en 2011 un Fondo Antipiratería, que desde junio de 2012 es gestionado por el Cempro. Con estos recursos contrata a un equipo de investigadores privados que sigue el rastro de los libros pirata y proporciona camionetas para apoyar los aseguramientos de la PGR.
Los operativos se realizan a partir de denuncias, y los cateos mediante orden judicial. “Pocas veces son (resultado de) investigaciones propias de la PGR”, asegura una fuente del Cempro.
En 2012, con el cambio de sexenio, cayeron los operativos, lo que generó un “estado de confort”, dice Sánchez, que favoreció el crecimiento de la piratería editorial.
Este año, de enero a junio, se han asegurado 37.5 toneladas de libros apócrifos en nueve operativos, más del doble del material incautado en 2013, que sumó en total 18 toneladas. A pesar del incremento, la cifra dista mucho de alcanzar las 294.5 toneladas que se aseguraron en 2007. Al término del proceso judicial, los libros son destruidos.
El presidente del Cempro cree que quienes dirigen estas empresas ilegales no son “grandes capos” ni sofisticadas organizaciones criminales. Merodio piensa que podrían limitarse a editar ciertos libros con potencial de venta como best sellers y títulos de medicina, leyes y educación básica.
Se sabe, dicen en el Cempro, que estos delincuentes se dedican sólo a la reproducción de libros pirata, que cuentan con una o más imprentas, y que desde la capital envían los ejemplares a estados como Guanajuato y San Luis Potosí. Piensan que son varios los encargados del negocio, pero ignoran cuántos y si lo manejan por zonas.
“No hemos podido llegar a la raíz”, señala Sánchez. “Algunos predios donde encontramos libros pirata almacenados no figuran en el Registro Público de la Propiedad, no existe un dueño. Se han cuidado de cubrir sus huellas”.
Merodio confía en que la UEIDDAPI, a cargo de Arturo Ancona, modifique su estrategia y busque capturar ahora a impresores y distribuidores para dificultar el negocio, aunque no espera resultados antes de dos años. “Pero me preocupa que (si los números se les van para abajo) vuelvan a su estrategia de buscar la foto”.
La piratería editorial tiene su feudo en el Centro Histórico, pero también afuera de hospitales, de tribunales de justicia, e incluso de ferias legalmente establecidas, como la de Minería.
Es un negocio redondo porque sólo exige invertir el costo de la impresión, indica Sánchez. No pagan impuestos ni derechos de autor. Incluso saben de robos de camiones de papel que luego es utilizado en ediciones pirata.
Más que a impresores, dice Merodio, la PGR ha detenido a bodegueros. “Quien tiene un puesto en el mercado o en el Centro con libros pirata es el último eslabón”.
Han descubierto imprentas pequeñas que trabajan sobre pedido. En 24 horas escanean un libro, imprimen cientos de ejemplares y lo entregan. Si la autoridad llegara a investigar, no hallaría pruebas del ilícito. También se han encontrado ediciones pirata en pequeñas librerías, y facturas apócrifas que amparan su venta.
Según Merodio, 5 de cada 10 libros que se venden son piratas. Lo que ha disminuido es la cantidad que se expone en los puestos. Ahora prefieren guardarlos en almacenes cercanos para limitar el número de ejemplares asegurados en los operativos.
En un operativo, el perito de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Intelectual (UEIDDAPI) de la PGR tiene apenas 15 segundos para establecer si un libro es pirata, cuenta Valeria Sánchez, directora del Cempro. Invertir más tiempo podría terminar en enfrentamientos con los vendedores ambulantes.
La Caniem (Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana) acordó crear en 2011 un Fondo Antipiratería, que desde junio de 2012 es gestionado por el Cempro. Con estos recursos contrata a un equipo de investigadores privados que sigue el rastro de los libros pirata y proporciona camionetas para apoyar los aseguramientos de la PGR.
Los operativos se realizan a partir de denuncias, y los cateos mediante orden judicial. “Pocas veces son (resultado de) investigaciones propias de la PGR”, asegura una fuente del Cempro.
En 2012, con el cambio de sexenio, cayeron los operativos, lo que generó un “estado de confort”, dice Sánchez, que favoreció el crecimiento de la piratería editorial.
Este año, de enero a junio, se han asegurado 37.5 toneladas de libros apócrifos en nueve operativos, más del doble del material incautado en 2013, que sumó en total 18 toneladas. A pesar del incremento, la cifra dista mucho de alcanzar las 294.5 toneladas que se aseguraron en 2007. Al término del proceso judicial, los libros son destruidos.
El presidente del Cempro cree que quienes dirigen estas empresas ilegales no son “grandes capos” ni sofisticadas organizaciones criminales. Merodio piensa que podrían limitarse a editar ciertos libros con potencial de venta como best sellers y títulos de medicina, leyes y educación básica.
Se sabe, dicen en el Cempro, que estos delincuentes se dedican sólo a la reproducción de libros pirata, que cuentan con una o más imprentas, y que desde la capital envían los ejemplares a estados como Guanajuato y San Luis Potosí. Piensan que son varios los encargados del negocio, pero ignoran cuántos y si lo manejan por zonas.
“No hemos podido llegar a la raíz”, señala Sánchez. “Algunos predios donde encontramos libros pirata almacenados no figuran en el Registro Público de la Propiedad, no existe un dueño. Se han cuidado de cubrir sus huellas”.
Merodio confía en que la UEIDDAPI, a cargo de Arturo Ancona, modifique su estrategia y busque capturar ahora a impresores y distribuidores para dificultar el negocio, aunque no espera resultados antes de dos años. “Pero me preocupa que (si los números se les van para abajo) vuelvan a su estrategia de buscar la foto”.
La piratería editorial tiene su feudo en el Centro Histórico, pero también afuera de hospitales, de tribunales de justicia, e incluso de ferias legalmente establecidas, como la de Minería.
Es un negocio redondo porque sólo exige invertir el costo de la impresión, indica Sánchez. No pagan impuestos ni derechos de autor. Incluso saben de robos de camiones de papel que luego es utilizado en ediciones pirata.
Más que a impresores, dice Merodio, la PGR ha detenido a bodegueros. “Quien tiene un puesto en el mercado o en el Centro con libros pirata es el último eslabón”.
Han descubierto imprentas pequeñas que trabajan sobre pedido. En 24 horas escanean un libro, imprimen cientos de ejemplares y lo entregan. Si la autoridad llegara a investigar, no hallaría pruebas del ilícito. También se han encontrado ediciones pirata en pequeñas librerías, y facturas apócrifas que amparan su venta.
Según Merodio, 5 de cada 10 libros que se venden son piratas. Lo que ha disminuido es la cantidad que se expone en los puestos. Ahora prefieren guardarlos en almacenes cercanos para limitar el número de ejemplares asegurados en los operativos.
Fuente: Reforma
