En caso de que Gilda Margarita Austin y Solís, madre del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, sea extraditada de Alemania a México no pisará la cárcel.
El Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México le otorgó una suspensión definitiva contra la orden de captura en su contra por las acusaciones por operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
Sin embargo tiene la obligación de comparecer ante el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en función de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, dentro de los cinco días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación a fin de continuar con el procedimiento penal del cual deriva el acto reclamado, debiendo acreditarlo ante este Juzgado de Distrito dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes.
Así es que en cuanto llegue a territorio nacional podrá quedar libre; pues los delitos que se le imputan no están tipificados como graves y no requieren prisión preventiva oficiosa.
De acuerdo con el fallo que se publica este jueves en listas del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la orden de aprehensión en contra de la madre de Lozoya Austin fue emitida por el juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Reclusorio Norte, donde se le acusa por su probable vinculación en el caso Odebrecht.
El juez de amparo Patricio Leopoldo Vargas Alarcón argumentó que con la concesión de la medida “no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público” y de no otorgarse la protección de la justicia, con la ejecución del acto se causarían a Gilda Margarita daños y perjuicios de difícil reparación. Además en virtud a que los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, por los que se ordenó su aprehensión, no tienen señalada prisión preventiva de oficio; le concedió la medida cautelar.
Para que no sea detenida con motivo de la ejecución de la orden de aprehensión reclamada, hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio de amparo del que deriva la incidencia, y la suspensión definitiva continúe surtiendo sus efectos, el juez le impuso una garantía de 4 mil 500 pesos que deberá pagar en los próximos cinco días.
Fuente: La Jornada
