Los cinco acusados por el estallido de un “coche bomba” en Ciudad Juárez, en julio de 2010 con un saldo de tres personas muertas, han recobrado su libertad luego de que se demostró que fueron torturados para obligarlos a autoincriminarse, según reporta el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN).
Los imputados, quienes se encontraban recluidos en distintos penales federales del país y fueron presentados como integrantes de La Línea, son Noé Fuentes Chavira, Rogelio Amaya Martínez, Víctor Manuel Martínez Rentería, Gustavo Martínez Rentería y Ricardo Fernández Lomelí, quienes salieron libres el pasado 7 de marzo.
Reportes de prensa de 2010 hablan de que el estallido del coche “bomba” en la céntrica 16 de septiembre, fue una reacción del grupo criminal conocido como La Línea, en protesta por el arresto de Jesús Armando Acosta Guerrero, alias el 35, quien estaba bajo el mando de José Antonio Acosta Hernández, alias El Diego.
Según una nota de prensa de la CDHPN, la aplicación de los protocolos de Estabul aplicada a los imputados por personal de la PGR demostró que habían sido víctima de tortura, lo que fue determinante para su puesta en libertad.
La detención, las torturas
Los implicados platicaban afuera de la casa de uno de ellos cuando llegó un grupo de la Policía Federal Preventiva (PFP) en cuatro camionetas oficiales y los aprehendieron. En ese momento, salía el féretro con otro elemento federal abatido y, en ese mismo vuelo, viajaron los jóvenes rumbo a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
Noé Fuentes Amaya, de 29 años; Rogelio Amaya Martínez, de 27; Gustavo Martínez Rentaría, de 24; Víctor Manuel Martínez Rentería, de 19, y Ricardo Fernández Lomelí, de 28, fueron detenidos el 11 de agosto de 2010 por presuntamente detonar un coche-bomba el 15 de julio de eses mismo año en Juárez, así como por asesinar a dos policías federales en agosto.
Los familiares interpusieron una querella ante la 11 agencia del Ministerio Público Federal en Juárez, por tortura, ya que sus hijos aseguraron que fueron golpeados e incluso violados con rifles, por los mismos agentes federales para que aceptaran su culpabilidad.
Luego de una serie de estudios, la CNDH emitió la recomendación 75/2012 en agosto del 2011, en la que explicó:
“Mientras sus familias los buscaron en todo Juárez, ellos eran obligados a declarar bajo tortura de haber detonado un coche-bomba en esa frontera, en agosto de 2011”.
Las lesiones que les provocaron los llevaron a recibir atención hospitalaria y quedaron internados un día, según documentó la asociación civil Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, que coadyuva en la defensa del caso.
El calvario de la familia se ha intensificado cada vez más, porque luego de tres años tres meses de su detención, ahora los tienen lejos y las posibilidades económicas de las cinco familias no es solvente.
Sin haber recibido sentencia, porque el MP federal se empeña en dilatar el caso –acusa el Centro de Derechos Humanos–, los cinco hombres fueron trasladados a diferentes centros penitenciarios de máxima seguridad. Peor aún, su caso está radicado en el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal, en Guadalajara, Jalisco, y ellos están recluidos en diferentes penales.
Noé Fuentes y Rogelio Amaya están en Tepic, Nayarit, mientras que Víctor, Gustavo Rentería y Ricardo Fernández se encuentran en Villa Aldama, Veracruz.
En las audiencias, denuncia la ONG, familiares y defensores han sido amenazados por los agentes que los aprehendieron.
La mamá de Víctor y Gustavo Rentería, Antonia Rentería Adriano, fue vigilada en su domicilio y amenazada por teléfono, en septiembre de 2011.
He aquí el comunicado íntegro liberado por la CDHPN esta lunes:
Liberación de los cinco implicados del caso “Coche bomba”
El viernes 7 de marzo del 2014, Noé Fuentes Chavira, Rogelio Amaya Martínez, Víctor Manuel Martínez Rentería, Gustavo Martínez Rentería y Ricardo Fernández Lomelí recuperaron su libertad luego de tres años y medio de encarcelamiento injusto en diferentes penales de la república por un delito que no cometieron.
Para recordar, en agosto del 2010, en una emboscada contra agentes de la Policía Federal en Ciudad Juárez, se detonó un “coche bomba” donde murieron o fueron heridos varios agentes y civiles. A raíz de la repercusión del evento, las diferentes fuerzas policiacas y militares presentes en la ciudad se dieron a la tarea de encontrar a los responsables de este acto violento haciendo gala de levantones, abusos y torturas a un número indeterminado de personas para la fabricación de culpables, incluidos los ahora liberados.
El proceso judicial estuvo plagado de inicio con muchas irregularidades y contradicciones a tal grado que las autoridades tuvieron que cambiar los cargos a nuestros defendidos al no poder sustentar su participación en el atentado.
Durante ese tiempo a los jóvenes se les aplicó en diferentes momentos, tres protocolos de Estambul para demostrar que fueron torturados desde su aprehensión, siendo el último protocolo, aplicado por la Procuraduría General de la República (PGR) con el que consiguen su liberación al salir positivo, resultado también del compromiso de respetar dicho diagnóstico por parte del procurador de la república, Jesús Murillo Karam, en una reunión de familiares y defensores en sus oficinas de la ciudad de México a finales de octubre del 2013.
Es a finales de enero del presente año cuando se da el resultado del último protocolo, esperándose sólo el trabajo burocrático de la PGR para dar trámite a la libertad de los injustamente inculpados, quedando pendiente la reparación de los daños por el tiempo y maltratos recibidos. En cuanto a esto último, el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte solicita puntualmente a la Procuraduría General de la República realizar las siguientes acciones para lograr la justicia total para los cinco:
1. Que la PGR continúe las indagatorias para que se sancione a los responsables del delito de tortura a los cinco jóvenes.
2. Que la PGR en conjunto con la Policía Federal continúe con la recomendación 75/2012 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para el caso.
3. Que el Estado favorezca para que se dé la reparación integral de las víctimas.
4. Tomando en cuenta las recomendaciones hechas a México el 23 de octubre del 2013 en Ginebra, Suiza, en base al Examen Periódico Universal, mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, que:
5. Como medida de no repetición, el Estado instruya a sus fuerzas policiacas y de investigación a abstenerse de ejercer tortura y malos tratos a las y los detenidos, tal como lo establece la constitución y los tratados internacionales en la materia.
6. El Estado elimine la figura del arraigo.
7. El Estado a través del poder judicial, al momento que una persona alegue ser víctima de tortura, inmediatamente dé vista al ministerio público y declare nula cualquier declaración obtenida bajo tortura.
8. El Estado acepte y reconozca en todos los ámbitos los peritajes independientes del protocolo de Estambul.
Con información de CDHPN, Proceso y CNN
